Florida gastó 573 millones de dólares de un fondo de emergencia en operativos migratorios vinculados a ICE durante los últimos tres años. El dato aparece en un informe oficial de la División de Gestión de Emergencias de Florida, enviado al Congreso estatal. Ese dinero forma parte de un fondo creado en 2022 que el gobernador Ron DeSantis puede usar sin aprobación legislativa, siempre que declare una emergencia.
Según el reporte, la mayor parte del gasto se concentró en la operación llamada “Operation Vigilant Sentry”. Allí se registran 484 millones de dólares en “proyectos” relacionados, aunque el documento no detalla todavía cada contrato ni proveedor. Además, se enumeran 29 millones de dólares en equipos como radios, motores de helicóptero, camionetas y tráilers.
El fondo fue pensado para responder rápidamente a crisis como huracanes o incendios. Sin embargo, desde 2023, DeSantis declaró una emergencia por inmigración y abrió así la puerta para usar ese dinero en apoyo a operativos migratorios coordinados con el gobierno federal.
¿Por qué se usó un fondo de emergencias para apoyar a ICE?
El diseño del fondo permite al gobernador mover recursos con rapidez cuando declara una emergencia. En este caso, la emergencia fue la llegada de migrantes, especialmente por rutas marítimas y terrestres hacia Florida. Bajo ese paraguas, el estado financió despliegues de personal, logística y equipamiento que terminan complementando el trabajo de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional.
El objetivo declarado es reforzar la capacidad de Florida para colaborar en detenciones, traslados y custodia de personas en situación migratoria irregular. Parte de esos recursos se han destinado a operar centros de detención migratoria estatales, como los polémicos complejos conocidos popularmente como “Alligator Alcatraz” y “Deportation Depot”.
Aunque el gobierno federal anunció 608 millones de dólares en reembolsos para Florida por estos centros, el informe indica que el estado todavía no ha recibido ese dinero. Esto significa que, por ahora, el peso financiero real recae sobre el fondo de emergencia estatal, mientras se espera que Washington cumpla sus promesas de devolución.
¿Qué dice DeSantis sobre ICE y los arrestos de migrantes?
El propio Ron DeSantis ha defendido esta estrategia como parte central de su agenda de seguridad. El gobernador asegura que “ningún otro estado ha hecho más que Florida” para apoyar las operaciones migratorias federales. Ha obligado a todas las autoridades locales a firmar acuerdos 287(g), que permiten a policías y alguaciles colaborar directamente con ICE en arrestos y traslados.
Según cifras divulgadas por su administración, esos acuerdos y los nuevos centros de detención han facilitado el arresto de alrededor de 20.000 migrantes en los últimos nueve meses. DeSantis sostiene que muchos de ellos tienen antecedentes penales y representan un riesgo para la seguridad pública.
Al mismo tiempo, el gobernador impulsa nuevas medidas internas para restringir aún más la migración en Florida. Entre ellas, se ha discutido la posibilidad de prohibir que personas indocumentadas envíen remesas desde el estado, y se han endurecido reglas para empleadores, transportistas y prestadores de servicios.
¿Qué críticas ha generado el uso de fondos de emergencia?
El Partido Demócrata de Florida acusó al gobernador de desviar millones del fondo de emergencia para favorecer a contratistas cercanos y financiar una agenda antiinmigrante. Dirigentes opositores argumentan que esos recursos deberían destinarse a preparar al estado frente a huracanes, inundaciones o incendios, y no a operativos de detención masiva.
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La congresista Debbie Wasserman Schultz sostuvo que, mientras se gastan cientos de millones en perseguir a migrantes que respetan la ley, los costos de vivienda, salud y alimentos siguen aumentando para las familias de Florida. Para ella, el estado debería “invertir en las familias, no en la crueldad” hacia quienes buscan oportunidades económicas.
Organizaciones de derechos civiles y grupos comunitarios también han advertido sobre el impacto de esta estrategia. Señalan que la expansión de centros de detención y la cooperación intensa con ICE generan miedo en comunidades inmigrantes, incluso entre residentes con estatus legal. Además, alertan sobre posibles abusos en arrestos rápidos y traslados lejanos del lugar de residencia.
Mientras tanto, el gobierno de Florida insiste en que estos gastos son necesarios para responder a lo que califica como crisis migratoria. La tensión política seguirá creciendo si el estado no recibe pronto los reembolsos federales prometidos, ya que entonces el uso de más de 500 millones de dólares de fondos de emergencia para ICE quedará, por completo, en la factura de los contribuyentes floridanos.
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