Se informa que un republicano de Texas planea presionar a la administración Trump para que siga un nuevo camino que permitiría a algunos inmigrantes indocumentados trabajar legalmente en la industria de la construcción estadounidense. Texas evalúa dar estatus legal como parte de esta nueva propuesta.
La representante Mónica De La Cruz, republicana de Edinburg, dijo que planea explorar formas para que los inmigrantes trabajen legalmente en el sector de la construcción, y se reunirá con funcionarios del Departamento de Trabajo de EE.UU. para explorar opciones después de que los líderes de la industria local explicaran el impacto de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los sitios de construcción. Además, Texas evalúa formas para dar estatus legal en medio de estos desafíos.
¿Qué se sabe de la Ley SB-8?
A pesar de la iniciativa, Texas aún desea mantener su estricto control migratorio bajo la ley SB-8. En primer lugar, la norma requiere que condados con más de 100.000 habitantes participen obligatoriamente en 287(g), permitiendo a oficiales locales verificar estatus migratorio en cárceles. Además, incluye modelos como Jail Enforcement (JEM) para interrogar detenidos y Warrant Service Officer (WSO) para ejecutar órdenes de ICE. Sin embargo, no contempla vías para legalización, sino un aumento en identificaciones de indocumentados por infracciones menores.
¿Cuál es su financiamiento?
El estado asigna fondos según población: hasta $140.000 por condado grande, incentivando la cooperación. Mientras tanto, a diciembre de 2025, ICE reporta 1.255 acuerdos 287(g) en 40 estados, con Texas como foco principal. En consecuencia, se prevé mayor remoción de extranjeros, priorizando seguridad pública sobre amnistías. Sin embargo, Texas evalúa dar estatus legal, lo cual podría cambiar la actual situación restrictiva.
Críticas y controversias
Por un lado, defensores argumentan que protege comunidades al remover criminales indocumentados; por otro, críticos advierten sobre perfil racial, afectando latinos, ciudadanos y residentes legales. Asimismo, podría separar familias con hijos estadounidenses, exacerbando tensiones sociales. No obstante, ninguna iniciativa estatal propone estatus legal para indocumentados en Texas este año.
Contexto nacional
Bajo la presidencia de Trump, reelegido en 2024, Texas alinea con políticas federales restrictivas, contrastando con estados como California. En resumen, la SB-8 fortalece enforcement local sin concesiones migratorias, generando debates sobre discriminación y derechos humanos. A pesar de ello, la evaluación del estatus legal surge en medio de la frustración de los trabajadores de Texas por cómo la aplicación de la ley de inmigración está afectando a su fuerza laboral. Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestaron a más de 9,100 personas en el sur de Texas durante el año pasado, según el Tribuna de Texas.
