El Gobierno de Estados Unidos ha aceptado formalmente permitir que el Estado venezolano financie la millonaria defensa legal del presidente derrocado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Esta sorpresiva decisión, confirmada en una carta presentada por los fiscales federales a última hora del pasado viernes, pone fin a un tenso y prolongado enfrentamiento legal en los tribunales neoyorquinos. Tanto Maduro como Flores se han declarado inocentes de los graves cargos penales que enfrentan tras su captura a principios de este año.
Los fiscales federales informaron detalladamente al juez que supervisa el caso que el Departamento del Tesoro estadounidense aceptó modificar una licencia especial. Esta modificación permitirá realizar los pagos directamente a los abogados de Maduro y su esposa sin violar las estrictas leyes de sanciones internacionales vigentes. “Las licencias modificadas autorizan a los abogados defensores recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”, explicaron los fiscales, indicando que los pagos se realizarán con fondos de los que disponga el Estado a partir del 5 de marzo de 2026.
Tanto la pareja como el propio Gobierno venezolano están sujetos a severas sanciones económicas impuestas por Washington. Por lo tanto, cualquier individuo o bufete de abogados que desee recibir un pago monetario de ellos debe obtener obligatoriamente una licencia especial emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, para evitar cometer un delito federal.
¿Cuál fue el origen de esta disputa legal?
A finales del mes pasado, el abogado principal de Maduro, Barry Pollack, había denunciado públicamente que la OFAC concedió y posteriormente revocó, de manera abrupta, una licencia que permitía al Estado venezolano pagar sus honorarios legales. Los fiscales federales argumentaron en su momento que dicha revocación se trataba simplemente de un “error administrativo”. Además, sugirieron que la pareja podía acceder a sus “fondos personales” en Venezuela para cubrir todos sus gastos legales.
Sin embargo, el abogado Pollack argumentó fuertemente que la repentina revocación violaba de manera directa el derecho constitucional de Maduro a defenderse adecuadamente de los cargos en su contra. Según Pollack, tanto Maduro como su esposa habían declarado oficialmente bajo juramento que no disponían de fondos propios ni cuentas personales suficientes para pagar de su bolsillo los altísimos honorarios legales que requiere un caso federal de esta magnitud.
Ante esta situación, los abogados solicitaron formalmente al juez que desestimara toda la acusación. Alegaron que el Gobierno de Estados Unidos estaba obstaculizando intencionalmente su capacidad técnica y financiera para defenderse de los cargos penales. Además, señalaron que esos cargos están directamente relacionados con una presunta trama de conspiración de narcoterrorismo a gran escala.
¿Qué se debatió en las audiencias judiciales previas?
Durante una tensa audiencia realizada el mes pasado, los fiscales del caso adoptaron una postura muy agresiva. Acusaron a Maduro y a su círculo íntimo de haber “saqueado la riqueza de Venezuela” durante años. Por otra parte, defendieron firmemente que el Gobierno estadounidense debería tener la capacidad total de “utilizar las sanciones para influir en la política exterior”. El fiscal argumentó que limitar el acceso a los fondos era el propósito principal de las sanciones y una razón justificable en este contexto.
El juez Alvin Hellerstein, sin embargo, se mostró visiblemente escéptico y poco convencido ante la dura postura del Gobierno estadounidense. El magistrado recordó a los fiscales que Maduro y su esposa ya se encontraban confinados bajo estricta custodia federal. Por ello, afirmó que, en su condición actual como reclusos, no creía razonable que representaran ninguna amenaza real para la seguridad nacional. Tras la modificación de la licencia por parte de la OFAC, los fiscales indicaron que los abogados de los Maduro retiraron su recurso judicial.
Actualmente, Maduro y Flores se encuentran bajo estricta custodia en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, Nueva York. Esta cárcel federal, inaugurada en 1994, ha sido descrita por diversos abogados como un recinto con condiciones sumamente duras y rigurosas. Mientras tanto, el abogado Pollack ha señalado que planea impugnar la legalidad misma de la detención militar. Además, alega que su cliente goza de inmunidad judicial porque la supuesta conducta ilegal tuvo lugar mientras ejercía formalmente como jefe de Estado.
¿Cuál es la situación política actual en Venezuela?
El panorama político de Venezuela cambió drásticamente el 3 de enero de 2026, cuando un equipo militar de élite estadounidense realizó una inédita incursión antes del amanecer en Caracas, capturando a Maduro y a su esposa para llevarlos a Nueva York. Aunque Maduro fue elegido presidente por primera vez en 2013, Estados Unidos y docenas de otros países dejaron de reconocerlo como líder legítimo desde el año 2019.
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Tras la repentina captura militar, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela emitió una sentencia exprés nombrando a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como encargada del Poder Ejecutivo. Sorprendentemente, el Gobierno del presidente Donald Trump decidió reconocer circunstancialmente a Rodríguez como la líder operativa de Venezuela. Por ello, abandonó el apoyo a la oposición tradicional liderada por María Corina Machado.
Funcionarios de la administración Trump indicaron que Rodríguez había impresionado a Washington con su gestión de la crucial industria petrolera venezolana. Para facilitar esta inusual transición política, el Departamento de Justicia levantó las sanciones personales que pesaban sobre Rodríguez desde 2018. Así, le permitieron actuar formalmente en nombre del Estado venezolano.
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