El estado de California enfrenta actualmente una gigantesca controversia nacional. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) está directamente involucrado en este nuevo y complejo debate. El conflicto legal y político gira principalmente en torno al estricto cumplimiento de la ley federal conocida como Real ID Act de 2005. Recientemente, el DMV anunció formalmente que compartirá valiosa información personal de todos los actuales titulares de licencias de conducir estatales con una entidad nacional.
Entre los conductores afectados por esta drástica medida gubernamental se encuentran millones de inmigrantes indocumentados. Las autoridades estatales explicaron detalladamente que esta transferencia masiva de datos se realiza en respuesta directa a la obligación impuesta por la ley federal. El Gobierno federal advirtió severamente al estado que, de no cumplir, las licencias californianas dejarían de ser aceptadas como documentos de identificación válidos. Esto afectaría gravemente a los ciudadanos al intentar ingresar a aeropuertos comerciales o edificios federales en Estados Unidos.
Esta alarmante situación expone súbitamente a más de 1 millón de personas vulnerables al terrible riesgo de una posible deportación. El inesperado anuncio ha encendido un intenso debate en todo el estado. Múltiples organizaciones civiles de defensa de derechos migratorios han salido a denunciar públicamente lo que consideran una flagrante ruptura de la confidencialidad. Según reportaron algunos medios, esta es una promesa legal que el estado hizo hace más de una década.
¿Cómo funciona la transferencia y el sistema de datos?
La controvertida medida estatal implica que el DMV planea transferir electrónicamente la información de todos los titulares de licencias a un sistema nacional. Este enorme sistema digitalizado se conoce técnicamente como State-to-State Verification. Dicha plataforma informática es administrada y gestionada enteramente por la American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA). Esta entidad es básicamente una organización nacional sin fines de lucro que coordina estrechamente a las diversas agencias estatales de tránsito de todo el país.
Este sistema nacional guarda permanentemente en sus servidores los últimos cinco dígitos del número de Seguro Social de cada conductor registrado. El verdadero y grave problema surge cuando una persona, como un inmigrante indocumentado, no cuenta legalmente con ese número federal. En estos casos específicos, el sistema de la AAMVA registra automáticamente el código “99999″ como un marcador digital. Este peculiar número marcador permite inferir y descubrir muy fácilmente el estatus migratorio irregular del titular de la licencia.
Las autoridades del DMV y del Gobierno explicaron que la inclusión obligatoria de California en esta plataforma nacional es absolutamente necesaria. Según el director ejecutivo de la AAMVA, el sistema posee reglas de seguridad muy claras. Asegura que solo los empleados estatales debidamente autorizados pueden consultar legalmente el sistema, y afirman que las búsquedas masivas están totalmente prohibidas. Cada acceso requiere obligatoriamente ingresar datos muy específicos del ciudadano, como el nombre completo y la fecha exacta de nacimiento.
¿Por qué se considera una traición?
El delicado tema provocó un enorme debate público porque la ley estatal AB 60 garantizaba absoluta privacidad. Esta ley, vigente exitosamente desde el año 2013, habilitó oficialmente a los inmigrantes sin autorización federal a tramitar licencias para conducir. El Gobierno estatal hizo el compromiso solemne de no utilizar jamás esa información para determinar la ciudadanía de la persona. Además, prometió legalmente no compartir esos datos confidenciales con agencias externas para otros fines investigativos.
La aterradora posibilidad de que toda la información personal termine almacenada en una gigantesca base de datos nacional, fuera del control jurisdiccional de California, disparó profundas preocupaciones. Ed Hasbrouck, representante de The Identity Project, una organización de defensa de la privacidad digital, explicó la gravedad del asunto a CalMatters. “Una vez que estos datos privados se cargan en la AAMVA, salen completamente del control de California, sin importar las buenas intenciones o las fuertes protestas que haga el estado”, advirtió Hasbrouck.
Organizaciones como Oakland Privacy consideraron firmemente la decisión como una ruptura total del compromiso asumido con los titulares de las licencias migrantes. Tracy Rosenberg, referente de Oakland Privacy, planteó el problema: “No sabemos cuán intenso será el peligro que afrontan estas personas, pero les prometimos que esto nunca pasaría, y está ocurriendo. Es una traición directa”. El DMV necesita ahora que la Legislatura estatal apruebe un presupuesto de 55 millones de dólares para poder implementar esta costosa integración al sistema nacional.
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