Planes de Trump de cambiar las elecciones saltan las alarmas ante la cita de noviembre.
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El presidente Donald Trump ha provocado una tormenta política que resuena desde las legislaturas estatales hasta los pasillos del Congreso. En una reciente intervención en el podcast de Dan Bongino, el mandatario instigó al Partido Republicano a retirar competencias a los estados para “nacionalizar” el proceso electoral. Esta retórica, que los expertos llaman “escalada alarmante”, aparece en un momento clave. Las elecciones de noviembre de 2026 son importantes. La formación gobernante se juega el control de ambas cámaras y el éxito de la segunda mitad del mandato presidencial.
La propuesta de Trump, aunque ambigua, sugiere que el Gobierno federal debería “tomar el control” de la votación en al menos 15 lugares específicos, bajo la premisa de combatir un supuesto fraude masivo. Esta invitación a la centralización ha preocupado a funcionarios electorales y expertos en la Constitución. Ellos ven en estas palabras un intento de quitar las facultades que la Constitución da a los estados. La ambigüedad de sus comentarios es tan notable como su potencial impacto literal, especialmente viniendo de un presidente que ha cuestionado abiertamente la necesidad de celebrar los comicios.
Desde la Casa Blanca, se ha intentado matizar estas declaraciones, vinculándolas con el apoyo a la Ley SAVE, una legislación que exigiría pruebas de ciudadanía para el registro de votantes. Sin embargo, los analistas señalan que “nacionalizar” el voto va mucho más allá de una regulación técnica. Para Jena Griswold, secretaria de Estado de Colorado, la situación es clara: la Constitución impide federalizar las elecciones de manera unilateral. “Es muy alarmante que se siga usando la plataforma presidencial para socavar el sistema”, afirmó, subrayando que estos ataques, aunque recurrentes, deben tomarse con absoluta seriedad.
¿Qué implicaciones legales tiene el llamado a nacionalizar el voto?
La base del sistema electoral estadounidense reside en el Artículo I, Sección IV de la Constitución, conocido como la Cláusula Electoral. Este texto fundamental establece que los tiempos, lugares y la manera de celebrar elecciones serán prescritos en cada estado por su respectiva legislatura. Aunque el Congreso tiene facultad para alterar dichas reglamentaciones mediante leyes, la Carta Magna no prevé ninguna vía para que el Poder Ejecutivo —el presidente— decida por sí mismo cómo se llevan a cabo los procesos de votación.
La descentralización no es un error del sistema, sino una característica de seguridad diseñada por los fundadores. Al existir más de 10.000 jurisdicciones electorales, resulta prácticamente imposible orquestar un fraude sistémico o un ciberataque que altere el resultado nacional. David Becker, experto independiente en procedimientos electorales, sostiene que los fundadores fueron “muy acertados” al señalar las elecciones como un ámbito donde el presidente carece de poder directo. Solo las legislaturas estatales y el Congreso poseen esa autoridad reglamentaria, confirmada repetidamente por los tribunales.
A pesar de este marco legal, la administración Trump ha intensificado su presión sobre los estados. Recientemente, se ha solicitado que las autoridades compartan sus datos electorales privados, una orden que al menos 24 estados han rechazado amparándose en su autonomía constitucional. La fiscal general, Pam Bondi, ha relacionado la entrega de estos datos en Minnesota con el fin de despliegues federales de seguridad. Muchos ven esto como una forma de presión para obtener acceso a los padrones electorales.
¿Cómo afecta esta retórica a la confianza en el sistema democrático?
La obsesión del ala MAGA con la “gran mentira” del fraude de 2020 sigue siendo el motor de estas propuestas. Trump continúa defendiendo, sin pruebas fehacientes, que los comicios pasados fueron robados, una narrativa que desembocó en el asalto al Capitolio. En este contexto, el allanamiento del FBI a un centro de escrutinio en el condado de Fulton, Georgia, ha sido interpretado por los activistas como una validación de sus sospechas, a pesar de que investigaciones oficiales previas confirmaron que el voto ilegal de no ciudadanos es “microscópico”.
Por ejemplo, una auditoría oficial en Georgia reveló que, de ocho millones de votos, solo 20 correspondían a personas sin estatus de ciudadanos. No obstante, Trump insiste en vincular la inmigración irregular con la salud del proceso electoral. Durante su entrevista con Bongino, afirmó que si los republicanos no lanzan la “mayor deportación de la historia”, nunca volverán a ganar una elección. Esta conexión entre seguridad fronteriza e integridad electoral busca movilizar a la base republicana bajo una sensación de urgencia existencial que justifica medidas extremas de centralización federal.
