La Cámara de Representantes aprobó el 11 de febrero de 2026 la Ley SAVE America Act, una iniciativa respaldada por el presidente Donald Trump que exige prueba de ciudadanía para registrarse y votar en elecciones federales. La medida pasó con 218 votos a favor y 213 en contra, con el demócrata Henry Cuellar de Texas como el único miembro de su partido que votó a favor. Ahora el proyecto enfrenta un camino complicado en el Senado, donde necesita 60 votos para superar el umbral de aprobación, pero según NBC News sobre la votación del 11 de febrero de 2026, algunos senadores republicanos como Lisa Murkowski y Susan Collins ya expresaron su rechazo.
La legislación propuesta requiere que las personas presenten documentos como pasaporte estadounidense, certificado de nacimiento o credenciales militares antes de registrarse para votar en elecciones federales. Además, exige identificación con foto el día de las elecciones y establece requisitos más estrictos para el voto por correo. Los promotores republicanos argumentan que estas medidas son necesarias para prevenir el fraude electoral, aunque no presentan evidencia sistemática de que el voto de no ciudadanos sea un problema generalizado.
La realidad es que en Estados Unidos ya es ilegal que personas sin ciudadanía voten en elecciones federales. Las personas deben registrarse previamente en un sistema electoral que requiere declarar bajo juramento la ciudadanía, con consecuencias penales por falsa declaración. Actualmente, 37 de los 50 estados ya exigen algún tipo de identificación para votar, según información oficial del gobierno en USAGov sobre requisitos de identificación para votar.
¿Qué tan común es realmente el voto de personas sin ciudadanía?
Los datos muestran que el voto de no ciudadanos es extremadamente infrecuente. Según el Centro Brennan para la Justicia en un análisis publicado en 2017 y actualizado en 2024, múltiples auditorías estatales confirman que los casos son mínimos. Por ejemplo, en Ohio se identificaron 44 casos entre el año 2000 y 2015, cuando se emitieron más de 3 260 000 votos solo en 2015. En Nevada, en 2016 se encontraron únicamente 3 casos entre más de 1 100 000 votos emitidos, lo que representa el 0,0003% del total.
En Carolina del Norte, durante las elecciones de 2016 se identificaron 41 personas no ciudadanas que votaron, lo que también representó el 0,0003% de todas las boletas emitidas. El entonces secretario de estado de Ohio admitió públicamente que “el fraude electoral es extremadamente infrecuente”. En Georgia, una revisión de 2022 identificó 1634 personas cuya ciudadanía no pudo verificarse al registrarse, pero los procedimientos del estado las detectaron y ninguna llegó a votar.
Estos números contrastan drásticamente con el discurso político republicano que presenta el voto de no ciudadanos como una amenaza masiva. La administración Trump citó una encuesta de Pew Research de agosto de 2025 que muestra que el 83% de los estadounidenses apoya exigir identificación con foto para votar, pero esa estadística no aborda si el problema que se busca resolver realmente existe a gran escala.
¿A quiénes afectaría más la exigencia de prueba de ciudadanía?
El impacto de la ley SAVE America Act recaería desproporcionadamente en comunidades que ya enfrentan barreras para votar. Según datos del Centro para el Progreso Americano citados en múltiples reportes, más de 140 000 000 de estadounidenses no poseen pasaporte. Además, aproximadamente 69 000 000 de mujeres casadas no tienen un certificado de nacimiento que coincida con su nombre legal actual, lo que les complicaría demostrar su ciudadanía.
Este último punto es particularmente preocupante. Cuando una mujer se casa y adopta el apellido de su esposo, su certificado de nacimiento original sigue mostrando su apellido de soltera. Según CNN en Español en un análisis publicado en marzo de 2025, el 79% de las mujeres casadas en Estados Unidos adoptaron el apellido de su esposo según datos del Pew Research Center. Para que estas mujeres puedan registrarse bajo la nueva ley, necesitarían obtener documentos adicionales que certifiquen el cambio de nombre, un proceso que puede ser costoso, tardado y complicado.
