Los demócratas del Senado han bloqueado por tercera vez la propuesta republicana de financiar casi todo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Al mismo tiempo, exigen reformas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esa decisión deja al país en un cierre parcial del gobierno que ya superó los 39 días. Además, mantiene suspensos el pago de salarios y la plena operación de varias agencias clave.
¿Qué proponía el plan republicano del DHS?
El texto presentado por los republicanos buscaba financiar alrededor del 94% del presupuesto anual del DHS hasta el 30 de septiembre. Incluía a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y la mayoría de las agencias de seguridad interna. Sin embargo, reservaba fondos específicos para las operaciones de expulsión de emergencia de ICE. La Casa Blanca y el líder de la mayoría republicana, John Thune, insistieron en que la medida era necesaria para evitar un colapso de servicios esenciales. Esto ocurre ante la presión de la agencia de transporte y del Servicio Secreto.
El plan también dejaba en funcionamiento parte sustancial del ICE, en particular el brazo de expulsión masiva (Enforcement and Removal Operations). Este departamento recibe cientos de miles de millones de dólares en el marco de la política migratoria de la administración Trump. Para los republicanos, la clave era mantener el esquema de deportaciones agresivas, que ven como un pilar de la seguridad fronteriza. No querían introducir restricciones adicionales al uso de la fuerza o al acceso a residencias privadas.
¿Por qué los demócratas dijeron que no al plan?
La mayoría de los demócratas del Senado, encabezados por el líder de la minoría Chuck Schumer, rechazó el proyecto en una votación casi unánime dentro de su bancada. En una conferencia de prensa, Schumer explicó que su partido no votaría sin reformas “robustas y significativas” al ICE. Señaló además que el texto republicano “no incluye ninguna reforma” a la forma en que se ejecutan las operaciones migratorias.
Schumer subrayó que la mayoría de sus colegas cree que el ICE debe ser controlado y que la violencia de las redadas debe ser detenida. En el mismo discurso recordó que la demanda de cambios se ha mantenido incluso después de la destitución de la secretaria Kristi Noem. Esa destitución se saldó con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis y con una serie de denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Varios medios resaltan que el cierre prolongado ha afectado sobre todo a la TSA y a servicios de inspección fronteriza. Sin embargo, la parte de ICE vinculada a deportaciones masivas ha seguido operando gracias a otros fondos federales. Esa observación alimenta el argumento demócrata de que la financiación “completa” del DHS termina fortaleciendo precisamente a las unidades que más críticas han recibido en los últimos meses.
¿Qué cambios exigen los demócratas?
Entre las reformas principales, los demócratas insisten en que los agentes de ICE obtengan órdenes judiciales antes de ingresar a casas particulares y que se les prohíba el uso de mascarillas en las operaciones. También piden restricciones sobre actuar cercano a escuelas, hospitales, iglesias, centros de votación y juzgados. El fin es evitar la sensación de vigilancia y acoso en comunidades vulnerables.
Schumer ha repetido que no aceptará un financiamiento sin que estas medidas se conviertan en ley. Sostiene que el Congreso debe imponer “sentido común” para frenar abusos. La senadora Patty Murray, vicepresidenta del Comité de Asignaciones, ha señalado que incluso las conversaciones con la Casa Blanca no han logrado reducir la brecha de confianza sobre la forma en que se han usado las operaciones migratorias en los últimos años.
¿Qué pasa con el TSA?
Los demócratas han intentado en repetidas ocasiones impulsar planes que financien solo la TSA, sin mezclar su presupuesto con el de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La idea es garantizar que los aeropuertos sigan funcionando y que los pasajeros no enfrenten largas filas por la falta de pagos a los agentes de seguridad. Mientras tanto, se negocia el resto del DHS.
Sin embargo, los republicanos han bloqueado ocho intentos de este tipo, argumentando que el Congreso debe aprobar el paquete completo del DHS o dejarlo cerrado hasta que haya un acuerdo global. Para la mayoría demócrata, esa táctica equivale a usar el cierre para presionar a la comunidad latina y a otras minorías. Esto ocurre porque la continuidad de las operaciones de deportación depende directamente de la financiación que retienen en el mismo trato.
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