El Estatus de Protección Temporal (TPS) se mantiene bajo protección legal temporal a cientos de miles de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Este estatus, creado en 1990, se otorga a personas de países con desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones que impiden un retorno seguro. Gracias a decisiones recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a fallos de tribunales federales, la continuidad del programa se definió país por país.
Según la información oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y del propio DHS, las extensiones, cancelaciones y excepciones del TPS 2026 varían según la nacionalidad y la fecha de emisión del beneficio. Por eso, es clave revisar siempre los avisos publicados en el Federal Register y las guías actualizadas de USCIS. Actualmente, entre los países latinoamericanos con más afectados destacan El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
¿Cómo quedan El Salvador, Honduras y Nicaragua?
Entre los países latinoamericanos, El Salvador es el que mantiene una designación de TPS plenamente activa hasta ahora. El DHS extendió formalmente la protección para salvadoreños hasta el 9 de septiembre de 2026, con vigencia de 18 meses desde el 10 de marzo de 2025. Esto permite que las personas ya registradas sigan residiendo y trabajando legalmente en Estados Unidos durante ese periodo. Sin embargo, siempre que conserven los requisitos de elegibilidad.
Además, el USCIS implementó extensiones automáticas de los permisos laborales vinculados al TPS salvadoreño. Los EAD con fechas de vencimiento entre 2018 y 2025 pueden considerarse válidos hasta el 9 de marzo de 2026, de acuerdo con los avisos oficiales. De esta forma, se evita que los beneficiarios pierdan su empleo mientras se procesan renovaciones o se revisan nuevas disposiciones.
En el caso de Honduras y Nicaragua, el panorama es más complejo. El DHS anunció la cancelación del TPS para ambos países en 2025, pero una corte federal en California postergó y luego vacó esas terminaciones. Consideraron que el proceso había sido irregular. Por eso, los permisos y protecciones continúan vigentes mientras se resuelven los recursos y apelaciones.
El USCIS ha señalado que los permisos de trabajo para hondureños y nicaragüenses amparados por el programa se extienden automáticamente mientras dure la protección ordenada por la justicia. Así, muchos EAD con vencimientos previos a la segunda mitad de 2025 siguen siendo válidos hasta nueva orden judicial o administrativa.
¿Qué pasa con Venezuela y los permisos de trabajo vinculados?
El caso de Venezuela dentro del TPS es especialmente delicado. Inicialmente, el DHS había extendido la designación de TPS venezolano por 18 meses, con vigencia hasta el 2 de octubre de 2026. Esto permitió que cientos de miles de personas mantuvieran su protección. Sin embargo, decisiones posteriores de la nueva dirección del DHS modificaron ese escenario. Incluyeron la vacancia de extensiones y la emisión de avisos de terminación.
Aun así, el USCIS aclara que existen excepciones importantes. Quienes recibieron su Documento de Autorización de Empleo (EAD) antes del 5 de febrero de 2025, con fecha de vencimiento al 2 de octubre de 2026, mantienen la autorización laboral hasta ese día, según la guía vigente. Además, los solicitantes que gestionaron renovaciones a tiempo pueden acceder a extensiones automáticas de hasta 540 días. Esto sería siempre que cumplan los criterios fijados por la agencia.
En la práctica, esto significa que una parte de los venezolanos conserva protección y permiso de trabajo ligado al TPS 2026, mientras que otros han perdido el amparo y deben explorar alternativas legales distintas. Por eso, USCIS insiste en que cada persona revise con un abogado acreditado su tipo de EAD, la fecha de emisión y los avisos más recientes.
¿Qué opciones tienen los migrantes si el TPS termina para su país?
La finalización definitiva del TPS implica la pérdida de la autorización para residir, trabajar y viajar legalmente bajo este programa. Sin embargo, el USCIS subraya que la cancelación del estatus no provoca una expulsión inmediata. Esto sucede ya que muchos beneficiarios pueden cambiar hacia otras vías migratorias si cumplen los requisitos.
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Entre las opciones más frecuentes figura el ajuste de estatus a residencia permanente, cuando existe un familiar directo ciudadano o residente, o una oferta laboral autorizada. También es posible solicitar una visa de no inmigrante. Por ejemplo, en aquellas categorías temporales abiertas por la normativa.
Otra alternativa es presentar una solicitud de asilo, incluso si ya pasó más de un año desde la llegada al país. El propio USCIS reconoce que haber gozado del TPS puede considerarse una “circunstancia extraordinaria” que detiene el plazo habitual para pedir asilo. No obstante, cada caso se analiza de manera individual. Para ello, toman en cuenta la situación personal, el historial migratorio y los riesgos en el país de origen.
Finalmente, las autoridades recomiendan a todos los beneficiarios consultar regularmente los portales oficiales del DHS y del USCIS, respetar los plazos de renovación y desconfiar de asesorías no autorizadas. En un contexto de cambios administrativos y judiciales constantes, mantenerse bien informado y con apoyo legal confiable es clave. Así podrán proteger la estabilidad migratoria, laboral y familiar.
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