El gobierno federal de Estados Unidos reconoció que cometió un error clave al usar un memorando de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para justificar arrestos de inmigrantes en los tribunales de inmigración y en sus alrededores. Esa equivocación se hizo pública en un escrito judicial. Por consiguiente, se supo en medio de una demanda presentada por grupos de defensa que buscan frenar la práctica de detenciones en cortes de inmigración. Dicha táctica ha suscitado fuerte polémica dentro y fuera del sistema de justicia.
¿Qué documento se usó incorrectamente para las detenciones?
En el centro del caso está un memorando de ICE titulado “Orientación de ICE para 2025”. Este se citó como base legal para desplegar agentes en juzgados de inmigración y realizar arrestos en esos recintos. Además, el documento sugería que oficiales de ICE pueden llevar a cabo acciones de control migratorio en tribunales o cerca de ellos. Esto siempre que existe “información creíble” de que una persona buscada estará presente en un lugar específico.
Sin embargo, el Departamento de Justicia admitió en un escrito ante el juez federal Kevin Castel que ese memorando “no se aplica ni se ha aplicado nunca” a las acciones civiles de control migratorio en los tribunales de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. Tampoco dentro ni cerca de ellos. Dicha aclaración implica que, en la práctica, se usó una guía equivocada para respaldar una política que terminó en redadas de ICE dentro de recintos judiciales. Por consecuencia, se generaron detenciones de inmigrantes que se presentaban a audiencias obligatorias.
¿Por qué el error tiene implicaciones tan grandes?
Organizaciones de derechos civiles, como la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, señalan que el hecho de que se haya usado un memorando erróneo para apoyar las detenciones agrava la percepción de que el gobierno actúa con desprecio por la seguridad y el derecho de los inmigrantes. Amy Belsher, abogada que representa a los demandantes, calificó la revelación como una “revelación impactante”. Y criticó que esa práctica implique tender “emboscadas” a personas que se presentan a audiencias obligatorias.
Desde el punto de vista legal, el error cambia el marco de evaluación del caso. El Departamento de Justicia indicó que el dictamen de 12 de septiembre y distintos escritos presentados por el gobierno deberán volverse a redactar. Esto se hará para que el tribunal pueda analizar el fondo de las reclamaciones de los demandantes bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). En otras palabras, no solo se revisa si la táctica de arrestos en cortes es justa. También se analiza cómo se construyeron los argumentos legales que la respaldaron durante el proceso.
Para la comunidad latina en Estados Unidos, el uso de memorandos erróneos para justificar redadas en cortes refuerza la idea de que el control migratorio puede moverse sin base clara ni transparencia. Especialmente esto ocurre cuando las audiencias de inmigración son ya zonas de gran tensión para familias sin estatus. La sensación de que un simple fallo administrativo puede guiar operativos de ICE dentro de tribunales aumenta el temor a que cualquier comparecencia pueda convertirse en motivación de detención. En lugar de protección jurídica, las personas sienten temor.
El caso de Dylan Contreras
La admisión de errores burocráticos no borra la realidad de situaciones como la de Dylan Contreras. Un estudiante de 20 años que, sin antecedentes criminales, fue detenido por ICE tras una audiencia de inmigración que se suponía era “de rutina”. Contreras, quien llegó de Venezuela y tramitaba una green card, permaneció retenido por meses. Por esto, ha sido una experiencia que su abogado describió como una grave ruptura de confianza en el sistema judicia.
El DHS argumenta que Contreras entró al país durante la administración Biden y que ICE solo ejecutaba una “expulsión acelerada” conforme a la ley. Sus abogados, en cambio, señalan que él buscaba asilo. Además, afirman que su detención en una audiencia programada evidencia que el entorno de la corte no brinda protección real a personas que se presentan sin condiciones penales previas.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha sido uno de los críticos más visibles, destacando que lo que debió ser una etapa para terminar la preparatoria se transformó en diez meses de aislamiento y trauma, todo tras una audiencia que se anunció como rutinaria. Para muchos latinos en la ciudad, el caso de Contreras se convierte en símbolo de cómo la combinación de malas decisiones administrativas, errores de documentos y prácticas agresivas de ICE puede afectar directamente la vida diaria de familias que confían en el sistema.
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