Un grupo de 20 congresistas demócratas exigió al Pentágono explicaciones inmediatas y la suspensión de operativos militares conjuntos con Ecuador tras denuncias de graves abusos. La demanda se envío a través de una carta dirigida al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Esto coincide con la reciente visita a Washington del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
La carta, liderada por figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, Jesús ‘Chuy’ García, Greg Casar e Ilhan Omar, refleja la creciente alarma en un sector del Partido Demócrata sobre el nivel de involucramiento militar de EE.UU. en América Latina. “Estamos profundamente preocupados por los informes sobre graves violaciones a los derechos humanos y el bombardeo de lo que parecen haber sido instalaciones civiles”, arranca el documento.
El caso específico que motivó el reclamo ocurrió a principios de marzo de 2026 en la provincia de Sucumbíos, ubicada en la sensible frontera entre Ecuador y Colombia. Inicialmente, ambos gobiernos presentaron el operativo conjunto como un duro golpe contra campamentos del narcotráfico internacional. Sin embargo, investigaciones periodísticas posteriores comenzaron a desmontar la versión oficial del ataque aéreo y terrestre.
¿Qué pasó realmente durante el operativo en Sucumbíos?
Las dudas sobre la operación crecieron tras una investigación publicada por The New York Times, la cual expuso inconsistencias graves en el reporte militar. El medio estadounidense recabó testimonios y evidencias. Estos indican que la instalación bombardeada no era un laboratorio de drogas ni un bastión guerrillero. Más bien, aparentemente era una simple granja lechera y ganadera sin vínculos con organizaciones criminales armadas.
De acuerdo con los hallazgos periodísticos citados por EFE, los abusos comenzaron días antes del bombardeo aéreo. El 3 de marzo, personal militar ecuatoriano habría ingresado al lugar, donde presuntamente interrogó y agredió físicamente a civiles completamente desarmados. Además, se denunció que los soldados incendiaron viviendas, destruyeron infraestructura local y sometieron a los detenidos a actos de tortura.
Tres días después de estas presuntas agresiones terrestres, el 6 de marzo, las instalaciones fueron bombardeadas desde el aire, completando la destrucción del área. Ante estas revelaciones, los 20 congresistas firmantes exigieron al secretario Hegseth aclarar inmediatamente cuál fue el fundamento jurídico y el nivel exacto de participación del Ejército de Estados Unidos en esta polémica operación en territorio extranjero.
¿Por qué el ataque violaría las leyes estadounidenses?
El reclamo de los legisladores no se basa solo en consideraciones morales, sino en una posible violación de la legislación federal estadounidense. Los congresistas advirtieron al Pentágono que brindar apoyo o asistencia táctica a unidades extranjeras acusadas de torturas y bombardeos injustificados sin realizar una investigación oficial violaría directamente las Leyes Leahy.
Las Leyes Leahy, nombradas así por el exsenador Patrick Leahy, prohíben estrictamente al gobierno de Estados Unidos proporcionar entrenamiento, armamento o asistencia militar a fuerzas de seguridad de otros países cuando existe información creíble de que estas unidades han cometido violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes continúan impunes.
“El alcance de la participación militar de EE.UU. en Ecuador sigue sin estar claro, tanto para el Congreso como para el público estadounidense”, reclamaron los legisladores demócratas en su misiva. En consecuencia, exigieron que todas las operaciones de cooperación militar con el gobierno ecuatoriano sean suspendidas temporalmente. Esto debe mantenerse hasta que se realice una investigación transparente y exhaustiva sobre los hechos denunciados en Sucumbíos.
¿Qué señalan sobre el gobierno de Daniel Noboa?
Más allá del operativo en la provincia fronteriza, la carta demócrata enciende una fuerte alerta sobre la relación política general entre la administración estadounidense y el gobierno ecuatoriano. Los congresistas expresaron su enorme preocupación por la profundización de los lazos militares bilaterales bajo el mandato del presidente Noboa. Además, argumentaron que su gestión muestra “una alarmante deriva autoritaria y antidemocrática”.
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Los legisladores enumeraron una serie de acciones recientes en Ecuador que, a su juicio, contravienen los principios democráticos básicos que Estados Unidos debe exigir a sus aliados internacionales. El escrito resalta que Noboa “ha supervisado la violenta represión de protestas lideradas por pueblos indígenas”, utilizando fuerza desmedida contra movimientos sociales que reclaman derechos históricos.
Además, la carta denuncia que el mandatario ecuatoriano ha amenazado públicamente a la Corte Constitucional del país. También ha congelado arbitrariamente las cuentas bancarias de diversas organizaciones críticas de la sociedad civil. Ante este complejo panorama diplomático y militar, los congresistas han puesto un plazo definitivo al Pentágono. Han solicitado respuestas formales y claras del secretario Hegseth antes del próximo 22 de mayo.
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