La Embajada de Estados Unidos en México fijó posición este 29 de abril, después de que fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York anunciaran cargos penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros actuales y exfuncionarios. El caso empezó con esa acusación judicial en Estados Unidos.
Dicha acusación señala presuntos vínculos con actividades relacionadas con narcotráfico y armas. Desde Ciudad de México, la representación diplomática sostuvo que combatir la corrupción y el crimen organizado transnacional es una prioridad compartida con México. En ese contexto, el embajador Ronald Johnson remarcó que la rendición de cuentas, la transparencia y el Estado de derecho forman parte del eje bilateral de seguridad.
¿Cuál es el contexto del pronunciamiento?
El pronunciamiento oficial, titulado “Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos”, evitó entrar al detalle del expediente, pero dejó claro el mensaje político y judicial. La embajada afirmó que la corrupción que facilita al crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada cuando exista jurisdicción estadounidense.
Además, señaló que las investigaciones deben seguir su curso legal. No se deben adelantar pruebas ni ampliar nombres. En el caso participan la Fiscalía federal de Estados Unidos, la embajada estadounidense en México y el embajador Johnson. También participan los funcionarios señalados en la acusación. Por eso, el comunicado cobró fuerza inmediata en medio de una relación bilateral marcada por la presión contra las redes criminales y la exigencia de cooperación institucional.
Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
Este ataque no es únicamente…
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026
En la última hora, Washington reforzó su postura pública, pero mantuvo distancia sobre los hechos específicos atribuidos a Rocha Moya y al resto de los acusados. La sede diplomática precisó que no puede comentar el fondo de las imputaciones. Aunque reiteró que seguirá trabajando en estrecha coordinación con autoridades mexicanas.
Esa combinación de cautela legal y firmeza política elevó la tensión alrededor del caso. Esto es aún más relevante porque el mensaje llegó poco después de hacerse públicos los cargos. Así, el foco inmediato quedó puesto en el avance del proceso judicial en Estados Unidos. También en la respuesta institucional que pueda surgir desde México ante una acusación que toca seguridad, corrupción y crimen organizado.
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