En el Día Internacional del Migrante, una familia en Miramar, Florida, encarna el drama que ha marcado este año en Estados Unidos. Yareliz Méndez-Zamora, coordinadora de política del American Friends Service Committee (AFSC), acompañó a una pareja a una cita con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Los agentes les presentaron una opción imposible: uno de los dos sería deportado y ellos debían decidir quién.
La mujer se ofreció para que su esposo, el sustento del hogar, pudiera quedarse con los hijos. Él se negó. Finalmente, la madre permaneció en Estados Unidos, pero la decisión dejó una herida imborrable. “Quedé impactada“, recuerda Méndez-Zamora frente a las oficinas de ICE en Miramar, donde decenas de voluntarios, líderes religiosos y familiares protestan por las condiciones de los detenidos.
¿Cuán drásticas han sido las cifras migratorias en 2025?
Este 2025 cierra como el año más duro para la población migrante en Estados Unidos. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las estadísticas son alarmantes: más de 65.000 personas en detención, 605.000 expulsiones directas y 1,9 millones de autodeportaciones. La magnitud de estos números refleja una intensificación sin precedentesde las políticas implementadas.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, celebró estos números la semana pasada: “La Administración Trump está batiendo récords históricos. Los inmigrantes ilegales están escuchando nuestro mensaje de que deben marcharse ahora“. Esta declaración encapsula la narrativa oficial del gobierno sobre sus políticas migratorias.
María Asunción Bilbao, coordinadora de campaña del AFSC en Florida, caracteriza el año de manera diferente: “Ha sido un año agotador, frustrante y aterrorizador“. Cada semana acompaña a familias a sus citas con ICE, presenciando el impacto humano detrás de las estadísticas oficiales.
¿Cómo se ha traducido en recursos la política migratoria?
La administración Trump ha destinado recursos sin precedentes para implementar su agenda migratoria. La reforma fiscal de julio, conocida como la “gran y hermosa ley”, multiplicó el presupuesto del ICE de 8.000 a más de 100.000 millones de dólares.
De esa cifra, la distribución fue estratégica: 45.000 millones se destinaron a nuevos centros de detención, 14.000 millones a operaciones de deportación y 30.000 millones a reclutar agentes, con el objetivo de alcanzar 100.000 empleados dedicados a la persecución migratoria. Esta inversión masiva demuestra la escala de la operación.
Las redadas masivas han llegado a ciudades como Chicago, Los Ángeles, Nueva Orleans y Charlotte, a pesar de la oposición de autoridades locales. Los agentes esperan a migrantes al salir de los juzgados para detenerlos, una táctica que ha generado preocupación entre defensores de derechos constitucionales.
¿Qué cambios adicionales han afectado a la población migrante?
El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) dejó a cientos de miles sin estatus legal. La eliminación del programa de parole afectó a más de medio millón de beneficiarios. El travel ban, ampliado esta semana a 39 países, bloqueó la migración legal desde múltiples naciones, limitando vías regulares de entrada.
Además, miles de acuerdos 287(g) permiten a policías locales colaborar con ICE. Los vuelos de deportación superaron los 1.900, un aumento del 41% respecto al mismo período de 2024, según el monitor de Human Rights First.
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La administración ha desafiado abiertamente a los tribunales: invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1889 para enviar a más de 200 venezolanos a una megacárcel en El Salvador pese a una orden judicial contraria. Ha utilizado Guantánamo como centro de detención extraterritorial, una medida controversial que ha generado críticas internacionales.
La liberación bajo fianza o supervisión se redujo al 3% en septiembre, según reportes de derechos humanos. Amnistía Internacional denunció torturas, falta de alimentos adecuados y atención médica en centros de Florida. Ariadne Betancourt, cuyo padre está detenido en Krome, relata que los diabéticos no reciben medicamentos a horario, poniendo en riesgo sus vidas.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional?
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH)llamó a visibilizar los “desafíos crecientes” e implementar vías seguras de migración. La ONU recuerda que conflictos, catástrofes climáticas y presiones económicas siguen empujando a millones a desplazarse, enfatizando que “ningún ser humano es ilegal”.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que México ya no es solo país de origen, sino también de destino: en 2025, el 46% de los encuestados lo considera punto de llegada, frente al 24% de 2024.
Este miércoles, activistas, líderes religiosos y familiares realizaron una vigilia frente al centro de ICE en Miramar para honrar la dignidad de los detenidos. “Ser inmigrante no es un crimen, es tener la valentía de querer salir adelante“, enfatizó Yareli Méndez. María Bilbao añadió: “Es triste y vergonzoso lo que está pasando en Estados Unidos, no tiene nada que ver con cómo se conocía este país“.
Políticas deshumanizantes e innecesarias
Las políticas migratorias implementadas por la administración Trump en su segundo mandato han generado un debate intenso sobre su impacto. Desde enero de 2025, el enfoque ha sido en aplicación estricta de las leyes de inmigración, priorizando la seguridad nacional y reducción de población indocumentada.
Defensores argumentan que estas medidas fortalecen la soberanía fronteriza y responden a preocupaciones legítimas sobre crimen y recursos públicos. Al ampliar el alcance, se logró una disminución notable de más de un millón de inmigrantes para mediados de año.
Sin embargo, las críticas son contundentes. Organizaciones de derechos civiles destacan cómo estas políticas crean un clima de temor que socava principios constitucionales como el debido proceso. La intensificación de restricciones en asilos, tarjetas verdes y visas educativas ha resultado en miles de denegaciones, afectando a estudiantes y profesionales calificados.
Económicamente, la deportación masiva genera un toll devastador: interrumpe cadenas de suministro, reduce fuerza laboral en agricultura y construcción, y separa familias, incrementando cargas sociales. Al menos 145.537 mexicanos han sido repatriados desde enero, según cifras oficiales.
La promesa de la “mayor operación doméstica” en historia resalta un enfoque punitivo que prioriza retórica sobre soluciones integrales. Esto podría erosionar la diversidad cultural que ha impulsado el progreso estadounidense, fomentando divisiones internas y un legado controvertido a largo plazo.
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