El presidente Donald Trump volvió a sacudir el sistema electoral de Estados Unidos con una serie de propuestas que aumentan la tensión política. Durante una entrevista en un podcast afín al movimiento MAGA, instó abiertamente al Partido Republicano a “tomar el control” de las elecciones. Según su planteamiento, los republicanos deberían “nacionalizar” los comicios al menos en una quincena de estados clave.
Con esa idea, Trump sugiere quitar competencias a los estados y concentrar más poder electoral en el nivel federal. Además, ha llegado a decir que las elecciones legislativas “no deberían celebrarse”, una frase que encendió alarmas en Washington. Estas declaraciones se producen mientras el partido se juega el control del Congreso y él mismo se juega el balance de su segundo mandato.
¿Por qué sus propuestas chocan con la Constitución?
La Constitución de Estados Unidos establece que son las leyes estatales las que regulan la organización de las elecciones. El artículo 1, sección cuarta, concibe los comicios como un proceso descentralizado, administrado por funcionarios de ambos partidos en miles de distritos. Por eso, la llamada de Trump a “nacionalizar” el sistema se interpreta como un choque frontal con ese diseño histórico.
Además, las propuestas llegan en un contexto marcado por la insistencia de Trump en el relato del “fraude masivo”. Más de cinco años después de su derrota frente a Joe Biden, el presidente sigue defendiendo sin pruebas que los demócratas “le robaron” las elecciones de 2020. Esa narrativa alimentó la llamada “gran mentira”, que desembocó en el asalto al Capitolio por parte de una turba convencida de ese engaño.
¿Cómo quiere endurecer Trump las reglas de votación?
En marzo pasado, Trump firmó un decreto que exige presentar identificación obligatoria para votar en todo el país. Hoy, catorce estados no piden ese documento en las urnas. La orden ejecutiva también busca impedir que se cuenten los votos por correo que lleguen después del día de la elección, aunque tengan matasellos previo. Sin embargo, varios jueces federales han frenado parcialmente estas medidas.
“¿Quién no quiere que los votantes se identifiquen? Nadie”, afirmó el presidente en el Despacho Oval. Según su discurso, solo “alguien que quiera hacer trampas” podría oponerse, y ese “alguien” serían los demócratas. Así, Trump presenta cualquier objeción legal como una señal de fraude, pese a que múltiples recuentos y auditorías no han encontrado irregularidades sistemáticas.
Inmigración y supuesto fraude electoral
Otra de las obsesiones del mundo MAGA es la idea de que los inmigrantes indocumentados votan masivamente por el Partido Demócrata. La evidencia disponible apunta a lo contrario. En Georgia, por ejemplo, una investigación oficial determinó que, de unos ocho millones de votos, solo 20 correspondían a personas sin ciudadanía. Aun así, Trump insiste en que “es increíble cómo logran que estas personas voten”.
En una reciente entrevista, advirtió que, si los republicanos “no expulsan” a los indocumentados, “nunca volverán a ganar una elección”. Con esa frase, vinculó directamente su promesa de ejecutar “la mayor deportación de la historia” con la supuesta salud del proceso electoral. Además, su Administración ha pedido a los estados que compartan datos electorales completos, y ha presionado a quienes se niegan a hacerlo.
¿Qué otras acciones alimentan la polémica?
En Georgia, agentes del FBI registraron un centro de escrutinio en el condado de Fulton, distrito clave en la victoria de Biden. Se incautaron de miles de papeletas en una operación supervisada incluso por la directora de Inteligencia Nacional. Después se supo que Trump llamó personalmente a los agentes para agradecerles su trabajo, alimentando sospechas de interferencia política.
Paralelamente, el Gobierno ha amenazado con demandas a al menos 24 estados que se resisten a entregar sus bases de datos electorales. La fiscal general Pam Bondi llegó a vincular el fin del despliegue de 3.000 agentes federales en Minnesota con la entrega de esa información. Mientras tanto, Trump lamenta no haber usado a la Guardia Nacional para incautar urnas en 2020 y sugiere “bromeando” que quizá Estados Unidos no debería celebrar elecciones de medio mandato.
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Estas afirmaciones, sumadas a las promesas de perseguir legalmente a quienes supervisaron los comicios anteriores y a las teorías de conspiración sobre supuestas injerencias extranjeras, refuerzan la percepción de que Trump sacude el sistema electoral desde la propia presidencia. Para muchos observadores, el riesgo ya no es solo qué reglas se cambian, sino hasta qué punto se erosiona la confianza en el voto como mecanismo central de la democracia estadounidense.
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