La Ley SB-8 de Texas, vigente desde el 1 de enero de 2026, obliga a los sheriffs de condados que gestionan cárceles a firmar acuerdos 287(g) con ICE, fortaleciendo la colaboración policial contra la inmigración ilegal. Por lo tanto, esta medida responde a la agenda del gobernador Greg Abbott y el presidente Donald Trump para acelerar deportaciones masivas. Además, permite a oficiales locales ejecutar funciones migratorias específicas bajo supervisión federal, identificando indocumentados en detenciones.
¿Cuál es el origen del programa?
El programa 287(g), nombrado por la sección del Immigration and Nationality Act, delega autoridad federal a policías estatales y locales desde 2002. Sin embargo, la SB-8 lo hace mandatorio para condados con más de 100.000 habitantes, requiriendo solicitudes al ICE antes del 1 de diciembre de 2025. En consecuencia, sheriffs como Javier Salazar de Bexar aclaran que los agentes no patrullan como migratorios en calles, sino que procesan órdenes dentro de cárceles, capacitando al menos un oficial por departamento.
Entre otras cuestiones, la ley marca que todos los condados que administren una cárcel deben solicitar a la autoridad federal su participación en un programa de este tipo. Esta iniciativa tiene el objetivo de brindar apoyo al ICE.
En ese sentido, Salazar explicó cuál es la obligación que tiene el condado y cómo se aplicará la norma en Bexar. “Lo único que va a cambiar es que un oficial en mi cárcel va a tener la autoridad de ejecutar las órdenes”, indicó. Según su relato, la ley no implica ninguna otra acción para las autoridades policiales, por lo que afirmó que no se modificará el trato con los residentes.
¿Qué se sabe de las razones estratégicas de Texa?
Primero, la ley busca combatir el crimen transfronterizo, priorizando la remoción de indocumentados con antecedentes penales. Por ejemplo, modelos como “Jail Enforcement” permiten verificar estatus migratorio durante arrestos rutinarios. De igual modo, Texas otorga subvenciones basadas en población para implementación, con sanciones legales para incumplidores. Así, esta colaboración contrasta con “ciudades santuario” y responde a un aumento del 30% en cruces ilegales reportados en 2025.
Impacto y reacciones
Aunque el sheriff Salazar insta a migrantes a denunciar delitos sin temor, grupos como ACLU advierten erosión de confianza comunitaria. No obstante, defensores celebran 1.500 arrestos recientes en redadas conjuntas. Finalmente, esta política alinea Texas con la ofensiva nacional de ICE, proyectando miles de deportaciones en 2026.
