El presidente Donald Trump pidió a los líderes republicanos avanzar hacia una “nacionalización” del sistema electoral estadounidense, a meses de las elecciones legislativas de noviembre. Durante una entrevista en el podcast del comentarista conservador Dan Bongino, cuestionó el modelo actual, que reparte las competencias electorales entre los cincuenta estados.
Trump afirmó que “los republicanos deberían decir: queremos tomar el control”, y planteó que el partido debería hacerse cargo de la votación “en al menos 15 lugares”. Según su razonamiento, habría jurisdicciones “tan corruptas” que exigirían una intervención directa del gobierno federal o de su propio partido.
Aunque no detalló qué territorios entrarían en esa lista, Trump ha señalado reiteradamente ciudades como Detroit, Filadelfia o Atlanta cuando habla de supuestas irregularidades. Además, en otras ocasiones llegó a sugerir que las elecciones de medio mandato “no deberían celebrarse”, lo que avivó las críticas sobre su respeto a las reglas democráticas.
¿Por qué la idea de “nacionalizar” choca con la Constitución?
El problema central es que la Constitución establece que las elecciones federales se organizan bajo las leyes estatales, no desde la Casa Blanca. El Artículo Ie otorga a las legislaturas de cada estado la facultad de fijar “los tiempos, lugares y manera” de celebrar los comicios para el Congreso. Por eso, el sistema se diseñó como un proceso descentralizado, administrado por miles de funcionarios locales.
Una “nacionalización” como la que sugiere Trump implicaría desplazar ese poder hacia Washington y debilitar el modelo federal. Además, para muchos expertos, cualquier cambio profundo en esa estructura requeriría reformas legales complejas e incluso, en algunos aspectos, una enmienda constitucional. Sin embargo, el presidente habla del tema como si bastara con una decisión política rápida.
Esta tensión se agrava porque Trump mantiene desde 2020 el discurso del “fraude masivo”, pese a que recuentos y tribunales no han encontrado evidencias de manipulación sistemática. Así, sus nuevas propuestas se interpretan como una extensión de esa narrativa, ahora dirigida a justificar más control federal sobre el proceso electoral.
El contexto político de este llamado
El llamado de Trump llega en un año especialmente sensible. En noviembre se celebrarán las elecciones de medio mandato, en las que se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Tradicionalmente, el partido del presidente suele perder escaños en estas citas, algo que preocupa a los estrategas republicanos.
Hoy los republicanos mantienen una mayoría muy ajustada en la Cámara, con 218 escaños frente a 214 de los demócratas. Y controlan el Senado con 53 senadores frente a 45. Cualquier variación mínima podría cambiar el equilibrio de poder en Washington. Por eso, cada detalle de las reglas del juego se convierte en una batalla política.
En paralelo, Trump impulsa medidas como la exigencia de identificación obligatoria para votar y el respaldo a proyectos como la ley SAVE o sus versiones posteriores, que buscan pruebas estrictas de ciudadanía para inscribirse en el censo federal. Sus críticos temen que estas propuestas terminen dificultando el registro de votantes legítimos, especialmente entre ciudadanos con menos recursos.
¿Qué consecuencias tendría una “nacionalización” del voto?
Si la idea avanzara, una “nacionalización” de las elecciones podría cambiar la relación entre estados y gobierno federal en un aspecto clave de la vida democrática. Un mayor control desde Washington fortalecería al Ejecutivo de turno sobre cuestiones como normas de registro, supervisión del escrutinio o manejo de datos electorales.
Defensores de la propuesta sostienen que un sistema más centralizado permitiría unificar estándares, combatir mejor el fraude y vigilar con mayor detalle a jurisdicciones consideradas problemáticas. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y especialistas electorales advierten que concentrar ese poder podría abrir la puerta a abusos, sobre todo si se combina con discursos que ponen en duda la legitimidad de los adversarios.
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Por ahora, la Casa Blanca no ha presentado un plan legislativo detallado ni un calendario claro para intentar esa “nacionalización”. Mientras tanto, estados y autoridades locales siguen preparando las elecciones de noviembre bajo las reglas vigentes, y muchos responsables electorales ya contemplan escenarios en los que deban acudir a los tribunales para defender sus competencias frente a posibles intentos de intervención federal.
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