Ron DeSantis, gobernador de Florida, firmó en 2025 un paquete de leyes migratorias estrictas durante sesiones legislativas especiales, alineadas con la agenda de deportaciones masivas del presidente Trump. Estas normas, conocidas como SB 2-C, SB 4-C y SB 830, endurecen el control estatal sobre inmigración irregular, aunque algunas enfrentaron bloqueos judiciales.
SB 2-C: Estructura Institucional
Por un lado, la SB 2-C, promulgada el 13 de febrero de 2025, creó el State Board of Immigration Enforcement para coordinar con agencias federales como ICE. Además, prohibió licencias de conducir a indocumentados, endureció penas por delitos y lanzó un programa de subvenciones de 250-300 millones de dólares para fuerzas locales.
Entre los puntos centrales de la SB 2-C se incluyeron:
- La prohibición de emitir licencias de conducir o tarjetas de identificación estatales a inmigrantes indocumentados.
- El endurecimiento de penas para determinados delitos cometidos por personas sin estatus legal
- La creación de un Unauthorized Alien Transport Program, orientado a regular y sancionar el traslado de inmigrantes en situación irregular.
SB 4-C: Criminalización de Reingresos
Asimismo, la SB 4-C convirtió en delito estatal el reingreso de indocumentados tras deportación, eliminando exenciones de matrícula universitaria para estudiantes sin estatus legal desde julio de 2025. Sin embargo, un tribunal federal en Miami la bloqueó por invadir competencias federales, decisión ratificada por la Corte Suprema en julio.
SB 830: Control de Embarcaciones
En paralelo, la SB 830, efectiva desde julio de 2025, regula la disposición de embarcaciones usadas por migrantes, facilitando su decomiso y apoyo a operaciones federales. Esta ley complementa memorandos con ICE para expandir el programa 287(g), capacitando a policías locales en enforcement migratorio.
Impacto y Contexto
Estas medidas convierten a Florida en un bastión antiinmigrantes, con penas de muerte para indocumentados convictos de asesinato o violación. Por consiguiente, generan temor en comunidades hispanas, reduciendo viajes y matriculaciones, pese a desafíos legales
