La administración del presidente Donald Trump retiró en silencio a todas las tropas federalizadas de la Guardia Nacional que había desplegado en Los Ángeles, Chicago y Portland, finalizando el repliegue el 21 de enero de 2026. La decisión llegó después de que la Corte Suprema bloqueara temporalmente el despliegue en Chicago en diciembre de 2025, marcando un revés judicial significativo para los planes militares del mandatario en ciudades gobernadas por demócratas. Según el Comando Norte de Estados Unidos en su sitio web oficial, todas las tropas bajo el Título 10 en esas 3 ciudades completaron las actividades de desmovilización, aunque ni la Casa Blanca ni el Pentágono anunciaron públicamente la retirada.
El despliegue original había movilizado hasta 6 000 efectivos, la mayoría en Los Ángeles, y fue rechazado por las autoridades locales que acusaron a la administración Trump de actuar de manera autoritaria. Según The Washington Post, que reveló la retirada el 11 de febrero de 2026, antes del repliegue final quedaban 300 soldados en Chicago, 100 en Portland y 100 en Los Ángeles. La retirada no afectó a otros despliegues que el gobierno Trump mantiene activos en Washington D.C., Memphis y Nueva Orleans, los cuales fueron enviados mediante mecanismos legales distintos que no requirieron federalizar los contingentes.
El contexto de estos despliegues es clave para entender su impacto en las comunidades latinas. La administración Trump justificó la presencia militar argumentando que era necesaria para combatir altos índices de criminalidad y apoyar operaciones de ICE para arrestar a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la presencia de tropas federales en las calles generó temor en barrios con alta concentración de familias migrantes, donde la militarización de espacios urbanos se percibió como una amenaza directa.
¿Qué significa realmente “federalizar” a la Guardia Nacional?
La Guardia Nacional normalmente opera bajo el control de los gobernadores estatales, quienes la activan para emergencias locales como desastres naturales o disturbios civiles. Sin embargo, el presidente puede “federalizarla” bajo el Título 10 del Código de Estados Unidos, lo que transfiere el mando de las tropas del nivel estatal al federal. Según el Centro Brennan para la Justicia en un análisis sobre el Título 10, cuando una unidad es federalizada, ejecuta misiones federales bajo comando federal, con financiamiento y beneficios también federales.
El Título 10 contempla varias secciones que permiten al presidente tomar esta acción. La Sección 12406, que Trump invocó para Los Ángeles, Chicago y Portland, permite la federalización cuando Estados Unidos enfrenta una invasión extranjera, cuando existe una rebelión o cuando el presidente “no puede, con las fuerzas regulares, hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos”. Esta última justificación fue la que Trump utilizó, argumentando que necesitaba proteger a agentes de ICE y edificios federales durante operativos migratorios.
El problema legal surgió porque los tribunales consideraron que las circunstancias no calificaban como excepcionales. La jueza federal April Perry, nombrada por el presidente Joe Biden, determinó en octubre de 2025 que el gobierno había excedido su autoridad. Según CNN en Español sobre la decisión de la Corte Suprema del 23 de diciembre de 2025, el máximo tribunal afirmó: “En esta fase preliminar, el gobierno no ha presentado una fuente de autoridad que permita a las Fuerzas Armadas aplicar las leyes en Illinois”.
¿Por qué la Corte Suprema bloqueó el despliegue en Chicago?
El bloqueo de la Corte Suprema representa un precedente importante sobre los límites del poder presidencial. El caso Trump v. Illinois cuestionó si el presidente puede usar la Guardia Nacional para hacer cumplir leyes de inmigración cuando no existe una crisis de seguridad nacional clara. La decisión, emitida en diciembre de 2025, señaló que la capacidad del presidente para federalizar tropas solo aplica en circunstancias excepcionales, las cuales no se daban en Chicago.
El tribunal tardó más de 2 meses en resolver la apelación de emergencia presentada por el gobierno en octubre de 2025. Durante ese tiempo, funcionarios de defensa modificaron los despliegues programados y redujeron significativamente el número de efectivos. Solo los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch expresaron su desacuerdo con la decisión de bloquear el despliegue, mientras que la mayoría conservadora del tribunal respaldó las restricciones.
Sentencia
La sentencia estableció que antes de que el presidente pueda federalizar a la Guardia conforme a la Sección 12406(3), debe contar con autoridad legal o constitucional para ejecutar las leyes con fuerzas militares regulares y, además, debe ser incapaz de hacerlo incluso con esas fuerzas. En otras palabras, el presidente no puede simplemente decidir que necesita tropas; debe demostrar que agotó otras opciones y que existe una emergencia real que justifique la acción militar.
