En Estados Unidos, los no ciudadanos no pueden votar en elecciones federales ni estatales, sin importar cuánto tiempo lleven viviendo en el país. La pregunta de si pueden votar los inmigrantes reaparece cada vez que el presidente Donald Trump habla de fraude electoral y exige cambios radicales en el sistema. Sin embargo, la normativa federal es clara y establece castigos severos para quienes participen sin tener derecho al voto. Así, el debate político avanza, pero la realidad legal sigue siendo muy restrictiva.
La ley prohíbe el voto de personas sin ciudadanía en comicios para presidente, Congreso o cargos estatales. Ni siquiera quienes tienen residencia permanente con “green card” pueden participar en esas elecciones. Además, las autoridades electorales estatales cruzan con frecuencia los registros de votantes con bases de datos federales de inmigración. Mentir en esos formularios puede costar prisión, multa y deportación, por lo que el riesgo es muy alto.
¿Qué dice la ley sobre el voto y la ciudadanía?
La base legal se encuentra en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, que castiga el voto de no ciudadanos con hasta un año de cárcel, sanciones económicas y expulsión del país. Además, la Constitución permite a los estados establecer sus reglas siempre que respeten esos límites federales. Por eso, las legislaturas estatales tienen margen para organizar el registro, pero no para autorizar el voto de inmigrantes en elecciones nacionales.
Antes de cada elección, las autoridades estatales difunden formularios de registro donde el votante debe declarar bajo juramento que es ciudadano estadounidense. En muchos casos, estos datos se verifican con archivos de agencias federales. Por eso, aunque siempre exista la posibilidad de un caso aislado, las cifras oficiales muestran números muy bajos de votos emitidos por personas sin estatus de ciudadanía. De hecho, en varios estados se han detectado apenas decenas de casos entre millones de papeletas.
¿Por qué Trump vincula a los inmigrantes con el fraude electoral?
Donald Trump ha pedido a los líderes republicanos “nacionalizar” las elecciones y dar más poder al gobierno federal sobre el sistema de voto. Según su discurso, algunos comicios estarían “plagados de corrupción” y habría que intervenir en ciudades como Detroit, Filadelfia o Atlanta. Aunque no presenta pruebas sólidas, insiste en que los demócratas “hacen todo lo posible” para que puedan votar inmigrantes sin documentos.
En paralelo, el presidente impulsa propuestas como exigir identificación obligatoria en todo el país y limitar el voto por correo. Además, promueve una iniciativa conocida como ley SAVE, que pretende exigir pruebas estrictas de ciudadanía, como un pasaporte o un certificado de nacimiento, para inscribirse en el padrón federal. Sus defensores aseguran que así se evita el fraude. Sin embargo, sus críticos advierten que la mitad de los estadounidenses no tiene pasaporte vigente, lo que podría dificultar el registro incluso a ciudadanos con pleno derecho.
¿Pueden votar los inmigrantes en algún nivel de gobierno?
En el ámbito federal y estatal, la respuesta es no: los inmigrantes sin ciudadanía no pueden votar en esas elecciones. No obstante, algunos municipios en Estados Unidos han permitido en el pasado cierto grado de participación de residentes no ciudadanos en comicios locales, por ejemplo, para juntas escolares. Estos casos son limitados y dependen de leyes muy específicas, además de estar bajo revisión constante en los tribunales.
Aun así, el discurso dominante en la política nacional presenta la cuestión como si los inmigrantes sin papeles votaran de manera masiva, algo que no reflejan los datos oficiales. De hecho, para una persona indocumentada, presentarse en un colegio electoral supondría exponerse directamente a una posible detención y a un proceso de deportación. Por eso, expertos en derecho electoral consideran altamente improbable que un inmigrante irregular arriesgue su vida en Estados Unidos por un solo voto.
¿Qué se discute ahora en el Congreso?
Mientras Trump denuncia un supuesto fraude, los republicanos en el Congreso intentan transformar ese discurso en legislación, impulsando proyectos para reforzar la verificación de ciudadanía y crear un archivo nacional de votantes. En cambio, los demócratas advierten que estas medidas pueden convertirse en nuevas barreras para minorías, jóvenes y ciudadanos con menos recursos que no tienen documentos como pasaporte o partida de nacimiento a la mano. Las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026 serán, además, una prueba clave para el propio presidente.
Tradicionalmente, el partido en la Casa Blanca suele perder escaños en el Congreso. Actualmente, los republicanos controlan la Cámara de Representantes con 218 escaños frente a 214 y el Senado con 53 senadores frente a 45 demócratas. En ese contexto tan ajustado, el debate sobre si pueden votar los inmigrantes se ha convertido en una herramienta política más, aunque la ley sea clara y las cifras muestren que su impacto real en las urnas es mínimo.
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