El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso nuevas reglas que afectarían a casi un millón de inmigrantes. La propuesta busca restringir la autorización de empleo, conocida como EAD. Esto impactaría a quienes tienen parole humanitario, acción diferida y órdenes de deportación pendientes en el país.
El DHS presentó esta propuesta en el Registro Federal el jueves. El objetivo principal es reducir los incentivos para la inmigración indocumentada en Estados Unidos. La administración de Donald Trump argumenta que estas medidas protegerán los salarios de los trabajadores estadounidenses.
En el año fiscal 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración procesó 978 308 solicitudes afectadas. La mayoría de estas solicitudes corresponden a parole humanitario y estatus diferido. La medida es parte de los esfuerzos del DHS para reformar el sistema de inmigración legal.
¿A quiénes afectará la nueva regla de permisos de trabajo?
Las nuevas restricciones afectarían a tres categorías principales de inmigrantes con permisos de trabajo temporales. La categoría más grande es la de solicitudes de parole humanitario, que sumaron 792 130 el año pasado. La segunda categoría es la de acción diferida, con 153 154 solicitudes en el mismo periodo fiscal.
La tercera categoría afectada incluye a 33 024 personas con órdenes de deportación final. Bajo la propuesta, el DHS eliminaría la autorización de empleo para la mayoría de este grupo específico. Solo se permitiría en casos raros donde ningún país acepte al individuo deportado.
El DHS limitará drásticamente la elegibilidad para la autorización de empleo discrecional. Los solicitantes deberán demostrar una necesidad económica genuina y pasar verificaciones de antecedentes exhaustivas. Además, deberán cumplir con criterios estrictos evaluados caso por caso por los agentes migratorios.
La duración de los permisos de trabajo se reducirá a un año como máximo. Para renovar, los solicitantes deberán trabajar para empleadores inscritos en el sistema federal E-Verify. El escrutinio de antecedentes penales será más severo, descalificando a quienes tengan arrestos o condenas previas.
¿Qué impacto económico tendría esta medida?
La propuesta del DHS podría tener consecuencias económicas significativas y de gran alcance. El DHS estima costos directos totales entre 9 100 millones y 27 900 millones de dólares en 10 años. Anualmente, el impacto proyectado oscila entre 937 millones y 2 900 millones de dólares.
Gran parte de este costo provendría de la pérdida de ingresos de los inmigrantes desplazados. También se generarían costos administrativos adicionales por requisitos de biometría y papeleo para las empresas. Los empleadores enfrentarían costos de rotación de personal al perder empleados experimentados.
El DHS plantea dos escenarios posibles para la adaptación de las empresas a esta nueva realidad. En el primero, los trabajadores estadounidenses reemplazan a los desplazados, limitando la disrupción económica. En el segundo escenario, los empleadores no encuentran reemplazos, perdiendo miles de millones en productividad anual.
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Jennie Murray, presidenta del Foro Nacional de Inmigración, criticó duramente la propuesta del DHS. “Amenazar las autorizaciones de trabajo de decenas de miles creará desafíos para las empresas”, dijo Murray. Señaló que la regla podría exacerbar la escasez de mano de obra en sectores dependientes de inmigrantes.
¿Qué sigue ahora para la propuesta del DHS?
La propuesta del DHS aún no está en vigor y debe pasar por un proceso legal formal. Se abre un periodo de comentarios públicos de 60 días a partir del 5 de junio. Durante este tiempo, organizaciones, empresas e individuos pueden expresar sus opiniones y preocupaciones sobre la medida.
Después del periodo de comentarios, el DHS debe revisar y considerar las opiniones recibidas. Solo entonces la agencia podrá publicar la regla final para su implementación oficial. Este proceso puede tomar varios meses antes de que los cambios entren en efecto realmente.
Adam Klein, exfuncionario del DHS, advirtió sobre las consecuencias no deseadas de estas restricciones. “Restringir el acceso no hace que la gente desaparezca”, afirmó Klein en una entrevista. Explicó que esto puede empujar a los inmigrantes hacia mercados laborales informales y volverlos vulnerables.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes se preparan para desafiar la medida. Se esperan demandas legales si la regla se aprueba en su forma actual propuesta. Mientras tanto, casi un millón de personas viven con la incertidumbre sobre su futuro laboral.
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