El estado de Nueva Jersey y la ciudad de Newark intensificaron esta semana su ofensiva legal contra The GEO Group. Esta es la empresa privada que opera el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall. Las autoridades buscan forzar inspecciones sanitarias y, en última instancia, cerrar las instalaciones tras múltiples denuncias de abusos, huelgas de hambre y protestas violentas.
La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, presentó una demanda para que el Tribunal Superior ordene a The GEO Group permitir el acceso irrestricto de inspectores de salud estatales. De hecho, los documentos judiciales señalan acusaciones graves, incluyendo el almacenamiento insalubre de alimentos y posibles deficiencias en el control de infecciones como la tuberculosis.
De forma paralela, el alcalde de Newark, Ras Baraka, anunció la ampliación de una demanda que la ciudad ya mantenía contra la empresa desde el año pasado. “Esta es una instalación privada, con trabajadores privados, y está sujeta a las leyes estatales y municipales. No pueden quedar protegidos por un contrato que tienen con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, declaró Baraka.
¿Por qué estallaron las protestas en Delaney Hall?
Las quejas sobre el funcionamiento de Delaney Hall llegaron a un punto crítico durante el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day) a finales de mayo de 2026. Por otra parte, según reportes de familiares y legisladores, cerca de 300 inmigrantes detenidos iniciaron una huelga de hambre y una protesta laboral. Ellos denunciaron comida en mal estado, falta de atención médica y supuestas amenazas.
Estas denuncias internas desencadenaron varios días de manifestaciones frente al edificio ubicado en la avenida Doremus, en la zona industrial de Newark. Algunas de estas protestas terminaron en enfrentamientos violentos con la policía y arrestos. Por consecuencia, eso obligó a las autoridades locales a establecer una zona de protesta y un toque de queda.
A pesar de los testimonios de activistas y políticos que acudieron al lugar, el DHS y The GEO Group negaron categóricamente que se estuviera llevando a cabo una huelga de hambre. De hecho, la empresa calificó las denuncias de “acusaciones sin fundamento” y las atribuyó a un esfuerzo político coordinado por grupos externos para desmantelar las detenciones de ICE.
¿Cuál es el historial del conflicto legal entre Newark y la empresa?
El choque entre la ciudad de Newark y The GEO Group no es nuevo. De hecho, la ciudad lleva más de un año en un litigio legal para intentar expulsar a la empresa. Ellos argumentan que no obtuvo los permisos de construcción necesarios ni el certificado de ocupación para reabrir las instalaciones el año pasado con ICE como nuevo inquilino.
En aquel momento, The GEO Group se defendió trasladando el caso a una corte federal. Además, la empresa argumentó que operaba bajo un contrato federal directo con ICE y que, por tanto, gozaba de la inmunidad legal que protege a las entidades gubernamentales frente a demandas locales. A esto se suma que afirmaron que fue ICE quien ordenó denegar el acceso a los inspectores municipales en ocasiones anteriores.
Sin embargo, el alcalde Baraka dejó claro que la ciudad ahora centrará su nueva queja federal en violaciones de salud y seguridad. También se enfocará en supuestos abusos de derechos humanos dentro del centro. Por tanto, la estrategia municipal busca demostrar que los contratistas privados no pueden usar sus acuerdos federales como un escudo absoluto contra las normativas locales de bienestar.
¿Qué pasará si las autoridades logran inspeccionar el centro?
Si el tribunal superior falla a favor de la fiscal general Davenport, los inspectores del Departamento de Salud de Nueva Jersey podrán ingresar a Delaney Hall. Según la demanda del estado, The GEO Group ya había denegado la entrada a inspectores el pasado 27 de mayo de 2026. Ellos alegaron un alto volumen de visitas de congresistas ese día.
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Una inspección exhaustiva podría cambiar el rumbo del caso. Si el estado confirma de manera independiente las denuncias sobre preparación insalubre de alimentos, riesgo de tuberculosis o condiciones inhumanas, Newark tendría el respaldo legal y probatorio que necesita. Eso le permitiría exigir la clausura inmediata del centro operado privadamente, el cual tiene capacidad para unas 1 000 personas.
El desenlace de esta batalla legal podría sentar un precedente importante a nivel nacional. Por consiguiente, si Nueva Jersey y Newark logran imponer sus leyes locales de salud y seguridad sobre un contratista federal, otras ciudades y estados con centros de detención de ICE operados por privados podrían adoptar tácticas similares. Eso les permitiría forzar mejoras en las condiciones o buscar su cierre definitivo.
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