En la víspera del Día Internacional del Migrante, muchas personas y organizaciones se reunieron en el Centro de ICE de Miramar, Florida. Exigieron el fin de las detenciones masivas y las políticas duras del gobierno de Estados Unidos. Para muchos activistas, el año 2025 quedará marcado como uno de los periodos más duros para la población migrante en el país.
Yareliz Mendez-Zamora, del American Friends Service Committee, recordó uno de los casos más difíciles que presenció este año: una pareja de inmigrantes a la que agentes de ICE obligaron a decidir cuál de los dos sería deportado. “Ha sido uno de los años más crueles que he visto. Las violaciones a los derechos humanos se han multiplicado”, afirmó la activista.
Las historias como esa se repiten desde hace meses en todo el país, en un contexto donde el presidente Donald Trump endureció su política migratoria y llevó las deportaciones y detenciones a niveles no vistos en décadas.
Récords históricos en detenciones y deportaciones
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que este año más de 65.000 personas permanecen detenidas por motivos migratorios y 605.000 han sido deportadas. Además, unas 1,9 millones se autodeportaron para evitar ser arrestadas. “Estamos batiendo récords”, celebró Tricia McLaughlin, portavoz del DHS. “Los inmigrantes ilegales están entendiendo el mensaje: si no se marchan por voluntad propia, los encontraremos”, advirtió.
Los operativos federales se han extendido a todos los estados, incluyendo ciudades consideradas “santuarios”. En lugares como Chicago, Los Ángeles o Nueva Orleans, los agentes de ICE irrumpen en viviendas, tribunales y estaciones públicas, deteniendo a personas incluso después de presentarse voluntariamente a sus citas migratorias.
El aumento del poder de ICE
Desde su regreso a la presidencia, Trump ha reforzado como nunca antes la estructura del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El organismo pasó de manejar un presupuesto de 8.000 millones de dólares a más de 100.000 millones, gracias a la reforma fiscal conocida como “la gran y hermosa ley”.
Del total, unos 45.000 millones se destinaron a nuevos centros de detención y 30.000 millones a contratar personal adicional. El objetivo del gobierno es duplicar el número de agentes y aumentar los arrestos mensuales a más de 20.000. El asesor presidencial Stephen Miller, artífice de esta política, impulsó el fortalecimiento de ICE como eje central del sistema migratorio estadounidense.
Los resultados ya se perciben en las cifras. Solo entre abril y noviembre, las detenciones aumentaron un 17%, alcanzando más de 21.000 arrestos mensuales. ICE ha multiplicado el número de redadas simultáneas y reforzado su presencia en tribunales, donde los migrantes son detenidos al finalizar sus audiencias.
Deportaciones sin precedentes
El incremento del presupuesto también permitió elevar el número de vuelos de deportación. Según el monitor de vuelos de la organización Human Rights First, en la administración Trump se efectuaron más de 1.900 vuelos con personas deportadas, un aumento del 41% respecto al mismo periodo de 2024.
La Casa Blanca firmó nuevos acuerdos de repatriación con países de África, Asia y América Latina, entre ellos Sudán del Sur, Níger y Venezuela. Además, el presidente ordenó terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios grupos nacionales y eliminó el programa de parole humanitario, dejando a más de medio millón de personas en un limbo legal.
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Estas políticas se suman al restablecimiento del travel ban, extendido este año a 39 países, y a la activación de acuerdos 287(g), que permiten a las policías locales colaborar con ICE en labores de arresto.
La mano dura y las consecuencias
Trump aseguró en su campaña de 2024 que ejecutaría “la mayor deportación en la historia” del país, y en 2025 dio pasos firmes para cumplirla. Algunos críticos acusan al presidente de utilizar un lenguaje que criminaliza a los migrantes, presentándolos como amenazas a la seguridad nacional.
En varios estados, defensores de los derechos humanos denunciaron detenciones arbitrarias, deportaciones aceleradas y separación de familias. Activistas como María Asunción Bilbao, coordinadora del American Friends Service Committee, lamentan el clima de miedo instaurado: “Los refugiados están aterrorizados. ICE ya no respeta ni los tribunales ni los derechos básicos de las personas”.
Otra medida polémica fue el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1889 para enviar a más de 200 migrantes venezolanos a una prisión en El Salvador, pese a que un tribunal estadounidense había bloqueado esa acción. Mientras tanto, el Gobierno redujo al 3% el número de migrantes liberados bajo fianza o supervisión.
Parálisis en los procesos migratorios
Las restricciones no solo afectan a quienes buscan refugio o residencia. Trump ordenó suspender los trámites de asilo, ciudadanía y naturalización, dejando miles de solicitudes sin resolver. En declaraciones recientes, afirmó que planea revisar la ciudadanía de “entre 100 y 200 personas al mes” para revocar sus naturalizaciones si se detectan “fraudes o vínculos peligrosos”.
La política migratoria actual, que el presidente califica como “el retorno del orden y la ley”, ha generado una crisis humanitaria que marca este Día del Migrante. Para miles de familias separadas o deportadas, 2025 ha sido un año de miedo, incertidumbre y resistencia.
