Dos llamadas al 911 desde el centro de detención Camp East Montana, en El Paso, revelaron 2 sobredosis ocurridas el 23 y el 24 de mayo. Los registros, obtenidos por El Paso Times mediante una solicitud de información pública, volvieron a poner bajo presión a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional.
Las llamadas se hicieron por 2 hombres de 35 y 34 años. El personal médico del centro las realizó, pero dio poca información. El Departamento de Bomberos de El Paso respondió a ambas emergencias, aunque todavía no se conoce el estado de salud de los afectados.
El caso se suma a una larga lista de denuncias sobre el centro, considerado el más grande del país. Organizaciones civiles y legisladores insisten en que las condiciones médicas y de seguridad requieren vigilancia urgente. La noticia también reabre el debate sobre la atención en centros de detención migratoria en Estados Unidos.
¿Qué revelan los audios del 911 sobre Camp East Montana?
Los registros muestran una primera llamada a las 4:00 p.m. del sábado 23 de mayo. La segunda ocurrió a las 9:18 a.m. del domingo 24 de mayo. Ambas se relacionan con sobredosis en el Camp East Montana, operado por ICE en El Paso.
No está claro si los 2 hombres eran detenidos, pero la información sí confirma una emergencia médica grave dentro del centro. El hecho de que el personal tuviera que llamar al 911 sugiere una respuesta interna insuficiente o tardía. Ese punto ha generado preocupación entre defensores de derechos civiles.
Charlotte Weiss, abogada del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, dijo que la noticia es “profundamente perturbadora”. También afirmó que las sobredosis reflejan preocupaciones ya documentadas sobre atención médica, salud mental, protección y seguridad. Sus palabras se alinean con denuncias previas sobre el mismo recinto.
¿Por qué este centro arrastra tantas denuncias?
Camp East Montana abrió en agosto de 2025 y desde entonces ha sido blanco de críticas por abusos a derechos humanos. El centro tiene capacidad para 5 000 personas y es considerado el más grande de Estados Unidos. Su tamaño, lejos de aliviar la crisis, ha multiplicado las denuncias.
En abril de 2026, Amentum Services tomó el control de la operación del lugar. Reemplazó a Acquisitions Logistics, empresa a la que se le canceló el contrato tras múltiples reportes de mala gestión. El cambio buscó corregir fallas, pero las nuevas denuncias muestran que los problemas siguen vivos.
Una investigación interna de ICE detectó 49 violaciones en el sitio cuando era administrado por Acquisitions Logistics. El informe incluyó 22 deficiencias sobre uso de la fuerza y restricciones, 11 sobre seguridad y control, y 5 sobre atención médica. También registró fallas en quejas, prevención de abuso sexual y acceso telefónico.
¿Qué dicen los legisladores y qué riesgo hay para los detenidos?
Representantes como Veronica Escobar, Angie Craig y otros líderes han expresado preocupación tras más de una docena de visitas de supervisión. Según sus observaciones, el acceso a servicios médicos y salud mental sigue siendo limitado. Ese punto es clave en un centro con miles de personas bajo custodia.
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La alerta no se limita a una mala administración. También toca el corazón del debate migratorio. Cuando un centro recibe reportes de sobredosis, abusos y deficiencias sanitarias, las autoridades deben demostrar que existen protocolos reales. Sin eso, crece el riesgo de daños irreparables.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Ese silencio alimenta más preguntas sobre la vigilancia federal. Mientras tanto, organizaciones y congresistas piden respuestas claras sobre cómo se atienden emergencias dentro del recinto.
La situación ocurre en un contexto más amplio de muertes bajo custodia. Al menos 49 migrantes han muerto bajo custodia de ICE desde que Donald Trump regresó al cargo, y 18 de esas muertes ocurrieron en 2026. Una investigación de Associated Press encontró que al menos 10 fueron suicidios.
¿Qué significa esto para la política migratoria?
El centro de El Paso se convirtió en un símbolo de las tensiones entre control migratorio y derechos humanos. Para ICE, es una instalación estratégica. Para los críticos, es una prueba de fallas estructurales. La discusión ya no se centra solo en quién entra o sale, sino en cómo se trata a los detenidos.
La magnitud del lugar también agrava el problema. Un centro con 5 000 cupos requiere personal, monitoreo médico y control operativo constantes. Si una instalación de ese tamaño acumula fallas, el riesgo deja de ser aislado y pasa a ser sistémico. Ese es el argumento que repiten congresistas y abogados.
La opacidad tampoco ayuda. Sin información completa sobre las 2 sobredosis, ni sobre el estado de los afectados, el caso queda abierto. Y cada nuevo episodio fortalece las dudas sobre la capacidad real del sistema para proteger a personas bajo custodia federal.
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