Antes de las elecciones de medio término, el DOJ pone bajo la lupa las votaciones en tres estados clave.
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A medida que se acercan las elecciones de medio término en Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ) ha intensificado sus acciones. La administración Trump está atacando agresivamente el proceso de votación en tres jurisdicciones cruciales: Michigan, Georgia y Arizona. Recientemente, el DOJ exigió al condado de Wayne, Michigan, la entrega inmediata de todos los registros electorales del año 2024.
Este movimiento no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática. En enero, el FBI realizó una redada en el condado de Fulton, Georgia, confiscando papeletas y registros de 2020. Simultáneamente, en el condado de Maricopa, Arizona, se citó a declarar a legisladores para obtener datos sobre los equipos de votación. Estas tres áreas poseen poblaciones desproporcionadamente no blancas y son fundamentales para el resultado electoral nacional.
Expertos legales sugieren que estos esfuerzos buscan socavar la confianza en las elecciones justas. Al centrarse en estos condados, la administración impacta directamente en el voto demócrata en estados indecisos altamente competitivos. Michigan y Georgia celebran este año elecciones al Senado que determinarán el control de la Cámara alta. Por su parte, Arizona enfrenta contiendas muy reñidas por la gobernación y puestos en el Congreso.
¿Cuál es la verdadera intención tras las redadas y citaciones del DOJ?
La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, calificó la solicitud al condado de Wayne como absurda e infundada. Según Nessel, el presidente Trump está instrumentalizando el Departamento de Justicia para sabotear el proceso democrático estatal. La funcionaria afirma que el mandatario intenta convertir a la agencia en su herramienta personal para interferir en las elecciones. Los beneficios de reducir la participación mediante el miedo y la confusión son estratégicos para el Partido Republicano.
David Becker, director del Centro de Innovación e Investigación Electoral, nota un patrón de debilidad en estas acciones. Becker describe la secuencia de eventos como una “retirada” táctica de la administración. Hace meses utilizaron una orden judicial; luego, un gran jurado para citar a testigos amigables. Ahora, recurren a cartas redactadas con dureza que, según el experto, solo buscan generar propaganda y relaciones públicas.
En Georgia, el Departamento de Justicia utilizó afirmaciones desacreditadas de fraude electoral para obtener órdenes de registro. Registros judiciales revelaron que se basaron en teorías de conspiración de negacionistas electorales para convencer a jueces federales. En Arizona, la citación se fundamentó en una auditoría cuestionable realizada por una empresa de ciberseguridad sin experiencia. Estas acciones parecen ignorar lo que los tribunales han dictaminado sobre la privacidad de los datos de los votantes.
¿Existe un plan para crear una base de datos nacional de votantes?
Grupos defensores de los derechos de voto han lanzado desafíos legales contra estos esfuerzos de recolección de datos. Argumentan que el DOJ busca identificar votantes no ciudadanos para construir una lista nacional centralizada. La demanda, presentada por Common Cause en el Distrito de Columbia, busca bloquear la entrega de listas de votantes no redactadas. Estas listas incluyen números de licencias de conducir y cifras parciales del Seguro Social.
El Departamento de Justicia planea compartir esta información sensible con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El DHS opera un programa informático capaz de verificar la ciudadanía estadounidense de manera masiva. Funcionarios electorales demócratas advierten que este programa ha marcado erróneamente a ciudadanos legítimos como posibles extranjeros. Esto podría erosionar gravemente la fe en los resultados electorales de noviembre y desalentar la participación ciudadana.
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Hasta el momento, el DOJ ha demandado a 30 estados y al Distrito de Columbia para obtener estos datos. Sin embargo, una docena de estados ya han entregado voluntariamente la información de millones de personas. Estados como Texas, Florida, Ohio y Tennessee han colaborado con la administración. La demanda de Common Cause intenta detener el uso de la información ya obtenida y frenar nuevas recolecciones.
¿Cómo afecta la federalización de las elecciones al sistema democrático?
Desde que regresó al cargo, el presidente Trump ha intentado ejercer poder presidencial sobre las elecciones federales. Históricamente, según la Constitución, los estados son los encargados de organizar y supervisar sus propios comicios. Trump y sus aliados enmarcan estas medidas como necesarias para garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, sus órdenes ejecutivas para exigir documentos de ciudadanía han sido bloqueadas repetidamente por tribunales federales.
Recientemente, el mandatario firmó una nueva orden para restringir el uso de los votos por correo. Esta instrucción dirige al Servicio Postal a limitar la entrega de papeletas en áreas específicas del país. También instruye al DHS a compilar listas de ciudadanos en edad de votar en cada estado. Virginia Kase Solomón, presidenta de Common Cause, afirma que este sistema está diseñado para silenciar a millones de votantes elegibles.
El Departamento de Justicia justifica sus demandas citando la Ley de Derechos Civiles de 1960. Argumentan que la agencia tiene derecho a los datos para combatir la discriminación electoral. No obstante, han reconocido que los datos se enviarán al sistema SAVE para análisis de ciudadanía. SAVE era originalmente una herramienta para verificar beneficios gubernamentales individuales, pero ahora se ha rediseñado para escanear padrones electorales completos.
¿Qué han decidido los tribunales sobre estas acciones del Departamento de Justicia?
A pesar de la presión administrativa, el DOJ enfrenta una racha de derrotas en el sistema judicial federal. Jueces en California, Massachusetts, Michigan, Oregón y Rhode Island han rechazado las demandas del gobierno. Los magistrados coinciden en que las leyes actuales no otorgan al DOJ autoridad para realizar tales acciones. Estos fallos representan un obstáculo significativo para la estrategia de la administración Trump antes de las elecciones.
La derrota más reciente ocurrió en Rhode Island, de la mano de la jueza Mary McElroy. En su fallo, la jueza McElroy determinó que las leyes de votación federal no permiten al DOJ exigir datos estatales. Escribió que ni la Ley de Registro Nacional de Votantes ni otras normas autorizan este tipo de “expediciones de pesca”. El tribunal fue claro: el Departamento de Justicia no puede solicitar documentos masivos sin una causa justificada legalmente.
La administración ha apelado varios de estos fallos, y los argumentos orales se esperan para mediados de mayo. El resultado de estas apelaciones definirá cuánto poder podrá ejercer el gobierno federal sobre los comicios estatales. Mientras tanto, la tensión crece en los condados bajo la lupa, donde los secretarios electorales enfrentan una presión sin precedentes. La batalla por la integridad y el acceso al voto se libra ahora en los tribunales superiores del país.
