La llegada de Markwayne Mullin al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no se ha recibido como un simple relevo administrativo. Su confirmación ocurre en medio de un cierre prolongado de la agencia. Además, coincide con protestas por muertes vinculadas a operativos migratorios y un debate intenso sobre deportaciones masivas y seguridad electoral. Aunque el presidente Donald Trump lo presentó como el hombre ideal para “continuar su misión” en materia de inmigración, organizaciones de derechos civiles y varios senadores advierten que su nombramiento consolida, más que corrige, la línea dura del Gobierno.
El Senado aprobó a Mullin por 54 votos a 45, con casi todos los republicanos a favor. Dos demócratas, John Fetterman y Martin Heinrich, rompieron filas para respaldarlo. Mientras tanto, Rand Paul fue el único republicano en votar en contra. Mullin llega para sustituir a Kristi Noem, removida tras una oleada de críticas por la muerte de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis. También fue criticada por una costosa campaña de imagen del DHS que superó los 220 millones de dólares. Sin embargo, para muchos activistas, el cambio de rostro no implica un cambio de rumbo.
¿Quién es Mullin y qué promete hacer?
Mullin, senador por Oklahoma y miembro de la Nación Cherokee, construyó su perfil público tanto en la política como en los negocios. Antes de llegar a Washington, dirigió la empresa familiar de plomería Mullin Plumbing. Esta es considerada una de las más grandes de su región. Además, fundó otras compañías de servicios y restauración. También es exluchador profesional de artes marciales mixtas, con un récord invicto de 5‑0. Esta faceta la explotó de forma mediática cuando retó en 2023 a golpes al líder sindical Sean O’Brien durante una audiencia en el Senado. Dicho episodio tuvo que ser frenado por el senador Bernie Sanders.
Trump presentó esa mezcla de empresario, político y expeleador como una garantía de disciplina y lealtad. Al juramentarlo, lo elogió por haber “ayudado a cerrar la frontera” y lo describió como alguien “profesional” y “mejor persona” que nadie más para dirigir el DHS. En su primer mensaje oficial, Mullin agradeció al presidente y al Senado, y prometió “salvaguardar al pueblo estadounidense” y “defender la patria”. Como prioridad inmediata, buscará lograr la financiación necesaria para que las 22 agencias bajo el paraguas del DHS vuelvan a pagar salarios completos en medio del cierre.
Sin embargo, su declaración evitó el tema más espinoso: el modo en que ICE y la Patrulla Fronteriza (CBP) han ejecutado operativos. Esto incluye agentes enmascarados, redadas sin orden judicial y uso de fuerza letal en ciudades como Minneapolis. Mullin se limitó a pedir que demócratas y republicanos “dejen de lado las disputas partidistas” y prioricen la reapertura del departamento.
¿Qué critican los demócratas y defensores de inmigrantes?
Las principales objeciones no se enfocan solo en la biografía de Mullin, sino en su alineamiento con la agenda de deportaciones masivas que Trump y su asesor Stephen Miller han impulsado desde el inicio de este segundo mandato. Durante el último año, Mullin defendió públicamente las operaciones más agresivas del DHS. Entre ellas está la intervención en Minneapolis que terminó con la muerte de Renee Good y Alex Pretti. A este último llegó a calificar de “trastornado” antes de matizar sus palabras.
El senador Alex Padilla, de California y de origen mexicano, resumió la posición del ala demócrata más crítica: “No puedo, en conciencia, apoyar al senador Mullin para que sea el próximo secretario de Seguridad Nacional. Durante el último año hemos visto cómo ICE y CBP han actuado al margen de la ley, sin rendir cuentas”. Para Padilla, “cambiar el nombre del director no es lo mismo que cambiar prácticas y políticas”; el país necesita líderes que se opongan a una “agenda cruel y destructiva” de deportaciones masivas, no que la normalicen.
Organizaciones proinmigrantes comparten esa preocupación. Joanna Kuebler, de America’s Voice, advirtió que la confirmación de Mullin no representa un giro, sino continuidad: “La crueldad, el caos y la violencia inherentes a la agenda de deportaciones masivas de esta administración permanecen intactos. No necesitamos nuevos mensajes ni reformas menores del ICE, no hay evidencia de que Mullin o cualquier otro aliado de Stephen Miller esté dispuesto a cambiar la realidad sobre el terreno”, señaló en un comunicado citado por medios nacionales.
Para estos grupos, el riesgo no se limita a redadas y expulsiones. Al colocar a un aliado de Trump, que ha respaldado narrativas de fraude electoral, al frente de un departamento responsable también de la seguridad electoral y de la ciberdefensa, se abre la puerta a un uso político de los recursos del DHS en contextos de votación.
¿Qué significa su llegada para las comunidades migrantes?
Para las comunidades latinas y migrantes en Estados Unidos, la confirmación de Mullin envía señales mixtas pero preocupantes. No hay indicios de que se revisen de inmediato las prácticas más cuestionadas de ICE y CBP. Tampoco parece que se reduzca el alcance de las operaciones masivas en ciudades santuario o zonas urbanas con alta presencia de indocumentados. Al contrario, el respaldo explícito de Trump sugiere que se espera de Mullin un rol ejecutor de esa agenda. No se espera que actúe como un contrapeso.
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Al mismo tiempo, sus llamados al “consenso” y a la “despolitización” del DHS podrían derivar en gestos puntuales de diálogo con algunos sectores. Sin embargo, es poco probable que altere la estructura básica de la aplicación de la ley migratoria. Para muchas familias inmigrantes, eso se traduce en la necesidad de seguir alertas. Por ello deben consultar a abogados acreditados, conocer sus derechos en caso de redadas y prestar atención a los cambios normativos que puedan surgir desde el departamento que ahora dirige Mullin.
En suma, las críticas a la llegada de Markwayne Mullin al DHS no se centran solo en su historial personal. Su nombramiento representa la consolidación de una estrategia de seguridad nacional donde la migración se aborda principalmente como problema de orden público. Más bien, se trata más así que como fenómeno humano y económico que requiere soluciones estructurales y reformas profundas.
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