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La retórica autoritaria ha llegado incluso a sugerir que las elecciones de medio mandato no deberían celebrarse. Aunque portavoces de la Casa Blanca como Karoline Leavitt aseguran que el presidente “estaba bromeando”, los expertos electorales no encuentran gracia en tales afirmaciones. El uso de decretos para pedir identificaciones nacionales y limitar el voto por correo muestra una clara intención. Muchos de estos decretos han sido bloqueados por jueces federales. Esto demuestra un intento de cambiar las reglas desde el Despacho Oval, sin seguir el consenso legislativo tradicional.
¿Existe un cisma dentro del propio Partido Republicano?
No todos en el bando republicano comparten la visión centralista de Trump. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha rechazado públicamente el llamado a nacionalizar el voto. Thune, un defensor del federalismo clásico, subrayó que federalizar las elecciones es una cuestión inconstitucional. “Es más seguro contar con 50 sistemas administrados por los estados que con uno solo a nivel nacional”, declaró, marcando una distancia significativa con la postura del mandatario y reafirmando el valor de la descentralización como barrera de seguridad.
Este choque evidencia una fractura doctrinal: mientras el republicanismo tradicional aboga por los derechos de los estados y la mínima intervención federal, el movimiento MAGA busca utilizar el poder del Estado para asegurar victorias políticas. Ben Ginsberg, veterano abogado electoral republicano, lamentó que los principios de autonomía estatal parezcan haberse olvidado en favor de una toma de poder unilateral. Esta tensión interna complica la aprobación de leyes como la Ley SAVE, que aunque cuenta con apoyo partidista, se ve empañada por la retórica de control absoluto de Trump.
Incluso dentro de la administración, la resistencia ha sido notable. Se sabe que en 2020, Trump pensó en firmar decretos. Estos decretos permitirían al Pentágono confiscar máquinas de votación. Sin embargo, esta idea fue descartada. Hubo discusiones a gritos en el Despacho Oval. Los asesores se opusieron con mucha fuerza. Sin embargo, expertos como David Becker advierten que el panorama actual es distinto: “Muchos teóricos de la conspiración están ahora en el Gobierno, y las personas con principios han sido destituidas”. Esta purga administrativa hace que el sistema sea hoy mucho más vulnerable que hace cinco años.
¿Cuáles son los riesgos reales para la cita de noviembre?
La posibilidad de que se emitan órdenes ejecutivas para intervenir en “lugares sensibles” durante la jornada electoral es una preocupación latente. En estados como Minnesota, la presencia de agentes federales armados cerca de centros de enseñanza y votación ya ha generado demandas por parte de coaliciones escolares, que alegan que esta vigilancia siembra el miedo y perturba el proceso democrático. La línea entre la seguridad nacional y la intimidación electoral se ha vuelto peligrosamente delgada bajo la actual administración.
Además, los esfuerzos por rediseñar los mapas congresionales mediante presiones federales buscan inclinar la balanza en la Cámara de Representantes. Aunque algunos estados se han opuesto y los tribunales han rechazado demandas en California y Oregón, el Departamento de Justicia sigue buscando padrones electorales. Esto sugiere que tienen una estrategia a largo plazo. El objetivo parece ser la creación de una base de datos nacional de votantes bajo control del Ejecutivo, algo que nunca se ha visto en la historia de los Estados Unidos y que choca frontalmente con la privacidad del elector.
“Hay una gran diferencia entre entonces y ahora. Muchos teóricos de la conspiración están ahora en el Gobierno, trabajando para el presidente. Eso nos hace mucho más vulnerables”. — David Becker, experto electoral.
La democracia estadounidense se enfrenta a un test de estrés sin precedentes. La retórica que desprecia las urnas es preocupante. También lo es el intento de centralizar el poder electoral. Además, hay presión sobre los funcionarios locales. Todo esto genera un ambiente de gran incertidumbre. A medida que se acerca noviembre, la pregunta no es solo quién ganará las elecciones, sino si el sistema que permite elegirlos sobrevivirá intacto a los intentos de “nacionalización” impulsados desde la cima del poder.
