La actual gestión republicana ha marcado un cambio drástico en la política migratoria estadounidense. Al cumplirse el primer aniversario de su mandato, la administración confirmó una nueva tendencia. Donald Trump acelera deportaciones de extranjeros priorizando la cantidad sobre el perfil delictivo. A diferencia de sus predecesores, el gobierno actual no hace diferencias entre criminales y trabajadores. Datos recientes indican que la mayoría de deportados carece de antecedentes penales graves. Esto ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos y comunidades inmigrantes.
¿Son reales los récords históricos anunciados?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció con orgullo haber logrado cifras sin precedentes. El pasado 20 de enero, comunicaron que casi tres millones de indocumentados abandonaron el país. El reporte oficial desglosa 2,2 millones de deportaciones voluntarias y más de 675.000 forzadas. Sin embargo, expertos cuestionan la veracidad y transparencia de estos números “históricos”.
La opacidad de los datos impide una verificación independiente de estas afirmaciones. El Instituto de Política Migratoria (MPI) señala que no está claro a quiénes están contabilizando. Es probable que incluyan a personas rechazadas en aeropuertos y fronteras. Por lo tanto, la comparación con las administraciones de Barack Obama y Joe Biden es difícil. De hecho, ambos demócratas superaron estas cifras en sus respectivos periodos.
No obstante, la diferencia radica en la calidad y el enfoque de las expulsiones. Obama llegó a deportar a tres millones de personas, pero con órdenes judiciales. Actualmente, Trump elimina requisitos legales previos para agilizar el proceso de deportación.
¿A quiénes está persiguiendo el gobierno?
El cambio más significativo está en el perfil de las personas detenidas actualmente. Las administraciones anteriores se enfocaron en expulsar a migrantes que fueran delincuentes peligrosos. También consideraban el tiempo de residencia y evitaban separar a las familias establecidas. El Gobierno de Trump ha eliminado completamente estas consideraciones humanitarias y estratégicas.
Para el DHS, los 14 millones de indocumentados estimados son objetivos criminales por igual. Las estadísticas revelan que solo entre un 25% y un 35% tiene antecedentes penales. Esto significa que la gran mayoría son personas trabajadoras sin deudas con la justicia. Muchos incluso tienen casos de asilo pendientes o permisos de trabajo vigentes.
David Hausman, profesor de la Universidad de Berkeley, analizó este fenómeno reciente. Él estima que los arrestos de personas sin antecedentes se han multiplicado por siete. Además, las detenciones en las calles por parte de ICE se multiplicaron por 11. Esto demuestra que la fuerza policial se ha trasladado de la frontera al interior.
¿Cómo afectan las redadas a las familias?
La agresividad de los agentes ha propagado el terror en las ciudades principales. Trump puso fin a la política de respetar “lugares sensibles” como escuelas. También se realizan arrestos en hospitales e instituciones religiosas sin restricciones. Los tribunales se han convertido en trampas para quienes asisten a sus citas.
Un caso emblemático es el de “Juan”, un trabajador venezolano deportado a República Dominicana. Él fue detenido en una redada sorpresa en su trabajo en Pensilvania. Juan tenía una cita de asilo mediante la aplicación CBP One, cancelada por Trump. “Yo les dije que tenía permiso de trabajo, pero no atendieron razones”, declaró.
Durante su arresto, experimentó la brutalidad policial que caracteriza los operativos actuales. Él relató cómo golpeaban a sus compañeros y a una mujer la arrojaron al suelo. Posteriormente, fue separado de su esposa e hijos y expulsado del país rápidamente. Ahora, deberá esperar al menos 10 años para intentar regresar legalmente.
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¿Qué consecuencias trae la violencia policial?
El traslado de la Patrulla Fronteriza al interior del país ha aumentado la tensión. Al haber menos cruces fronterizos, los agentes refuerzan las redadas en las urbes. Esta estrategia ha derivado en incidentes trágicos con ciudadanos estadounidenses. La violencia llegó a su punto álgido en enero con muertes por tiroteos.
Se reportó el fallecimiento de los ciudadanos Renée Good y Alex Pretti en operativos. Estos sucesos han provocado numerosas protestas a lo largo de todo el territorio. La profesora Ingrid Eagly, de la Universidad de California (UCLA), explica la gravedad legal. Ella señala que muchas deportaciones ocurren sin el debido proceso completo.
A menudo, la decisión recae únicamente en el criterio de un funcionario. Así, se ejecutan devoluciones forzosas sin una orden judicial de deportación formal. En conclusión, la política de “tolerancia cero” está afectando derechos civiles básicos. Mientras tanto, las comunidades migrantes viven en una incertidumbre constante por su futuro.
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