Donald Trump adelantó que emitirá una orden ejecutiva. Esto quitará a los estados la capacidad de regular la industria de la inteligencia artificial. En su visión, el poder de decisión sobre la IA debe estar en el gobierno federal, no en los congresos estatales. Trump considera que el país necesita un “único manual” de reglas para competir globalmente.
El presidente insiste en que Estados Unidos “está superando a todos los países” en la carrera por la IA. Sin embargo, advierte que eso podría cambiar si cada estado impone sus propias normas. Por eso, anunció que prepara una regulación de “UNA REGLA” que se aplicaría en todo el territorio. Esto tiene como intención frenar lo que considera interferencias locales en un sector estratégico.
¿Por qué Trump quiere centralizar la regulación de la IA?
La Casa Blanca ve la inteligencia artificial como un activo clave de seguridad nacional y de competitividad económica frente a potencias como China. Desde esa óptica, Trump argumenta que una regulación dispersa, con hasta 50 marcos legales distintos, debilitaría a las empresas estadounidenses. Además, retrasaría el despliegue de nuevas tecnologías.
Además, el mandatario subraya que la IA es uno de los principales vectores de inversión en el país. Por eso, sostiene que las reglas no deberían definirse estado por estado. Deben estar basadas en una política federal coordinada. Esto es con el fin de dar certidumbre a las grandes tecnológicas y a los inversionistas.

Pese al tono categórico de Trump, su estrategia enfrenta un fuerte escepticismo en el Congreso. Legisladores demócratas y algunos republicanos temen que una regulación demasiado laxa aumente los riesgos de pérdida de empleos, desinformación y afectaciones sociales.
Los sondeos muestran que la preocupación por el impacto de la IA en el mercado laboral crece especialmente entre los jóvenes. Ellos temen ver reducidas sus oportunidades de trabajo. Esa inquietud alimenta la resistencia a dejar toda la regulación en manos de la industria y del gobierno federal. Esto sucede sin contrapeso de los estados.
¿Qué medidas de presión podría usar contra los estados?
Según un borrador de orden ejecutiva filtrado en Washington, el equipo de Trump ya diseñó un grupo de trabajo en la Casa Blanca. Este grupo llevaría a los tribunales leyes estatales sobre IA consideradas demasiado restrictivas. Ese equipo se encargaría de impugnar normas locales que afecten a empresas o proyectos tecnológicos.
El presidente también estudia una medida más dura: limitar el acceso de ciertos estados a fondos federales. Estos fondos están destinados a proyectos de internet de banda ancha. Si insisten en avanzar con regulaciones propias de inteligencia artificial, esto sería aplicado. Con ello, busca presionar a los gobiernos locales para que se alineen con la futura normativa nacional.

La idea de frenar las regulaciones estatales está respaldada por asesores cercanos a Trump y por líderes de la industria de la IA. Su consejero en temas de inteligencia artificial y criptomonedas, David Sacks, impulsa una estrategia de regulación única. Esto es apoyado por figuras como el máximo responsable de OpenAI, Sam Altman, y el presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.
Huang advirtió ante periodistas, tras una audiencia en el Congreso, que una proliferación de leyes estatales “detendría esta industria” y crearía un problema de seguridad nacional. Según su argumento, Estados Unidos necesita avanzar “lo más rápido posible” en inteligencia artificial. También debe evitar un entramado regulatorio que complique la innovación.
¿En qué punto está el debate?
Mientras se discute el decreto, en los congresos estatales se acumulan ya más de mil proyectos de ley relacionados con la IA. Estos abarcan desde protección de datos hasta uso en educación, vigilancia o empleo. Para los defensores de estas iniciativas, los estados son laboratorios democráticos que pueden reaccionar más rápido ante los riesgos.
El choque entre la Casa Blanca y los gobiernos estatales anticipa una batalla legal. Esta puede definir quién decide las reglas del juego para la inteligencia artificial en la próxima década. Y, al mismo tiempo, marcará el equilibrio entre innovación tecnológica, protección de derechos y poder político dentro de Estados Unidos.
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