El llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, anunció el retiro inmediato de 700 agentes migratorios de Minnesota y, en particular, de Mineápolis. Según explicó, la decisión responde a una “colaboración sin precedentes” de las autoridades locales con las operaciones federales de inmigración. Aun así, advirtió que miles de funcionarios federales seguirán desplegados en el estado para continuar con los operativos. El anuncio llega después de semanas de protestas masivas y de la indignación nacional por la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses.
Las movilizaciones se intensificaron tras los casos de Renée Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, quienes murieron durante intervenciones de agentes migratorios en enero. Además, el arresto y traslado del niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de cinco años, a un centro de detención en Texas, añadió presión política y social. En ese contexto, la Casa Blanca envió a Homan a Mineápolis con el encargo explícito de “desescalar” la situación en un estado gobernado por demócratas.
¿Por qué se van agentes migratorios de Minnesota?
Homan explicó que, gracias a nuevos acuerdos, los condados de Minnesota y las autoridades de las llamadas “Ciudades Gemelas” Mineápolis y Saint Paul se comprometieron a entregar a inmigración federal a las personas detenidas que no tengan estatus legal. Eso permite que más agentes trabajen dentro de cárceles y centros de detención, y menos tengan que patrullar las calles. “Esto es hacer cumplir la ley de manera más inteligente, no menos aplicación de la ley”, sostuvo el funcionario.
Según Homan, en Minnesota llegaron a operar cerca de 3,000 agentes federales, muy por encima del despliegue habitual. Con el retiro anunciado, aproximadamente 2,000 agentes seguirán en el estado concentrados en tareas de “seguridad pública” y detención de personas consideradas peligrosas. Aunque el gobierno insiste en que no está “retrocediendo”, el recorte supone una reducción significativa de la presencia visible de inmigración en barrios residenciales.
¿Cómo evalúa Homan la operación en Mineápolis?
Pese a las críticas, Homan calificó el operativo en Mineápolis como un “éxito” desde el punto de vista de la seguridad. Aseguró que se ha “sacado a muchos criminales de las calles”, aunque reconoció que “no fue una operación perfecta”. El despliegue fue parte de la operación “Metro Surge”, lanzada en diciembre para detener a inmigrantes indocumentados con expedientes penales, pero terminó afectando también a residentes sin antecedentes claros.
Las muertes de Renée Good, una madre de tres hijos, y de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fueron calificadas como homicidios por las autoridades forenses estatales. Esos casos provocaron reclamos de investigaciones independientes y revisiones a fondo de los protocolos de uso de fuerza por parte de agentes de inmigración y de la Patrulla Fronteriza. A raíz de la presión pública, el gobierno federal anunció incluso una investigación de derechos civiles por la muerte de Pretti.
¿Qué papel jugaron las autoridades?
El gobernador Tim Walz y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, criticaron desde el inicio el enorme despliegue federal en la región. Según ambos, la operación no estaba haciendo a Minnesota más segura, sino generando tensión, miedo y desconfianza hacia las instituciones. Tras el anuncio de Homan, Walz consideró el retiro de 700 agentes como “un paso en la dirección correcta”, aunque insuficiente.
Las autoridades estatales piden una retirada más rápida y amplia de fuerzas federales, además de investigaciones estatales sobre las muertes de Good y Pretti. Al mismo tiempo, organizaciones comunitarias insisten en que la presencia masiva de agentes migratorios ha alterado profundamente la vida cotidiana. Mientras tanto, el caso de Liam Conejo Ramos se ha convertido en símbolo de los costos humanos de estos operativos, después de que un juez federal ordenara su liberación y criticara con dureza las prácticas de detención.
¿Qué cambia con la retirada parcial de agentes?
Aunque el anuncio de Homan reduce la presión en las calles, no implica el fin de los operativos migratorios en Minnesota. El propio funcionario dejó claro que la aplicación de las leyes de inmigración continuará “todos los días” y que ningún indocumentado queda “fuera de la mesa”. La diferencia, según su planteamiento, será un enfoque más concentrado en personas consideradas amenazas para la seguridad pública y una mayor coordinación con cárceles y autoridades locales.
Sin embargo, defensores de inmigrantes y líderes locales advierten que, mientras sigan desplegados miles de agentes, el temor en las comunidades persistirá. El retiro de los funcionarios, señalan, es un avance parcial. Sin embargo, no resuelve de fondo las preocupaciones por el uso excesivo de la fuerza, la falta de transparencia y el impacto en las familias. En las próximas semanas, la atención seguirá puesta en cómo cambia, o no, la realidad diaria en las calles de Mineápolis y del resto de Minnesota.
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