El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció este jueves una agresiva expansión en el plan del gobierno para anular la ciudadanía de estadounidenses naturalizados. El funcionario confirmó a CBS News que la administración de Donald Trump busca revocar el estatus legal de quienes hayan mentido u ocultado información clave durante sus solicitudes migratorias.
Durante una entrevista televisada desde Phoenix, el fiscal Blanche advirtió directamente sobre las severas consecuencias para quienes hayan engañado a las autoridades federales en el pasado. Además, Blanche agregó con firmeza que la actual administración está impulsando y procesando la mayor cantidad de casos de desnaturalización de los últimos nueve años.
“Si vas a venir a obtener la ciudadanía de este país, pero lo vas a hacer mediante fraude, de una manera ilegal, deberías preocuparte”, declaró Blanche tajantemente. La reciente campaña marca un giro histórico en las políticas del Departamento de Justicia. Además, el departamento ha decidido priorizar las revisiones masivas de casos de inmigración cerrados hace tiempo.
¿Quiénes perderán su estatus de ciudadanos?
Aunque las autoridades no precisaron una cifra máxima exacta de personas que podrían perder finalmente su estatus, el fiscal sugirió que la campaña de revisión es sumamente amplia y afectará a diversos perfiles. “No nos limitamos a nadie en particular, salvo para decir que (…) hay muchas personas que son ciudadanas y no deberían serlo”, destacó Blanche durante la tensa entrevista.
A diferencia de los procesos rápidos de deportación, la revocación de la ciudadanía es competencia exclusiva del Departamento de Justicia. Este complejo proceso requiere de largos litigios en tribunales federales. Además, el gobierno debe demostrar formalmente ante un juez que el individuo obtuvo la naturalización de manera netamente fraudulenta. Las causas más comunes incluyen descubrir matrimonios falsos, mentir sobre el estatus criminal previo o presentar identidades inventadas.
Entre 1990 y 2017, Estados Unidos presentó un promedio anual de solo 11 casos de este tipo, reservándolos casi exclusivamente para conocidos criminales de guerra o terroristas. Sin embargo, esta realidad cambió drásticamente. Recientemente, el gobierno asignó 384 casos nuevos a fiscales regionales. Además, una nueva directiva instruyó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a enviar hasta 200 casos potenciales al mes para su revisión urgente.
¿Cuánto impactará en la población naturalizada?
Ante el enorme nerviosismo detectado en la inmensa comunidad de casi 24.5 millones de ciudadanos naturalizados en el país, Blanche desestimó que la preocupación deba ser generalizada. Argumentó que el esfuerzo está diseñado únicamente para proteger celosamente “la integridad del proceso de naturalización”.
“No creo que sea cierto que esos 24 millones de ciudadanos estén preocupados. Creo que solo un porcentaje muy pequeño de ellos lo está. Y sí, deberían estarlo”, aclaró el funcionario. Blanche remarcó su postura sobre la impunidad: “No debemos tolerar el fraude. No debemos tolerar las mentiras”. Los defensores de los inmigrantes temen fuertemente que pequeños errores en formularios puedan ser catalogados como fraude por fiscales agresivos.
Por ahora, el Departamento de Justicia recordó que existen claros mecanismos legales de defensa para todos los afectados. De hecho, los señalados podrán impugnar las duras demandas de revocación en la corte antes de que se tome una decisión definitiva que los convierta nuevamente en residentes permanentes o los enfrente a una rápida deportación.
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