Tabla 1: Despliegues de la Guardia Nacional bajo Trump (2025-2026)
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| Ciudad | Estado | Número máximo de tropas | Fecha de despliegue | Estado actual | Base legal utilizada | Oposición judicial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Ángeles | California | 4 000 – 6 000 | Junio 2025 | Retiradas el 21 de enero de 2026 | Título 10, Sección 12406 | Sí, bloqueado por tribunal de distrito |
| Chicago | Illinois | 300 | Octubre 2025 | Retiradas el 21 de enero de 2026 | Título 10, Sección 12406 | Sí, bloqueado por Corte Suprema |
| Portland | Oregón | 100 | Septiembre 2025 | Retiradas el 21 de enero de 2026 | Título 10, Sección 12406 | Sí, bloqueado por tribunal de distrito |
| Washington D.C. | Distrito | 2 000+ | Agosto 2025 | Activas en febrero de 2026 | Solicitud local, cooperación federal | No |
| Memphis | Tennessee | Cantidad no especificada | Septiembre 2025 | Activas en febrero de 2026 | Solicitud del gobernador estatal | No |
| Nueva Orleans | Luisiana | Planeadas, no ejecutadas | Anunciadas octubre 2025 | Pendientes en febrero de 2026 | Solicitud del gobernador estatal | No |
¿Cómo afectaron estos despliegues a las comunidades latinas?
Para las familias latinas, especialmente las que incluyen miembros indocumentados, la presencia de tropas federales en las calles generó una atmósfera de miedo e incertidumbre. Aunque las tropas no tenían autoridad directa para detener a personas por violaciones migratorias, su presencia se interpretó como apoyo logístico y de seguridad para operativos de ICE. En barrios de Los Ángeles con alta concentración de familias migrantes, los despliegues militares coincidieron con aumentos en redadas y detenciones.
Los gobernadores de California, Illinois y Oregón rechazaron públicamente los despliegues. El gobernador Gavin Newsom de California calificó la acción como una invasión federal a la autonomía estatal y argumentó que la Guardia Nacional de California debería responder solo ante él, no ante el presidente. En Illinois, el gobernador J.B. Pritzker presentó demandas judiciales alegando que Trump estaba militarizando Chicago sin justificación legal.
La diferencia entre los despliegues bloqueados y los que continúan activos radica en el mecanismo legal. En Washington D.C., Memphis y Nueva Orleans, las tropas fueron enviadas con la cooperación de las autoridades locales o estatales, usando la Sección 251 de la Ley de Insurrección, que permite al presidente desplegar fuerzas cuando un estado las solicita. Esto evitó los conflictos constitucionales que surgieron en Los Ángeles, Chicago y Portland, donde Trump intentó imponer despliegues contra la voluntad de los gobernadores.
¿Qué implicaciones tiene la retirada para futuros despliegues militares?
Aunque Trump retiró las tropas de Los Ángeles, Chicago y Portland, dejó abierta la posibilidad de regresar “en una forma mucho más fuerte” si el crimen aumenta. Según Fox News sobre el anuncio de Trump del 10 de febrero de 2026, el presidente advirtió que volverá cuando el crimen “comience a dispararse, es solo cuestión de tiempo”. Esta declaración mantiene la amenaza de futuros despliegues como herramienta de presión política contra ciudades gobernadas por demócratas.
La decisión de la Corte Suprema, sin embargo, estableció límites importantes. El juez Brett Kavanaugh, en su opinión concurrente, indicó que estaba de acuerdo con bloquear el despliegue en Chicago pero que habría dejado al presidente más libertad para desplegar tropas en posibles escenarios futuros. Esto sugiere que el tribunal reconoce cierta autoridad presidencial para usar la Guardia Nacional en emergencias reales, pero no para enfrentar problemas de criminalidad ordinarios o para reforzar operativos migratorios de rutina.
Comunidad Latina
Para las comunidades latinas, la retirada de las tropas representa un alivio temporal pero no elimina la preocupación subyacente. La administración Trump mantiene su agenda de deportaciones masivas y continúa presionando a ciudades santuario para que cooperen con ICE. La militarización de espacios urbanos, aunque suspendida en algunas ciudades, podría reanudarse si el gobierno encuentra una justificación legal más sólida o si logra cambiar la composición de los tribunales federales.
