El estado de Nueva York ha decidido llevar al Gobierno federal a los tribunales tras sufrir una drástica represalia financiera. La administración estatal presentó una demanda formal para impugnar la decisión del Departamento de Transporte (DOT) de retener casi 74 millones de dólares en fondos destinados a reparar carreteras. La sanción económico ocurrió luego de que Nueva York se negara a revocar las licencias comerciales de conducir de unos 33,000 inmigrantes.
Con esta acción legal, Nueva York se suma a California en la batalla judicial contra los agresivos esfuerzos del actual secretario de Transporte, Sean Duffy. Duffy, designado por el presidente Donald Trump, busca endurecer drásticamente las normas federales sobre qué categorías de inmigrantes pueden calificar para obtener o mantener una licencia comercial de conducir (CDL) en Estados Unidos. El Gobierno federal declinó hacer comentarios sobre esta nueva demanda, pero insiste en que los estados deben acatar las reglas de inmediato.
La controversia estalló tras una revisión federal que encontró supuestas “fallas importantes” en el sistema de emisión de Nueva York. Los funcionarios del DOT indicaron que el sistema computarizado del estado emitía por defecto licencias comerciales válidas por ocho años a todos los inmigrantes. Además, esto sucedía sin importar cuánto tiempo de vigencia legal les quedara en sus visas. Este descuido permitía que muchos conductores mantuvieran sus licencias mucho tiempo después de que expirara su estatus legal en el país.
¿Por qué Nueva York se niega a revocar las licencias?
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, defendió firmemente las acciones del estado. James afirmó que Nueva York siguió correctamente todas las normas federales sobre licencias comerciales que estaban vigentes en el momento exacto en que se emitieron. Por ello, no planea revocarlas de manera retroactiva. El estado sostiene que es ilegal que el DOT retenga los 73.5 millones de dólares destinados a mejorar la seguridad de los puentes y autopistas.
“Los funcionarios de Nueva York revisaron todos esos casos y determinaron que todos los beneficiarios estaban autorizados a estar en el país cuando recibieron sus licencias”, indicó James. La fiscal general advirtió sobre el enorme impacto económico del recorte: “Al cancelar estos fondos, el gobierno federal está poniendo en riesgo empleos y comunidades. Los neoyorquinos cuentan con estas inversiones, y no permitiremos que el presidente ponga en peligro la seguridad de nuestras comunidades”.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también se pronunció al respecto, señalando la hipocresía de la medida. Hochul recordó que las auditorías realizadas durante la primera administración de Trump (2017-2021) ya habían confirmado que el estado estaba cumpliendo cabalmente con las regulaciones de la época. “Una vez más, Nueva York enfrenta recortes federales devastadores por nada más que represalia política”, expresó tajantemente la gobernadora demócrata.
¿Cuáles son las nuevas restricciones para conductores?
La presión federal se intensificó tras un trágico accidente ocurrido en Florida en agosto del año pasado. En dicho choque estuvo involucrado un camionero inmigrante sij que, según el secretario Duffy, nunca debió haber tenido licencia comercial vigente. Este camionero realizó un giro en U ilegal que resultó en la muerte de tres personas. Esto impulsó a la administración Trump a promover la “Ley Dalilah” e implementar estrictas reglas de emergencia.
A partir de febrero de 2026, el DOT emitió una regla final que establece que los únicos conductores foráneos que pueden obtener una licencia comercial “no domiciliada” son los titulares de las visas de trabajo H-2A, H-2B o E-2. La visa H-2A es para trabajadores agrícolas temporales, la H-2B para trabajadores no agrícolas, y la E-2 para inversionistas. Además, las licencias ahora tendrán una validez estrictamente limitada al tiempo autorizado en su visado, o máximo un año.
Esta nueva normativa excluye por completo a miles de inmigrantes que anteriormente sí calificaban bajo reglas más flexibles. Según expertos legales, solicitantes de asilo, refugiados, e incluso los jóvenes beneficiarios del programa DACA (Dreamers), ya no podrán renovar sus licencias comerciales de conducir cuando estas expiren. El Documento de Autorización de Empleo (EAD) ya no se considera prueba suficiente para emitir este permiso federal.
¿Cuál es el impacto en la industria del transporte?
La industria del transporte terrestre enfrenta un panorama incierto. Actualmente, los inmigrantes representan aproximadamente el 20% de todos los camioneros en Estados Unidos, desempeñando un rol vital en la cadena de suministro nacional. Aunque las licencias para “no domiciliados” representan solo un 5% del total (unos 200,000 conductores afectados directamente), grupos pro-inmigrantes advierten que muchos trabajadores están siendo señalados y criminalizados injustamente.
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Estados conservadores han comenzado a aplicar las nuevas normativas con celeridad. Florida fue pionera en restringir estas licencias, y recientemente, estados como Indiana (desde el 1 de abril) y Delaware se han sumado a los controles. En contraste, estados progresistas como California y Nueva York están resistiendo. Por ello, están sufriendo enormes penalizaciones. California, por ejemplo, ya ha perdido 200 millones de dólares por negarse a revocar cerca de 20,000 licencias.
Mientras las agrupaciones de la industria camionera aplauden las medidas argumentando que mejoran la seguridad vial y evitan la contratación de mano de obra barata, los defensores de los derechos civiles preparan múltiples demandas. Afirman que exigir a los camioneros dominar el inglés a la perfección y tener un estatus migratorio impecable para manejar un camión limitará el flujo de mercancías y generará escasez en el país.
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