El último intento del presidente Donald Trump para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) terminó hundido entre divisiones internas republicanas. Además, exigencias demócratas de reforma migratoria y una jugada legislativa que muchos senadores calificaron de irreal complicaron el panorama. El cierre ya afecta a 22 agencias, incluidas la TSA, FEMA, la Guardia Costera y CISA. Por eso, hay trabajadores obligados a operar sin sueldo y caos creciente en aeropuertos de todo el país.
El plan, respaldado por Trump tras reuniones con senadores republicanos, buscaba aprobar un paquete de financiamiento que reabría la mayor parte del DHS. Sin embargo, reducía o posponía fondos para operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en particular el área de detención y deportación (Enforcement and Removal Operations, ERO). La segunda parte se intentaría aprobar vía “reconciliación” presupuestaria, con solo votos republicanos y sin apoyo demócrata. Por consiguiente, esa arquitectura terminó siendo el origen del fracaso.
¿Cómo funcionaba el plan y qué buscaba Trump?
La propuesta planteaba una salida en dos pasos:
- Paso 1: financiar casi todo el DHS (TSA, FEMA, Guardia Costera, CISA y otras oficinas), dejando fuera ERO y parte de CBP, para que el aparato de seguridad interna volviera a funcionar.
- Paso 2: recuperar los fondos de ICE ERO a través de un proyecto de reconciliación que también incluiría elementos de la Ley SAVE America, centrada en exigir pruebas de ciudadanía y requisitos más duros para el registro electoral.
Con este diseño, la Casa Blanca intentaba, al mismo tiempo, aliviar el impacto público del cierre y usar ICE como palanca para forzar concesiones demócratas en migración y reglas de voto. La reconciliación permitiría aprobar el segundo paquete con mayoría simple. Así, no sería necesario llegar a los 60 votos necesarios para romper un filibusterismo.
¿Por qué se dividieron los republicanos?
El primer choque vino dentro del propio partido. Para senadores conservadores, recortar o diferir fondos de ICE equivalía a “desfinanciar” la aplicación de las leyes migratorias. Figuras como Josh Hawley advirtieron que no votarían por un esquema que, a sus ojos, debilitaba a los agentes que realizan arrestos y deportaciones.
Además, legisladores como Rick Scott cuestionaron la viabilidad técnica y política de la reconciliación. Recordaron que este mecanismo tiene límites sobre lo que se puede incluir, exige unidad total de la bancada y no garantiza que, una vez aprobado el primer paso, el segundo logre los votos necesarios. Es decir, pedían asumir un costo inmediato sobre ICE a cambio de una promesa futura, con camino lleno de obstáculos.
Cuando el entorno de Trump insistió en ligar esa segunda fase a porciones de la Ley SAVE America —una de sus prioridades para endurecer reglas electorales—, el paquete se volvió todavía más polémico. Por esa razón, varios senadores temieron que mezclar seguridad nacional, migración y normas de voto encareciera demasiado el costo político del “sí”, en especial en estados disputados.
¿Qué pedían los demócratas y por qué dijeron no?
Los demócratas no se opusieron solo por la cifra de dólares asignados a ICE. Su posición fue que había que cambiar la manera en que la agencia opera: uso de máscaras, redadas sin orden judicial, detenciones violentas y falta de transparencia en comunidades migrantes. Para ellos, recortar temporalmente ERO sin reformas de fondo era insuficiente.
Schumer y su bancada defendieron dos líneas simultáneas:
- Aceptar financiar la mayor parte del DHS —sobre todo TSA, FEMA, CISA y Guardia Costera—, pero dejando fuera ICE y CBP mientras seguían las negociaciones sobre prácticas migratorias.
- Condicionar cualquier paquete integral a cambios concretos en cómo se realizan arrestos, redadas y expulsiones, especialmente en zonas con alta presencia latina.
Cada intento demócrata de financiar por separado a la TSA o a otras agencias fue bloqueado por senadores republicanos. Ellos argumentaron que no podía “trocearse” el DHS y que aliviar solo a algunos trabajadores restaba urgencia al pacto global. Ese historial de bloqueos alimentó la desconfianza. Así, aceptar ahora un esquema diseñado desde la Casa Blanca sin reformas claras habría significado, para los demócratas, renunciar a su principal herramienta de presión.
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¿Qué antecedentes legislativos prepararon este fracaso?
Antes de este plan ya se habían acumulado al menos 7 a 9 intentos fallidos de avanzar miniproyectos para pagar sueldos atrasados de la TSA o financiar áreas específicas del DHS. Propuestas de senadores como Patty Murray, Jacky Rosen, Raphael Warnock y otros, enfocadas en aliviar a trabajadores de primera línea mientras seguía la pelea por ICE, fueron bloqueadas repetidamente por la bancada republicana.
Los republicanos, a su vez, acusaron públicamente a los demócratas de prolongar deliberadamente el cierre y poner en riesgo la seguridad nacional al no aceptar el proyecto general aprobado en la Cámara de Representantes. Así, el cruce de culpas dejó claro que el conflicto ya no era solo fiscal, sino profundamente político. Cada voto se leía como una señal hacia la base electoral propia.
¿Qué rol tuvo Trump en que el acuerdo se hundiera?
Trump primero avaló la idea de un “DHS sí, ICE después”, pero luego endureció su postura. De acuerdo con reportes de cadenas nacionales, el presidente presionó para que cualquier paquete final incluyera referencias a la Ley SAVE America. Por lo tanto, logró transformar un acuerdo ya frágil en un vehículo para su agenda electoral.
Esa decisión tuvo tres efectos:
- Cerró aún más la puerta a cualquier apoyo demócrata.
- Incomodó a republicanos que solo querían resolver el cierre del DHS, sin abrir nuevas batallas sobre el voto.
- Reforzó la percepción de que Trump estaba dispuesto a mantener el cierre mientras no se aprobara su paquete completo.
El resultado fue un plan sin mayoría clara en ningún lado. Demasiado duro para los demócratas, demasiado arriesgado para varios republicanos.
¿Qué consecuencias concretas deja este fracaso?
En el terreno práctico, la falta de financiamiento total del DHS significa:
- TSA con trabajadores obligados a seguir filtrando pasajeros sin cobrar, con ausentismo creciente y filas históricas en aeropuertos.
- Agencias como FEMA, Guardia Costera y CISA operando con recursos limitados, en un contexto de riesgos climáticos y cibernéticos elevados.
- ICE y CBP en el centro de una batalla legislativa que no resuelve la demanda de cambios en sus prácticas, pero tampoco detiene sus operaciones actuales.
Para las comunidades migrantes y latinas, el mensaje es doble. Por un lado, ICE sigue activo, con órdenes de deportación y redadas vigentes. Por otro, la discusión sobre cómo se aplican esas leyes sigue abierta. Sin embargo, está atrapada en un juego de alto riesgo donde el presupuesto del DHS se usa como ficha de negociación.
La conclusión política es clara: mientras la Casa Blanca insista en atar el financiamiento del DHS a objetivos más amplios —desde el diseño de ICE hasta reformas electorales— sin construir un consenso mínimo, los planes seguirán chocando con la misma barrera: un Senado dividido, una oposición unida en torno a la reforma migratoria y un país cansado de ver a trabajadores esenciales convertidos en rehenes de la pelea partidista.
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