Al menos 15,000 inmigrantes en Estados Unidos enfrentan la pérdida de protecciones migratorias y acceso a la Green Card a partir del 14 de enero de 2026, debido a la cancelación del Programa de Reunificación Familiar (FRP) ordenada por la administración Trump. Por lo tanto, esta medida afecta a familiares directos de ciudadanos o residentes permanentes que esperaban visas tras años de trámites legales. Además, una demanda colectiva en la Corte de Distrito de Massachusetts busca bloquearla, argumentando daños irreparables como separaciones familiares y pérdidas económicas.
¿Cuál es el origen de la amenaza?
De hecho, el 15 de diciembre de 2025, el gobierno federal publicó en el Registro Federal la terminación del FRP, un mecanismo temporal para reunificación que otorgaba permisos de trabajo y diferimiento de deportación. En consecuencia, beneficiarios muchos con más de una década en listas pierden estatus legal abruptamente, reviviendo temores de 2025 cuando se cancelaron paroles para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Por otro lado, la decisión responde a la agenda de reducción migratoria de Trump, priorizando deportaciones sobre procesos humanitarios.
Esta política impacta a comunidades salvadoreñas, cubanas y centroamericanas, conectando con el “efecto Trump” de autodeportaciones previas.
¿Quiénes están en riesgo?
Primero, solicitantes de Green Card en fase final vía reunificación: padres, cónyuges e hijos de green card holders o ciudadanos que cumplieron requisitos pero aguardaban cupos de visa. Por ejemplo, personas como “Alejandro Doe” vendieron propiedades y dejaron empleos confiando en el programa. Además, familias mixtas pierden autorizaciones de empleo, exponiéndolas a ICE. No obstante, la demanda de Justice Action Center y Human Rights First pide medida cautelar para 15,000 afectados directos.
En resumen, el limbo legal amenaza estabilidad para unos 1.1 millones en programas similares.
Detalles del proceso judicial
Al presentar la demanda “Svitlana Doe v. Noem”, demandantes solicitan incorporar el FRP a litigios previos contra terminaciones de parole. Luego, un fallo temporal podría extender protecciones hasta resolver cupos de visa. Cabe destacar que Esther Sung, de Justice Action Center, enfatiza: “Cumplieron cada paso exigido por el gobierno”. Así, audiencias iniciales están programadas para febrero 2026, mientras afectados preparan apelaciones.
Organizaciones urgen no viajar ni cambiar direcciones.
Reacciones y próximos pasos
Mientras activistas llaman “cruel retroceso”, la administración defiende “control migratorio ordenado”. Por añadidura, estados santuario como California ofrecen apoyo legal pro bono. Finalmente, si la demanda falla, 15,000 enfrentan deportación prioritaria, exacerbando el éxodo de 2025.
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Los afectados deben contactar Justice Action Center o 1-800-375-5283 para asistencia. Esta crisis subraya la volatilidad migratoria en 2026: de la esperanza legal al temor repentino. (498 palabras).
