La Corte Suprema de Estados Unidos está debatiendo si los migrantes pueden pedir asilo sin cruzar físicamente a territorio estadounidense. Este caso podría cambiar por completo el acceso a la protección en la frontera sur. Además, el gobierno de Trump busca reactivar una política, la cual permitirá a los agentes fronterizos rechazar o retrasar solicitudes de asilo cuando los cruces están saturados. Incluso si la persona solo está en el puerto de entrada.
¿Qué pregunta central analiza la Corte Suprema?
El corazón del caso es una sola palabra: “llegar”. La ley federal de inmigración exige que el gobierno procese a las personas que se encuentran “físicamente presentes en Estados Unidos” o que “lleguen a Estados Unidos” para solicitar asilo. Por lo tanto, el debate gira en torno a si basta con estar en un puerto de entrada, del lado mexicano. O si se requiere cruzar la línea fronteriza para activar ese derecho.
Durante la audiencia oral, el abogado del Departamento de Justicia, Vivek Suri, defendió que alguien no puede “llegar a Estados Unidos” mientras siga en México. Sin embargo, la jueza Amy Coney Barrett cuestionó esa lectura y abrió espacio a interpretaciones más amplias. Esto muestra las divisiones internas entre los magistrados.
Para defensores de migrantes, como la organización Al Otro Lado, la ley debe aplicarse en los puntos de entrada, incluso sin cruzar. Allí es donde llegan las personas que buscan protección. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ya sostuvo en 2024 que el “metering” (la política de dosificación) viola esa obligación. Eso ocurre porque impide a miles de solicitantes de asilo presentar su caso.
¿Qué es el “metering” y por qué está en juego?
El “metering” es una práctica que comenzó a usarse de forma intensiva durante la presidencia de Barack Obama y se consolidó en 2018 bajo Donald Trump. Es importante señalar que consiste en que los agentes fronterizos limitan o rechazan a quienes llegan a los puertos de entrada argumentando falta de capacidad. Además, esto se traduce en listas de espera de meses o incluso años.
El gobierno de Joe Biden eliminó la política en 2021, con el argumento de que contradecía la ley de inmigración y el derecho internacional de no devolver a alguien a un país donde sufre persecución. Sin embargo, el gobierno actual busca que la Corte Suprema honore una versión más restrictiva de la ley. Así, esto les permitiría volver a administrar la frontera y reducir el número de personas que entran con intención de pedir asilo.
Distintos medios subrayan que el caso no solo afecta a quienes hoy esperan en la frontera, sino que sentará un precedente para futuras administraciones. Si la Corte acepta que “llegar a” implica estar dentro del país, se abre la puerta a que los agentes rechacen a alguien antes de que ponga un pie en Estados Unidos. Así, esto empobrecería el derecho al asilo.
¿Qué pasa si el migrante no cruza físicamente?
Actualmente, la ley permite a cualquier persona que llegue a un puerto de entrada manifestar que huye de persecución por motivos políticos, raciales, religiosos, de género u otros reconocidos. En la práctica, eso implicaba que, aunque el proceso se retrasara, el Estado estaba obligado a inspeccionar y procesar la solicitud. Esto ocurre al menos en el Noveno Circuito, que abarca prácticamente toda la frontera con México.
El “metering” interrumpe ese proceso desde el origen. Por eso, las personas se quedan en México, muchas veces en campamentos informales, mientras las autoridades dicen que no hay espacio para recibirlas. Además, expertos en migración han señalado que ese modelo de “espera” geopolítica favorece redes de tráfico de personas y aumenta el riesgo de abuso, sobre todo para mujeres, niños y personas LGTBIQ+.
Si la Corte Suprema se inclina por la interpretación del gobierno, se normalizaría la idea de que alguien puede estar en la frontera formal y todavía no “llegar” legalmente. Esto debilitaría la protección internacional. Además, organizaciones como el American Immigration Council y el Center for Gender and Refugee Studies advierten que el fallo podría reducir drásticamente el número de solicitudes de asilo procesadas, sobre todo en la frontera con México.
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