Washington DC se encuentra en el centro de una controversia tras el despliegue de la Guardia Nacional y la intervención federal en la policía local, ordenados por el presidente Donald Trump en agosto de 2025. Residentes y activistas han tomado las calles para protestar contra lo que consideran una amenaza a las libertades civiles, bloqueando puestos de control y exigiendo la retirada de las fuerzas federales. La medida, impulsada tras el ataque a un miembro del equipo DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), ha generado tensiones entre el gobierno local y la administración Trump, mientras las críticas por el control federal crecen.
Un despliegue que desata protestas
El 7 de agosto, Trump anunció una operación de seguridad de siete días, liderada por la U.S. Park Police y respaldada por agencias como el FBI, el Servicio de Alguaciles y el Departamento de Seguridad Nacional. La decisión, que incluyó el despliegue de la Guardia Nacional, se justificó como respuesta a un intento de robo de auto contra Edward Coristine, un funcionario de DOGE, en Logan Circle. Más de 120 agentes federales patrullan zonas turísticas como el National Mall y áreas residenciales, según un comunicado de la Casa Blanca. Sin embargo, la ausencia de coordinación clara con la Policía Metropolitana ha generado confusión.
Por lo tanto, el 9 de agosto, cientos de manifestantes bloquearon un puesto de control en U Street, coreando consignas como “¡Sin Guardia Nacional en DC!” y “¡Defendamos la autonomía!”. Según la ACLU de DC, la presencia federal, especialmente en parques como Dupont Circle, controlados por el Servicio de Parques Nacionales, representa un riesgo para los derechos de reunión y expresión. Monica Hopkins, directora ejecutiva de la ACLU, calificó la operación como un “precedente peligroso” que podría usarse para reprimir protestas pacíficas.
Críticas a la intervención federal
La representante Eleanor Holmes Norton y la concejal Christina Henderson han condenado la acción como “desproporcionada” y “extrema”. Norton, defensora del autogobierno de DC, señaló que el control federal socava la autonomía otorgada por la Ley de Autonomía de 1973, que permite a la ciudad elegir su alcalde y concejo. Henderson, quien intentó comunicarse con la alcaldesa Muriel Bowser sin éxito, expresó su frustración por la falta de diálogo con la Casa Blanca. Bowser, que en 2020 enfrentó a Trump por un despliegue similar durante las protestas por George Floyd, ha guardado silencio, lo que ha generado críticas de activistas locales.
En consecuencia, organizaciones como Free DC han advertido que la intervención podría escalar hacia la federalización total de la policía local, un poder que Trump tiene bajo la Ley de Autonomía en casos de emergencia. Un funcionario de la Casa Blanca no descartó esta posibilidad, afirmando que “todas las opciones están sobre la mesa” para garantizar la seguridad. Sin embargo, datos de la Policía Metropolitana muestran que el crimen violento en DC alcanzó su nivel más bajo en 30 años en 2024, con una reducción del 35% en homicidios y un descenso del 48% en robos de autos desde 2023, lo que pone en duda la necesidad de la intervención.
Resistencia en las calles
El 10 de agosto, las protestas se intensificaron con una marcha hacia el National Mall, donde los manifestantes portaban pancartas con mensajes como “Manos fuera de DC” y “No a la militarización”. La Coalición Fork Off organizó concentraciones diarias frente a la Oficina de Administración de Personal para rechazar las políticas de Trump, incluyendo el programa de renuncias incentivadas para empleados federales. Según DC News Now, las manifestaciones forman parte de un movimiento nacional que incluye más de 1,200 protestas contra las políticas de Trump, desde recortes federales hasta deportaciones masivas.
Pese a todo, la administración Trump defiende su estrategia. La secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó que las operaciones nocturnas han resultado en arrestos por posesión de armas robadas y drogas, incluyendo fentanilo y marihuana. El director del FBI, Christopher Wray, aseguró que la intervención es “legal” y busca “limpiar Washington”. Sin embargo, activistas como Sharell Jarvis de Free DC argumentan que las penas más severas en terrenos federales, como la posesión de marihuana, legal en DC, criminalizan a residentes por delitos menores.
Preocupaciones por las libertades civiles
La ACLU y otras organizaciones han anunciado planes para presentar demandas si las operaciones violan derechos constitucionales, recordando el uso de fuerza excesiva contra manifestantes en Lafayette Square en 2020. Scott Michelman, director legal de la ACLU-DC, destacó la falta de formación de las agencias federales en contextos urbanos, lo que aumenta el riesgo de abusos. Además, la Human Rights Campaign ha señalado que las políticas de Trump, incluyendo recortes a programas de salud, afectan desproporcionadamente a comunidades marginadas, como inmigrantes y personas LGBTQ+.
Mientras tanto, los residentes de DC enfrentan un clima de incertidumbre. La amenaza de Trump de extender la operación, junto con su propuesta de retener fondos para proyectos locales como el estadio RFK, ha intensificado el debate sobre la autonomía de la ciudad. A medida que las protestas continúan, la tensión entre el control federal y la gobernanza local promete mantenerse en el centro de la controversia.
