El acceso a la vivienda pública en Estados Unidos podría sufrir una transformación radical muy pronto. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) propuso este jueves una norma polémica. Su objetivo es que prácticamente solo los ciudadanos estadounidenses puedan acceder a estos beneficios federales. Expertos temen que esta medida provoque el desalojo inmediato de decenas de miles de personas vulnerables.
La norma, publicada oficialmente en el Registro Federal, establece nuevas reglas de financiamiento. Exige destinar los fondos de las viviendas públicas exclusivamente a ciudadanos y residentes elegibles. Esto dejaría fuera a miles de familias que actualmente dependen de esta ayuda para sobrevivir.
¿Qué exige la nueva norma del HUD?
La medida impone requisitos documentales mucho más estrictos para todos los solicitantes. Ahora, exige a todos los residentes de viviendas financiadas que presenten una prueba de ciudadanía. También se aceptará una prueba de elegibilidad migratoria válida bajo las nuevas directrices.
Este cambio afecta incluso a grupos que antes estaban exentos de ciertos trámites burocráticos. Las personas mayores de 62 años, por ejemplo, se verán obligadas a cumplir con esto. Hasta ahora, este grupo demográfico solo tenía que presentar una prueba de edad simple.
La sede del HUD en Washington se convierte así en el epicentro de un nuevo debate nacional. La administración busca cerrar lo que considera “lagunas legales” en el sistema actual. Sin embargo, críticos señalan que esto creará barreras insuperables para muchos residentes legítimos.
¿A quiénes afectaría principalmente esta medida?
Esta acción es parte de la amplia campaña del gobierno de Donald Trump contra la inmigración. La medida impediría efectivamente el acceso a la vivienda a las familias con estatus mixto. Es decir, hogares donde algunos miembros son ciudadanos y otros no tienen estatus legal.
Una norma similar fue propuesta durante la primera administración del presidente republicano. Aunque nunca llegó a concretarse en ese entonces, ahora resurge con más fuerza política. De hecho, la medida es mencionada como una prioridad clave en el conservador Proyecto 2025.
El secretario del HUD, Scott Turner, defendió la propuesta con un lenguaje contundente. “Los días en que los extranjeros ilegales se aprovechaban del sistema han terminado”, afirmó en un comunicado. Turner aseguró que no tolerarán que los ciudadanos estadounidenses sean dejados de lado injustamente.
¿Cuándo entrará en vigor la nueva regla?
La norma propuesta se hará oficial este viernes, al publicarse en el Registro Federal. A partir de ese momento, iniciará el proceso administrativo para su eventual implementación. No obstante, el HUD no respondió a la pregunta crucial sobre los plazos exactos.
Todavía no se sabe con certeza cuánto tiempo tardará en entrar en vigor plenamente. Es probable que enfrente desafíos legales inmediatos por parte de organizaciones defensoras de derechos civiles. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los actuales beneficiarios de los programas de vivienda.
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Activistas defensores del derecho a la vivienda no tardaron en criticar duramente la medida. Shamus Roller, director ejecutivo del National Housing Law Project, emitió un comunicado de rechazo. “Nuestro país puede garantizar que todos tengamos un hogar seguro”, afirmó el líder social.
¿Cuántas personas podrían perder su hogar?
Las estimaciones sobre el impacto humano de esta política son verdaderamente alarmantes. En diciembre, el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas realizó un análisis detallado. Estimó que hasta 20,000 familias podrían perder la ayuda vital que reciben actualmente.
Esto se traduce en unas 80,000 personas que quedarían en riesgo de desalojo inminente. Los cambios en los requisitos de elegibilidad anularían una norma que lleva décadas protegiéndolos. Además, el impacto podría extenderse a muchas más personas con dificultades documentales.
Se calcula que alrededor de 3.8 millones de adultos con ciudadanía carecen de documentación probatoria. Otros 17.5 millones no pueden obtener fácilmente los documentos necesarios para cumplir con la nueva norma. Por lo tanto, incluso ciudadanos estadounidenses podrían verse afectados por la burocracia excesiva.
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