El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha iniciado formalmente un agresivo proceso legal sin precedentes para revocar la ciudadanía estadounidense de más de 350 personas en todo el país. Esta controvertida iniciativa, impulsada directamente por la administración de Donald Trump, fue revelada inicialmente este viernes a través de un informe del The New York Times.
Según revelaron altos funcionarios del Gobierno, la Justicia estadounidense tiene en la mira exactamente a 384 individuos nacidos en el extranjero, a quienes presentará muy pronto demandas civiles formales para desnaturalizarlos. La administración Trump no planea detenerse ahí. Su objetivo es expandir masivamente y acelerar estos procesos judiciales a lo largo y ancho de todo el país. Delegaran estos casos a fiscales regulares en 39 oficinas regionales en lugar de utilizar solo a los especialistas en inmigración.
Históricamente, despojar a un ciudadano naturalizado de su estatus ha sido una práctica sumamente rara y extrema. Entre los años 1990 y 2017, el Gobierno de Estados Unidos persiguió apenas un promedio de 11 casos de desnaturalización por año. Sin embargo, la nueva directriz del Gobierno busca cambiar radicalmente esta norma. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha recibido instrucciones de enviar al Departamento de Justicia entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes.
¿Qué se necesita para revocar la ciudadanía?
Para que el Gobierno federal pueda quitarle la ciudadanía a alguien, el proceso es riguroso. El Departamento de Justicia tiene que probar fehacientemente ante una corte civil que el individuo obtuvo su estatus legal de manera fraudulenta o ilegal. Algunos ejemplos comunes incluyen haber ocultado antecedentes penales graves que lo harían no apto para la ciudadanía en el momento de su solicitud original, o personas con vínculos ocultos con grupos extremistas o haber ingresado al país a través de un matrimonio ficticio.
Es fundamental aclarar que este severo proceso solo puede aplicarse estrictamente a los “ciudadanos naturalizados”. Este término legal define a las personas que no nacieron físicamente dentro del territorio de Estados Unidos. Se refiere a aquellos que emigraron legalmente, pasaron por el arduo proceso de evaluación del USCIS, aprobaron sus exámenes y obtuvieron la ciudadanía posteriormente prestando juramento. Los ciudadanos nacidos en EE.UU. (por derecho de nacimiento) no pueden ser desnaturalizados bajo estas reglas civiles.
Un portavoz oficial del Departamento de Justicia confirmó la magnitud de esta ofensiva legal. Señaló que el Gobierno actual está buscando lograr y procesar “el volumen más alto” de revocaciones de ciudadanía “en la historia” del país. No se han revelado los nombres ni las nacionalidades exactas de los 384 individuos actualmente en la lista negra. Sin embargo, reportes previos indicaban un enfoque particular en ciudadanos de origen somalí, algo que el propio presidente Trump confirmó en entrevistas recientes.
¿Cuáles son las nuevas prioridades del Gobierno?
En julio del año pasado, el Departamento de Justicia publicó un memorando interno instruyendo específicamente a su División de Asuntos Civiles a enfocarse de manera agresiva en los casos de revocación de ciudadanía. Este documento oficial enumeró una clara lista de individuos para que el Departamento priorice de inmediato en estos procesos de litigio.
Las prioridades actuales del Gobierno federal incluyen a personas con supuestos nexos al terrorismo internacional, individuos involucrados en el narcotráfico y miembros de cárteles, así como aquellos implicados en el tráfico ilícito de personas. Adicionalmente, la lista incluye de manera destacada a cualquier ciudadano naturalizado que haya cometido un fraude comprobado para obtener ayudas públicas gubernamentales, tales como el fraude a los programas de salud Medicare y Medicaid.
A pesar de estas prioridades aparentemente claras, el presidente Trump ha expresado públicamente razones mucho más subjetivas y polémicas para quitar la ciudadanía. En una entrevista, el mandatario sugirió que le gustaría desnaturalizar a personas si son “deshonestas”, si se “quejan” demasiado, si “causan problemas” o si, en su opinión personal, “odian a nuestro país”. Estas declaraciones han encendido las alarmas de las organizaciones defensoras de las libertades civiles.
¿Por qué existe preocupación entre las organizaciones civiles?
El principal motivo de preocupación radica en el concepto legal de “buen carácter moral”. Este es un requisito indispensable para obtener la ciudadanía. Y de comprobarse que no se cumplía en el momento de la naturalización, la ciudadanía puede ser revocada. Sin embargo, el término “buen carácter moral” no está definido de manera específica ni exhaustiva en la ley de inmigración, lo que lo vuelve altamente subjetivo y propenso a interpretaciones políticas.
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Organizaciones de derechos civiles han advertido fuertemente que esta ambigüedad legal puede dar paso a que se utilice la desnaturalización como un arma política. Temen que el Gobierno intente revocar la ciudadanía por acciones que están plenamente “protegidas por la Primera Enmienda” de la Constitución, como el simple derecho a protestar pacíficamente o criticar abiertamente al Gobierno en el poder.
Un informe reciente de la respetada organización Brennan Center for Justice ilustra claramente este temor. “La Administración Trump ha arrestado, detenido y deportado a manifestantes a favor de Palestina que asistieron a protestas donde se dañaron bienes y propiedades. La desnaturalización podría convertirse en una extensión de esos intentos”, señaló advirtiendo el documento. Estas acciones podrían crear ciudadanos “de segunda clase” que vivan con el miedo constante de perder su estatus y ser deportados por ejercer sus derechos civiles.