Tabla 2: Diferencias entre mecanismos legales para desplegar la Guardia Nacional
| Mecanismo legal | Base legal | Requisito de consentimiento estatal | Ejemplo reciente | Resultado judicial |
|---|---|---|---|---|
| Título 10, Sección 12406 | Invasión, rebelión o incapacidad de hacer cumplir leyes federales | No requiere consentimiento del gobernador | Los Ángeles, Chicago, Portland (2025) | Bloqueado por tribunales federales |
| Ley de Insurrección, Sección 251 | Estado solicita ayuda para reprimir insurrección | Requiere solicitud del estado | Memphis, Washington D.C. (2025) | Sin oposición judicial |
| Ley de Insurrección, Sección 252 | Rebelión u obstrucción hacen impracticable aplicar ley federal | No requiere consentimiento del estado | No usado en 2025-2026 | No aplicable |
| Ley de Insurrección, Sección 253 | Violencia doméstica priva derechos constitucionales | No requiere consentimiento del estado | No usado en 2025-2026 | No aplicable |
| Coordinación voluntaria | Acuerdo entre gobierno federal y estatal | Requiere cooperación del gobernador | Nueva Orleans (planeada 2025) | Sin oposición judicial |
¿Qué pueden hacer las familias latinas ante futuros despliegues?
Aunque las tropas fueron retiradas de Los Ángeles, Chicago y Portland, las familias latinas deben mantenerse informadas sobre la situación en sus comunidades. Los gobiernos locales y estatales son la primera línea de defensa contra despliegues militares federales no deseados. En estados con gobernadores que se oponen a la agenda migratoria de Trump, es más probable que las autoridades locales desafíen judicialmente futuros despliegues.
Las organizaciones comunitarias y de derechos civiles juegan un papel crucial en documentar abusos y proveer asistencia legal. Durante los despliegues en Los Ángeles, grupos locales establecieron líneas directas para reportar incidentes y conectar a familias con abogados de inmigración. Estas redes comunitarias son esenciales porque los despliegues militares, incluso cuando son legales, pueden crear confusión sobre quién tiene autoridad para detener a personas y bajo qué circunstancias.
Es importante entender que los miembros de la Guardia Nacional, incluso cuando están federalizados, no tienen autoridad migratoria. No pueden detener a personas por violaciones de leyes de inmigración ni pueden realizar redadas por sí mismos. Su función en estos despliegues era proporcionar seguridad a agentes de ICE y proteger edificios federales. Sin embargo, su presencia puede facilitar operativos de ICE al liberar recursos y crear un ambiente de intimidación.
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Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Las tropas de la Guardia Nacional regresarán a Los Ángeles, Chicago o Portland?
Trump dejó abierta la posibilidad de regresar si el crimen aumenta. Sin embargo, cualquier nuevo despliegue enfrentaría los mismos desafíos legales que llevaron a la retirada actual.
¿Qué diferencia hay entre la Guardia Nacional y el ejército regular?
La Guardia Nacional normalmente responde a los gobernadores estatales, mientras que el ejército regular siempre está bajo mando federal. Cuando el presidente federaliza a la Guardia, se convierte efectivamente en parte del ejército federal.
¿Pueden los soldados de la Guardia Nacional detener a personas indocumentadas?
No. Los miembros de la Guardia Nacional no tienen autoridad migratoria. Su función en estos despliegues era proporcionar seguridad y apoyo logístico a ICE, no realizar detenciones directas.
¿Por qué siguen tropas en Washington D.C. y Memphis pero no en Los Ángeles?
La diferencia radica en el mecanismo legal. En Washington D.C. y Memphis, las tropas fueron enviadas con cooperación local usando la Ley de Insurrección. En Los Ángeles, Chicago y Portland, Trump intentó federalizar tropas contra la voluntad de los gobernadores.
¿Qué hago si veo tropas militares en mi vecindario?
Mantenga la calma y evite confrontaciones. Los soldados no tienen autoridad para detener personas por violaciones migratorias. Si presencia abusos, documente con fotos o videos y contacte a organizaciones de derechos civiles locales.
¿La presencia militar aumenta el riesgo de deportación?
Indirectamente sí, porque las tropas liberan recursos de seguridad que permiten a ICE realizar más operativos. Sin embargo, las tropas mismas no realizan detenciones migratorias.
¿Dónde puedo obtener ayuda legal si soy afectado por un operativo?
Organizaciones como la ACLU, clínicas legales comunitarias y grupos de defensa de inmigrantes ofrecen asistencia gratuita. Muchas ciudades tienen líneas directas de emergencia para situaciones migratorias.