Datos de la ACLU
Además, aproximadamente 21 000 000 de estadounidenses no tienen licencia de conducir, según datos de la ACLU sobre barreras de identificación. Estos incluyen principalmente personas de bajos ingresos, adultos mayores, personas con discapacidades, jóvenes que estudian fuera de su estado de origen y comunidades minoritarias. El 11% de la población no posee identificación oficial emitida por el gobierno, una cifra suficientemente grande para determinar el resultado de elecciones competidas.
Tabla 1: Quiénes enfrentan mayores barreras con la nueva ley
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| Grupo poblacional | Obstáculo principal | Magnitud del problema | Documentos alternativos necesarios |
|---|---|---|---|
| Mujeres casadas | Certificado de nacimiento con apellido de soltera | 69 000 000 sin certificado actualizado | Certificado de matrimonio, documentos judiciales de cambio de nombre |
| Personas sin pasaporte | Falta de documento de ciudadanía accesible | 140 000 000 sin pasaporte válido | Certificado de nacimiento, documentos de naturalización |
| Personas de bajos ingresos | Costo y tiempo para obtener documentos | 21 000 000 sin licencia de conducir | Tarifas de reemplazo, traslados a oficinas gubernamentales |
| Adultos mayores | Dificultad para obtener copias de documentos antiguos | Alta incidencia en zonas rurales | Certificados de nacimiento de archivos estatales de hace décadas |
| Personas transgénero | Documentos con información desactualizada de género | 34 000 afectadas según estimaciones | Documentos actualizados con marcador de género correcto |
¿Qué dicen los defensores de derechos civiles sobre esta ley?
Organizaciones que protegen el derecho al voto han denunciado la medida como un intento de suprimir la participación electoral. Gréta Bedekovics, directora de Política Democrática del Centro para el Progreso Americano, afirmó en un comunicado público que el gobierno Trump y sus partidarios en el Congreso “quieren silenciar a los ciudadanos estadounidenses en las calles y en las urnas”.
La ACLU ha señalado durante años que las leyes de identificación estricta no resuelven problemas reales de fraude electoral, sino que crean barreras innecesarias. Las comunidades históricamente marginadas, incluyendo votantes latinos, afroamericanos y nativos americanos, son las más afectadas porque tienen tasas más altas de falta de documentación oficial. Esto no refleja falta de ciudadanía, sino desigualdades económicas y de acceso a servicios gubernamentales.
Mark Pocan, congresista demócrata de Wisconsin, declaró que la ley “limita el acceso a las urnas” y advirtió que casi 70 000 000 de mujeres serían afectadas. Jimmy Gomez, representante de Los Ángeles, cuestionó por qué los republicanos “se oponen a que las mujeres casadas voten”. La Casa Blanca respondió que estos temores son infundados porque la ley permite usar certificados de nacimiento sin actualizar, pero no explicó cómo se manejarían las discrepancias de nombres en la práctica.
¿Qué posibilidades tiene la ley de convertirse en realidad?
El camino legislativo de la SAVE America Act en el Senado es incierto. Aunque los republicanos controlan 53 escaños, necesitan 60 votos para superar un filibustero, lo que significa que requieren apoyo de al menos 7 senadores demócratas o independientes. Dadas las declaraciones públicas de rechazo por parte de grupos de derechos civiles y la oposición de algunos republicanos moderados, alcanzar ese umbral parece complicado.
Las senadoras republicanas Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine ya expresaron reservas sobre la medida. Ambas representan estados con dinámicas electorales específicas donde barreras adicionales al voto podrían afectar a sus propios electores. Collins, en particular, ha votado históricamente en contra de medidas que restringen el acceso al voto sin justificación clara.
Si la ley no logra los 60 votos necesarios, los republicanos podrían considerar eliminar o modificar la regla del filibustero para aprobarla con mayoría simple. Sin embargo, esta acción sería controvertida incluso dentro del propio partido republicano. Además, cualquier versión aprobada podría enfrentar desafíos legales en tribunales federales basados en la Constitución y en leyes federales de derechos civiles como la Ley de Derechos de Voto.
