La totalidad de las casi 12 millones de solicitudes de beneficios migratorios acumuladas actualmente en USCIS están siendo verificadas doblemente. Esta masiva y repentina revisión exhaustiva ocurre tras la reciente implementación de nuevas y estrictas medidas de seguridad nacional. El presidente Donald Trump ordenó estas directrices. Fueron establecidas por medio de una controvertida orden ejecutiva firmada el pasado 6 de febrero de este año 2026.
A finales de junio del año pasado, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) había registrado oficialmente unos 11.3 millones de casos pendientes. En ese momento, la agencia federal prometió públicamente que no solo estaba aumentando sus niveles de seguridad interna. También aseguró que estaba mejorando gradualmente los tiempos de procesamiento. Sin embargo, tres meses después, al cierre del año fiscal en septiembre de 2025, el abultado número de casos aumentó preocupantemente a 11 651 012 solicitudes.
Los largos tiempos de procesamiento se han visto severamente afectados por este enorme volumen de trabajo. La simple renovación de la tarjeta de residencia permanente (Green Card), por ejemplo, tarda actualmente un mínimo de 10.5 meses. Además, para una petición I-130 de ajuste de estatus para la esposa extranjera de un ciudadano estadounidense, el sistema federal indica una espera de hasta 62 meses. Mientras tanto, para el trámite de permiso de trabajo para los protegidos bajo el programa DACA, el sistema ni siquiera indica un tiempo estimado de espera.
¿En qué consisten las nuevas revisiones?
A partir de esta misma semana, es altamente probable que los ya dilatados tiempos de procesamiento empeoren considerablemente. USCIS confirmó oficialmente que, debido a la estricta implementación de nuevas políticas de seguridad, advierte sobre próximos “retrasos” en las adjudicaciones finales. Este repentino cambio de reglas pone en máxima alerta a millones de inmigrantes vulnerables que esperan una respuesta, tanto dentro como fuera de las fronteras de Estados Unidos.
Diversos medios de comunicación reportaron que el Gobierno estadounidense estaba realizando “exhaustivas revisiones” en amplias categorías de inmigrantes que tramitan beneficios. La cadena de noticias CBS informó que las lentas revisiones se basan en “controles de seguridad reforzados”. Por su parte, la cadena CNN reportó que los recientes cambios implementados habían generado una “pausa temporal” en las oficinas de la agencia federal. Esta pausa busca garantizar que todos los funcionarios “cumplan estrictamente con las directrices de verificación de seguridad recientemente implementadas”.
USCIS distribuyó rápidamente una directriz interna donde instruye de manera obligatoria a sus funcionarios a volver a enviar todas las solicitudes pendientes. Esto se hará para someterlas a estrictos controles de antecedentes. Esta profunda verificación se realizará directamente por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Además, el documento interno exige tajantemente a los oficiales migratorios “abstenerse de aprobar cualquier caso pendiente que no haya pasado satisfactoriamente por estos controles de antecedentes ampliados”.
¿Qué dice exactamente la orden ejecutiva de Trump?
La justificación legal de estas demoras radica en la orden ejecutiva firmada por Trump, titulada “Protección de la seguridad nacional y el bienestar de los Estados Unidos”. Esta orden estipula que las autoridades de inmigración del DHS deben acceder obligatoriamente a toda la información de registros de antecedentes penales (CHRI). Dicha información confidencial se encuentra bajo la custodia estricta de diversas agencias federales de justicia penal en todo el país.
En pocas palabras, se utilizará toda la información penal y civil que resulte de las averiguaciones en las bases de datos federales en contra o a favor del solicitante. Estos datos serán la base fundamental para decidir la adjudicación final o el rechazo definitivo de una solicitud de beneficio migratorio. Además, Trump advirtió en su orden que el Gobierno busca detectar a ciudadanos extranjeros con antecedentes penales que hayan ingresado o permanecido en el país en clara violación de las leyes de inmigración.
En cuanto a las solicitudes desestimadas previamente por el sistema, el Gobierno aclaró que estas no se verificarán nuevamente. Estas, por el contrario, USCIS las denegará automáticamente . Por otro lado, según el abogado de inmigración Alex Gálvez, quien ejerce en la ciudad de Los Ángeles, esta nueva orden ejecutiva “aumentará drásticamente el nivel de verificación y consecuentemente el nivel de rechazo de las solicitudes de beneficios”. A estas estrictas medidas se suma la existencia actual de una lista de prohibición de viaje que incluye a 39 países.
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