Defensores de los derechos civiles presentaron una nueva demanda este lunes para bloquear partes clave de una ley antiinmigrante en Texas. La normativa permite a las policías locales y estatales, junto con jueces del estado, arrestar y deportar a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera con México.
La querella legal fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, conocida como ACLU por sus siglas en inglés, y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas. Estas organizaciones solicitaron a un tribunal federal que emita una orden de restricción inmediata. El objetivo es impedir que varias disposiciones del Proyecto de Ley del Senado 4, comúnmente llamado SB4, entren en vigor el próximo 15 de mayo.
La SB4 es considerada una de las leyes antiinmigrantes más extremas aprobadas por la legislatura de cualquier estado en el país. Fue firmada originalmente en 2023 por el gobernador republicano Greg Abbott. Sin embargo, la medida se mantenía en pausa tras una demanda inicial entablada por la ACLU en ese mismo año. Recientemente, un tribunal de apelaciones falló en contra de los demandantes, argumentando que las organizaciones no tenían derecho procesal para frenarla. Esto reactivó la emergencia de frenar su avance antes de la fecha límite.
¿Qué medidas extremas incluye la ley SB4?
La legislación otorga poderes excepcionales al sistema de justicia estatal de Texas, invadiendo funciones tradicionalmente reservadas al gobierno federal. En primer lugar, la norma tipifica el ingreso irregular desde México como un crimen a nivel estatal. Esto conlleva penas severas: la condena puede ir desde 6 meses de cárcel hasta 20 años de prisión para personas consideradas reincidentes.
En concreto, la nueva demanda busca impedir que entren en vigor 4 disposiciones críticas de esta ley. Busca evitar la tipificación como delito del reingreso sin autorización, y castigar el incumplimiento de una orden de un juez estatal relacionada con inmigración. Además, intenta frenar el poder otorgado a los magistrados estatales para ordenar la deportación directa de migrantes hacia México. Finalmente, busca detener la exigencia de que los jueces de Texas procesen a una persona incluso si tiene un caso migratorio pendiente en un tribunal federal.
“El S.B. 4 transformaría a nuestra policía y a nuestros jueces en agentes de inmigración”, advirtió Adriana Piñon, directora legal de la ACLU de Texas. A través de un comunicado oficial, Piñon señaló que la ley amenaza a vecinos que han vivido en el país durante años e incluso a quienes poseen estatus legal. Además, la abogada reiteró que la aplicación de las leyes de inmigración es competencia “exclusiva” de las autoridades federales, y que ningún estado ha reclamado jamás ejercer este nivel de poder.
¿Cuál es el impacto en las comunidades latinas?
La inminente entrada en vigor de la ley ha generado profunda preocupación y miedo entre la población hispana y las comunidades inmigrantes. Diversos activistas aseguran que la normativa abre la puerta al perfilamiento racial por parte de la policía, al otorgarles la facultad de cuestionar el estatus migratorio durante cualquier interacción rutinaria, como una simple parada de tráfico.
“Nuestra lucha contra el SB 4 no concluirá hasta que se haga justicia”, afirmó Gibson Kumar, del Proyecto de Derechos Civiles de Texas. Kumar describió la medida como una ley “atroz” que utiliza recursos estatales para perjudicar a las comunidades en todo el estado, desatendiendo la seguridad pública general. Por su parte, la oficina del fiscal general del estado, Ken Paxton, declinó ofrecer comentarios respecto a la nueva demanda civil.
¿Cómo presiona el gobernador a las principales ciudades?
La controversia por la SB4 no se limita a las cortes federales. El gobernador Greg Abbott ha iniciado una fuerte campaña de presión política y financiera contra los gobiernos locales. Su administración exige a las principales ciudades del estado, incluyendo Houston, Dallas y Austin, que no limiten la colaboración entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés.
Abbott amenazó recientemente con recortar cerca de 200 millones de dólares en fondos de seguridad pública a estas ciudades. El mandatario argumenta que las políticas locales que evitan prolongar detenciones para entregar sospechosos a agentes de ICE violan directamente la ley estatal. Sin embargo, varios líderes locales y organizaciones civiles defienden estas normativas, argumentando que protegen los derechos constitucionales de los residentes y mantienen la confianza ciudadana en la policía.
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