Tras una oleada de derrotas judiciales, el presidente Donald Trump está contraatacando a los estados que se niegan a respaldar su agenda inmigratoria. El mandatario busca imponer su política mediante una serie de nuevas demandas federales. Estas acciones plantean interrogantes legales inéditas sobre el alcance del poder de los gobiernos estatales y federales en materia migratoria.
La semana pasada, el Departamento de Justicia presentó cuatro demandas contra estados que se han negado a autorizar el uso de placas de matrícula sin distintivos para vehículos federales. Los jueces federales se han pronunciado mayoritariamente en contra de la campaña de Trump. El presidente busca obligar a estados y ciudades a cooperar con las deportaciones masivas.
Más recientemente, un juez federal desestimó una impugnación presentada por Trump contra una ordenanza municipal de Boston. La medida prohíbe a las fuerzas del orden locales proporcionar cierta información sobre inmigrantes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta decisión constituyó el cuarto fallo judicial que desestima una demanda contra ciudades santuario gobernadas por demócratas.
¿Por qué Trump insiste en demandar a las ciudades santuario?
La administración Trump se está topando con los mismos obstáculos legales que enfrentó durante su primer mandato. No obstante, persiste en su empeño de presionar a las autoridades locales, incluso recurriendo a instancias de apelación. La estrategia parece tener un trasfondo más político que estrictamente legal.
Harry Sandick, un abogado que participó en las batallas legales contra Trump, explicó la motivación. “Creo que la administración percibe que este es un tema con el que pueden salir victoriosos”, afirmó Sandick. “Es una administración dispuesta a sufrir derrotas si considera que insistir le reportará algún beneficio político”.
El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, culpó a los jueces de distrito federales en una entrevista reciente. El desafío, señaló Blanche, es que las demandas se presentan en ciudades donde los jueces son muy adversos al tema. Blanche se mostró confiado en que la Corte Suprema terminaría dándole la razón a Trump eventualmente.
Si bien la administración busca victorias políticas, también enfrenta una resistencia legal sólida. Los intentos de Trump de presionar a las jurisdicciones santuario reteniendo fondos federales han sido desestimados reiteradamente. Aun así, su administración ha persistido tenazmente en el uso de dicha táctica intimidatoria.
¿Qué obstáculos enfrenta la administración Trump?
Están surgiendo nuevas y más novedosas interrogantes jurídicas por las estrategias de los funcionarios demócratas. Estos buscan erigir nuevos tipos de obstáculos frente a la campaña de represión migratoria del presidente republicano. Las disputas en torno a la prohibición del uso de mascarillas por agentes federales son un ejemplo claro.
La negativa a expedirles placas de matrícula podría constituir un terreno legal más propicio para Trump. Ya cosechó una victoria esta primavera al impugnar una ley estatal que prohibía cubrirse el rostro a los funcionarios del ICE. Los estados están intentando dictar a las autoridades federales cómo deben desempeñar su labor en el territorio.
Una demanda presentada en febrero de 2025 contra Chicago e Illinois fue el primer desafío legal de su segunda administración. El litigio versa sobre prohibiciones que impiden a los funcionarios estatales compartir información con las autoridades federales. Esto incluye fechas de liberación de inmigrantes indocumentados arrestados por autoridades locales.
Marco Rubio exhibe a Trump por llamarlo en la madrugada
Marco Rubio revela que Trump lo llama de madrugada por su ritmo de trabajo, en...
Trump Activates Tariff Wall and Targets 60 Countries
President Donald Trump activated a new commercial protectionist wall, proposing tariffs of at least 10%...
Aproximadamente la mitad de esos casos siguen pendientes de resolución en los tribunales. Sin embargo, los tribunales de distrito que ya han emitido fallos se han puesto del lado de las ciudades y estados. Han infligido duras derrotas al Departamento de Justicia en Illinois, Nueva York, Colorado y Boston.
¿Cómo defienden los estados sus leyes santuario?
Algunas decisiones judiciales se han fundamentado en la doctrina de la “anticomandancia”. Esta doctrina establece que el Gobierno de Estados Unidos no puede obligar a los estados a ejecutar regímenes federales. Los tribunales también han dictaminado que no existe un conflicto real entre la ley federal y las políticas locales.
Los estados han descrito sus medidas como acciones necesarias para la protección de sus residentes locales. Aseguran que están plenamente amparadas por el “poder de policía” que la Constitución confiere a los gobiernos estatales. El Departamento de Justicia acusa a los estados de exponer a los agentes a vigilancia y acoso público.
La escalada de los enfrentamientos en el último año ha cambiado completamente el panorama legal. Impulsada por una inyección masiva de fondos, la administración inundó de agentes federales las ciudades rebeldes. Esto llevó a los estados a ensayar nuevas y agresivas estrategias legales para proteger a sus residentes hispanos.
El terreno se torna aún más confuso en lo que respecta a las demandas por las placas de matrícula confidenciales. Por un lado, se esgrime el argumento de que los estados discriminan a las autoridades federales. Por otro lado, los estados alegan que se les exige prestar asistencia a una operación de carácter federal.
Entérate más en Nueva News
