Trump aumenta su poder sobre Washington mientras se intensifican temores de autoritarismo.
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En un giro inesperado, los soldados de la Guardia Nacional, desplegados por el presidente Donald Trump para enfrentar una supuesta “emergencia criminal” en la capital de Estados Unidos, han sido vistos recogiendo basura en Lafayette Park, frente a la Casa Blanca, y en otros sitios emblemáticos como el National Mall y la cuenca del Tidal Basin. Esta escena, donde militares con chalecos de alta visibilidad limpian parques en lugar de patrullar contra el crimen, ha generado desconcierto y críticas entre los residentes y la alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, quien calificó a los “agentes de ICE enmascarados” y a las tropas foráneas como ineficaces.
Toma de Union Station
El despliegue forma parte de un plan más amplio de la administración Trump, que incluye la toma de control de Union Station, la principal estación de trenes de la ciudad, anunciada por el secretario de Transporte, Sean Duffy. “Vamos a recuperar la gestión total por parte del Departamento de Transporte y realizar inversiones para asegurarnos de que esta estación no esté sucia y que no haya personas sin hogar”, afirmó Duffy durante la presentación de los trenes de alta velocidad Acela en la estación. Según el secretario, el objetivo es transformar Union Station en “la estación de tren más importante del mundo”, atrayendo más inquilinos e ingresos, ya que el lugar, aunque propiedad del Departamento de Transporte, ha estado gestionado por la empresa privada Union Redevelopment y Amtrak. “Ha estado descuidado durante décadas, y eso se nota”, añadió Duffy.
El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, durante la presentación de los trenes de alta velocidad de Acela en la estación Union Station de Washington, este 27 de agosto de 2025. EFE/Will Oliver
Emergencia cuestionada
Este movimiento se suma a la decisión, cuando Trump, amparándose en la Sección 740 de la Ley de Autonomía de D.C., declaró una “emergencia por criminalidad” para justificar la federalización temporal de la Policía Metropolitana por 30 días y el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, reforzados por más de 1.300 soldados de estados republicanos como Luisiana, Misisipi, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental. En total, más de 2.200 efectivos patrullan la ciudad, acompañados por agentes federales del FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Según la fiscal general Pam Bondi, desde el inicio de la operación se han arrestado 1.178 personas y confiscado 123 armas ilegales.
Datos vs. narrativa
Sin embargo, la narrativa de una ciudad asediada por el crimen choca con los datos oficiales. Según el Departamento de Policía Metropolitana, la delincuencia violenta en D.C. alcanzó un mínimo de 30 años en 2024, con una caída del 26% en 2025 respecto al año anterior, incluyendo una reducción del 87% en robos de autos y un 15% en delitos generales en los últimos 20 días. La alcaldesa Bowser, aunque inicialmente adoptó un tono diplomático, ha endurecido su postura, calificando la intervención federal como un “empuje autoritario” que socava la autonomía de la ciudad. En un evento virtual con líderes comunitarios, Bowser expresó: “Estoy devastada por las personas que viven con miedo. Hay una enorme ansiedad en el Distrito”. También señaló una ruptura en la confianza entre la policía y la comunidad, especialmente por la colaboración de la Policía Metropolitana con ICE, lo que ha generado tensiones en barrios con alta población latina como Columbia Heights.
Temor en comunidades inmigrantes
La presencia de “agentes de ICE enmascarados” ha sido particularmente controvertida. Activistas y organizaciones han denunciado que la operación, presentada como una lucha contra el crimen, se ha centrado en detener a inmigrantes indocumentados. Un residente de un barrio latino le dijo a la BBC: “La gente está caminando con miedo. Nunca he visto las calles tan vacías”. Videos virales muestran a agentes de ICE arrestando a trabajadores de entrega de comida y rompiendo ventanas de autos para detener a sospechosos, lo que ha avivado protestas espontáneas en varias zonas de la ciudad. La alcaldesa Bowser ha aclarado que no ha habido cambios en las leyes de “ciudad santuario” de D.C., pero la percepción de acoso a comunidades inmigrantes persiste.
Voces divididas en los barrios
En vecindarios como el sureste de D.C., donde un homicidio reciente marcó el primero en casi dos semanas, los residentes muestran opiniones divididas. Ray, de 77 años, le dijo a NBC News que la presencia policial solo aparece tras incidentes graves y que no siente un cambio en su seguridad. Por otro lado, Brian Williams, de 56 años, considera que la presencia de fuerzas federales es “muy necesaria” en ciertos barrios, aunque no en todos. Sin embargo, la imagen de soldados recogiendo basura en parques ha generado incredulidad. “No entiendo por qué están limpiando en lugar de patrullar”, comentó un vecino anónimo. Según el Joint Task Force-DC Office, esta labor forma parte de una “misión de embellecimiento y restauración” que incluye unas 40 tareas en la ciudad, aunque no se han detallado planes para su finalización.
Vista de la presentación de los trenes de alta velocidad de Acela en la estación Union Station de Washington, este 27 de agosto de 2025, donde el Gobierno de Donald Trump aumentó su control contra el crimen. EFE/Will Oliver
Críticas judiciales
El juez federal Zia Faruqui ha criticado duramente la operación, calificándola de “imprudente” y “legalmente inaceptable”. Durante audiencias recientes, Faruqui señaló irregularidades en los arrestos, afirmando: “No podemos simplemente acusar a las personas, meterlas en la cárcel por semanas y luego decir ‘ups, mi error’”. Sus comentarios reflejan preocupaciones sobre la legalidad de detener a personas por cargos que, en otras jurisdicciones, serían manejados por autoridades locales.
Sombras de autoritarismo
La toma de control de Union Station y el despliegue de tropas también han avivado temores sobre una deriva autoritaria. Trump ha intensificado su retórica, declarando que buscará la pena de muerte para homicidios en D.C., una medida abolida hace décadas en la capital. “Es una medida preventiva muy fuerte”, afirmó, aunque reconoció que el país “quizás no esté listo” para ello. Esta propuesta, junto con las destituciones en la Reserva Federal y la federalización de la policía, ha llevado a críticos a advertir sobre un abuso de poder. La alcaldesa Bowser, en un cambio de tono tras una reunión con Trump, ha respaldado parcialmente la inversión federal de 2.000 millones de dólares para “embellecer” parques y calles, pero insiste en soluciones a largo plazo, como reclutar 500 nuevos oficiales de policía y aumentar el número de fiscales y jueces.
Un futuro incierto
Mientras tanto, la ciudad enfrenta un dilema: aunque Bowser y algunos residentes ven beneficios en la mayor presencia policial, la percepción de una ocupación federal y la focalización en inmigrantes han generado ansiedad y división. Con Trump amenazando con extender estas medidas a otras ciudades y movilizar hasta 1.700 efectivos de la Guardia Nacional en 19 estados, el experimento en D.C. podría ser un precedente preocupante. Por ahora, la imagen de soldados recogiendo basura frente a la Casa Blanca encapsula la paradoja de una “emergencia” que, según datos, no existe, mientras los verdaderos desafíos de seguridad y confianza permanecen sin resolverse.
