La administración de Donald Trump está intensificando la ofensiva para retirar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados y convertir la desnaturalización en una herramienta de uso frecuente, no excepcional. El plan busca alimentar entre 100 y 200 casos potenciales al mes para la oficina de litigios de inmigración, una cifra muy superior a la histórica. El giro no solo tiene implicaciones legales; también reconfigura la relación de confianza entre los inmigrantes ciudadanos y el Estado.
¿Cómo quiere Trump aumentar los casos?
En los últimos meses, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha enviado expertos a oficinas locales y ha reasignado personal para revisar expedientes de ciudadanos naturalizados. La instrucción es clara: identificar posibles fraudes antiguos y construir un flujo estable de desnaturalización de inmigrantes que alimente a los abogados del Departamento de Justicia.
Hasta ahora, la desnaturalización era rara. Durante los cuatro años del primer mandato de Trump, el gobierno presentó formalmente 102 casos de este tipo. En ese mismo periodo, el Departamento de Justicia ganó 86 casos; bajo Joe Biden, se ganaron 54 más. Hoy, en el segundo mandato de Trump, ya se han presentado 16 casos nuevos y la administración ha ganado siete, incluido el de un ciudadano británico condenado por delitos de pornografía infantil.
El USCIS considera que dedicar personal especializado en más de 80 oficinas locales será más efectivo que la estrategia anterior, que se concentraba en un centro de análisis en un almacén de Pasadena, California. El objetivo práctico es que la desnaturalización de inmigrantes deje de ser una medida excepcional y se integre al menú habitual de herramientas de control migratorio.
El gobierno y la “tolerancia cero” a los migrantes
Un vocero del USCIS, Matthew Tragesser, sostiene que la agencia actúa solo cuando hay “pruebas creíbles” de que la ciudadanía fue obtenida con fraude o engaños. Asegura que se mantiene una política de “tolerancia cero” frente al fraude en naturalización y que se perseguirá a quienes “socaven la integridad del sistema de inmigración”.
En paralelo, el Departamento de Justicia ha pedido a sus abogados que prioricen casos de desnaturalización de inmigrantes que involucren:
- Personas consideradas riesgo de seguridad nacional.
- Implicados en crímenes de guerra o torturas.
- Personas que hayan cometido fraude a Medicaid o Medicare u otras formas de estafa al gobierno.
Sin embargo, las directrices incluyen una cláusula abierta para “cualquier otro caso que la división considere lo suficientemente importante”, lo que amplía el margen discrecional. Esa amplitud es lo que inquieta a organizaciones de derechos civiles y a abogados de inmigración. Porque puede permitir interpretaciones políticas o retroactivas de la “mala conducta”.
¿A quiénes podría afectar esta nueva ofensiva?
Cada año se naturalizan aproximadamente 800.000 personas, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Para lograr la ciudadanía, estos inmigrantes deben ser mayores de 18 años, residentes permanentes legales, hablar inglés, aprobar un examen de historia y civismo y demostrar “buena conducta moral”.
Históricamente, la desnaturalización de inmigrantes se aplicaba casi solo a casos extremos, como antiguos nazis que ocultaron su pasado tras la Segunda Guerra Mundial. Gobiernos demócratas y republicanos intentaron ampliar algo estas investigaciones, pero siguieron siendo poco frecuentes.
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Ahora, la ofensiva de Trump abre la puerta a revisar solicitudes ya aprobadas. Según la abogada Deborah Chen, algunos clientes han visto denegadas sus naturalizaciones recientemente por tener deudas fiscales, pese a estar en planes de pago reconocidos por el propio gobierno. Para ella, esto indica que funcionarios migratorios están buscando pruebas más estrictas de “buena conducta moral”, incluyendo factores como cuidado familiar, educación, empleo estable o participación comunitaria.
La exanalista de políticas migratorias Sarah Pierce recuerda que el USCIS tiene gran discrecionalidad al aprobar o negar naturalizaciones. Por eso, preocupa que cambios de criterio posteriores conviertan en sospechoso a alguien que antes pasó el filtro sin problemas. Pierce advierte que las nuevas políticas pueden hacer vulnerables retroactivamente a ciertos ciudadanos naturalizados frente a acusaciones de fraude.
La agenda migratoria de Trump
La desnaturalización de inmigrantes no es un gesto aislado. Esto forma parte de una estrategia más extensa para reducir la inmigración legal y reforzar el mensaje de “tolerancia cero”. Según fuentes internas, el DHS ha enviado decenas de agentes a ciudades del país para operaciones de deportación. Y ha invertido en almacenes masivos para detención.
Además, el gobierno ha revocado miles de visas, incluidas las de personas con estatus legal que participaron en protestas a favor de la causa palestina. También ha intentado deportar incluso a titulares de tarjetas de residencia. El foco ya no está solo en quienes cruzan la frontera sin papeles, sino también en inmigrantes que, hasta ahora, se consideraban parte estable del tejido social estadounidense.
Trump también ha cuestionado públicamente el derecho a la ciudadanía por nacimiento, protegido por la Constitución. La administración busca mecanismos para retirar la ciudadanía a hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos, mientras que la Corte Suprema analiza los argumentos del presidente.
¿Qué riesgos legales y emocionales implica?
Aunque Trump pretende acelerar la desnaturalización de inmigrantes, el proceso sigue siendo largo y complejo. Requiere demandas en cortes federales, pruebas sólidas de fraude y puede tardar años. Incluso después de una desnaturalización, la deportación no siempre es inmediata y puede sumar más tiempo.
Para expertos como Doug Rand, exfuncionario del USCIS, es crucial recordar que ningún presidente puede despojar unilateralmente de la ciudadanía a alguien que la obtuvo legalmente. El sistema exige revisión judicial y estándares probatorios altos. Sin embargo, el solo hecho de abrir investigaciones genera consecuencias.
La abogada Deborah Chen señala que, aunque muchos procesos no acaben en pérdida de ciudadanía, los ciudadanos investigados enfrentan costos económicos elevados por abogados y trámites. Además que también tendría un fuerte impacto emocional. Deben reunir documentos antiguos, demostrar su vida laboral y comunitaria y, a menudo, revivir episodios dolorosos de su historia migratoria.
Desde el Centro Brennan para la Justicia, la investigadora Margy O’Herron advierte que la amenaza de desnaturalización genera un “terror real”. Muchos ciudadanos naturalizados temen que, si dicen o hacen algo que disgusta al gobierno, puedan convertirse en objetivo de investigación. En consecuencia, se convierte así en una herramienta de presión política y social.
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