Un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos dictó el miércoles una decisión unánime que representa un duro golpe legal para el estado de California. El tribunal bloqueó temporalmente la aplicación de dos medidas estatales dirigidas específicamente a limitar las acciones de los agentes federales de inmigración. Estas eran la obligación de portar identificación visible en todo momento y la prohibición de cubrirse el rostro con máscaras durante los operativos callejeros.
El fallo judicial responde directamente a una intensa demanda interpuesta por la actual Administración del presidente Donald Trump. Además, el argumento central del Gobierno federal sostiene que un estado individual no tiene la autoridad constitucional para dictar cómo deben actuar o vestirse los funcionarios de agencias federales mientras cumplen sus funciones oficiales. Por lo tanto, esta decisión paraliza uno de los intentos más agresivos de California por frenar las estrictas tácticas de aplicación migratoria en su territorio.
Las controvertidas normas cuestionadas formaban parte integral de un paquete legislativo promulgado en otoño de 2025 por el gobernador demócrata Gavin Newsom. Por un lado, la ley exigía que los agentes de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mostraran claramente su nombre o número de placa. Por otro lado, limitaba estrictamente el uso de máscaras o cubrebocas. Sin embargo, permitía el uso en circunstancias muy específicas como operaciones encubiertas autorizadas o estrictas razones de salud.
¿Cuál fue el razonamiento legal del tribunal?
El panel de tres jueces consideró unánimemente que las disposiciones estatales invaden inconstitucionalmente el ámbito exclusivo del Gobierno federal. Además, en la opinión oficial redactada por el juez Mark J. Bennett, se establece de manera clara que “si una ley estatal regula directamente la conducta de Estados Unidos, es nula independientemente de si las actividades reguladas son esenciales para las funciones federales”.
La resolución judicial gira fundamentalmente en torno a la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos. Esta establece la absoluta primacía de la ley federal sobre las leyes estatales. Por otra parte, el tribunal concluyó que la legislación californiana “intenta regular directamente a Estados Unidos en el desempeño de funciones gubernamentales”. Bajo este estricto principio de supremacía, el panel determinó que no era necesario examinar otros argumentos presentados por el estado. Esto incluye aquellos relacionados con la seguridad pública ciudadana.
El análisis del tribunal señala que, si bien los estados tienen derecho a imponer reglas aplicables a cualquier ciudadano común, no pueden intervenir en actividades que son propias y exclusivas del Gobierno federal. En concreto, este es el caso de la ejecución de operativos migratorios. Además, la ley californiana, concluyeron los jueces, se dirigía de manera específica e intencional a obstaculizar la labor de las agencias y oficiales de seguridad nacional.
¿Qué argumentó el Gobierno federal y cómo reaccionó?
La Administración Trump había llevado este caso a los tribunales federales en noviembre argumentando fuertemente que las medidas estatales exponían a sus agentes a riesgos completamente innecesarios. Según los abogados del Departamento de Justicia, obligar a los oficiales a identificarse por nombre o impedirles cubrirse el rostro en operativos masivos facilitaba el acoso público, el peligroso “doxing” (publicación de datos personales en línea) y las amenazas directas contra ellos y sus familias.
Tras conocerse la decisión del Noveno Circuito, el fiscal general interino de la nación, Todd Blanche, celebró el resultado calificándolo de justo y necesario. Asimismo, Blanche afirmó públicamente que el Departamento de Justicia mantendrá siempre un “apoyo total e inquebrantable” a todos los agentes que “arriesgan sus vidas todos los días para hacer cumplir las leyes migratorias” en el país.
Otros funcionarios de alto rango también calificaron la resolución como una victoria muy relevante. Bill Essayli, el primer asistente del fiscal federal en el estado de California, no ocultó su satisfacción. Además, describió el fallo en sus redes sociales como una “enorme victoria legal” para las fuerzas del orden y la integridad de las instituciones federales.
¿Cuál es la postura de California y qué pasará ahora?
Por su parte, los abogados representantes de California argumentaron sin éxito que las reglas de identificación y no ocultamiento del rostro reducían significativamente el riesgo de enfrentamientos armados o errores de identidad en el terreno. En un escrito presentado ante la corte, el estado advirtió que la presencia de agentes fuertemente armados y no identificados crea el “riesgo serio de daño tanto para los oficiales como para el público”. En consecuencia, dijeron que esto erosiona la confianza comunitaria en las autoridades.
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El fiscal general de California, el demócrata Rob Bonta, señaló a través de un comunicado que su oficina se encuentra revisando detalladamente la orden judicial. Además, añadió: “El gobierno de Trump se ha salido ampliamente de los límites de la práctica normal, desplegando a agentes enmascarados y sin identificación para llevar a cabo operativos de inmigración, pese a los riesgos que estas tácticas suponen para la seguridad pública”, indicó Bonta.
El litigio seguramente escalará durante los próximos meses. El estado de California tiene ahora la opción legal de solicitar una revisión “en banc” (ante el pleno completo de jueces) del Noveno Circuito. También puede llevar el caso directamente hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Mientras tanto, con este fallo en vigor, las controvertidas prohibiciones sobre el uso de máscaras y la exigencia de placas quedan totalmente sin efecto.
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