Tabla 2: Posibles escenarios legislativos y sus implicaciones
| Escenario | Probabilidad | Qué pasaría | Consecuencias para votantes |
|---|---|---|---|
| Aprobación en el Senado con 60 votos | Baja | La ley entra en vigor para elecciones federales | Millones necesitarían obtener nuevos documentos antes de 2028 |
| Falta de votos suficientes | Media | El proyecto muere en el Senado | Sistema actual de votación permanece sin cambios |
| Modificación del filibustero | Media-Baja | Aprobación con mayoría simple (51 votos) | Implementación rápida pero con alta probabilidad de demandas |
| Versión negociada con demócratas | Baja | Ley con protecciones adicionales y excepciones | Requisitos menos estrictos, más opciones de documentación alternativa |
¿Cómo pueden prepararse los ciudadanos latinos para posibles cambios?
Aunque la ley aún no está aprobada, las familias latinas pueden tomar medidas preventivas. El primer paso es verificar el estatus actual de registro electoral. Cada estado mantiene un portal en línea donde las personas pueden confirmar si están registradas y revisar la información asociada a su registro. Es importante asegurarse de que los datos estén actualizados, especialmente direcciones y nombres legales.
Para quienes no tienen pasaporte, vale la pena considerar solicitarlo ahora. El proceso toma entre 6 y 8 semanas en circunstancias normales, pero puede alargarse en periodos de alta demanda. El costo es de 130 dólares para adultos (libro de pasaporte) o 165 dólares (tarjeta y libro). Aunque es una inversión, el pasaporte sirve para múltiples propósitos además de votar, incluyendo viajes internacionales y como identificación oficial.
Las mujeres que cambiaron su apellido al casarse deben localizar su certificado de matrimonio original. Si no lo tienen, pueden solicitar una copia certificada al estado o condado donde se celebró el matrimonio. Este documento establece la conexión legal entre el apellido de soltera y el apellido actual. El costo varía por estado, generalmente entre 10 y 50 dólares.
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Los ciudadanos naturalizados deben mantener copias certificadas de sus certificados de naturalización. Si se perdieron o dañaron, se pueden reemplazar presentando el Formulario N-565 ante USCIS. El proceso toma varios meses y tiene un costo de 555 dólares, por lo que conviene hacerlo con anticipación si se anticipa que la ley podría aprobarse.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿La ley SAVE America Act ya está en vigor?
No. La ley fue aprobada por la Cámara de Representantes el 11 de febrero de 2026, pero aún debe ser aprobada por el Senado y firmada por el presidente antes de entrar en vigor.
¿Qué documentos se aceptan como prueba de ciudadanía bajo esta ley?
Pasaporte estadounidense válido, certificado de nacimiento emitido en Estados Unidos, documentos de naturalización (certificado de ciudadanía o certificado de naturalización) y documentos militares que certifiquen ciudadanía.
¿Qué pasa si me casé y cambié mi apellido pero mi certificado de nacimiento tiene mi apellido de soltera?
Necesitarías presentar documentación adicional que conecte ambos nombres, como un certificado de matrimonio certificado o una orden judicial de cambio de nombre.
¿Cuánto tiempo tengo para obtener los documentos necesarios?
Si la ley se aprueba en el Senado, probablemente incluiría un periodo de implementación de varios meses antes de las siguientes elecciones federales. Sin embargo, conviene actuar con anticipación para evitar prisas.
¿Puedo seguir votando en mi estado si no tengo estos documentos?
Depende. La ley SAVE America Act aplicaría solo a elecciones federales (presidente, Senado y Cámara de Representantes). Las elecciones estatales y locales seguirían rigiéndose por las leyes de cada estado.
¿Existen excepciones para personas que físicamente no pueden obtener estos documentos?
El texto actual de la ley no especifica excepciones claras para casos de extrema dificultad. Esto es parte de la crítica de organizaciones de derechos civiles.
¿Cuánto cuesta obtener un pasaporte o un certificado de nacimiento certificado?
Un pasaporte cuesta 130 dólares (solo libro) o 165 dólares (libro y tarjeta). Los certificados de nacimiento varían por estado, generalmente entre 10 y 50 dólares. Los certificados de matrimonio también varían, usualmente entre 10 y 30 dólares.
¿Dónde puedo obtener ayuda legal gratuita si tengo problemas para votar?
Organizaciones como la ACLU, grupos locales de derechos civiles y clínicas legales comunitarias ofrecen asistencia. También se puede contactar a la línea nacional de protección electoral.
