El presidente Donald Trump enfrenta un nuevo revés legal tras un fallo emitido el 1 de septiembre de 2025 por un juez federal en California, quien determinó que violó la ley al desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles para sofocar protestas contra sus políticas migratorias. La decisión, dictada por el juez Charles Breyer en San Francisco, marca un hito en las tensiones entre la administración federal y las autoridades locales, en un contexto de creciente controversia sobre el uso de fuerzas militares en suelo estadounidense.
Un despliegue polémico en Los Ángeles
En junio de 2025, Trump envió 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles. Esto ocurrió después de grandes protestas. Las protestas fueron por redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En Los Ángeles, casi el 48% de los residentes son hispanos. Las manifestaciones incluyeron más de 300 arrestos y el cierre de autopistas. La administración las consideró un riesgo para la seguridad de los agentes federales. Sin embargo, el juez Breyer dictaminó que este despliegue violó la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe el uso de militares para tareas de aplicación de leyes domésticas sin autorización del Congreso.
Por lo tanto, el fallo representa un desafío directo a las tácticas de Trump. Aunque el juez no ordenó la retirada inmediata de las tropas restantes, estipuló que su decisión entrará en vigor el 5 de septiembre, dando tiempo a la administración para apelar. El despliegue incluyó soldados que establecieron perímetros y bloqueos de tráfico. El gobernador Gavin Newsom lo criticó. Lo llamó “ilegal e inmoral” en una publicación en redes sociales.
Oposición de California y críticas al uso de la fuerza
La intervención militar en Los Ángeles causó tensiones con las autoridades estatales. Estas estaban lideradas por Newsom y la alcaldesa Karen Bass. Ellos argumentaron que las protestas eran en su mayoría pacíficas. También dijeron que la policía local tenía la situación controlada. California presentó una demanda en junio, alegando que el uso de la Guardia Nacional, federalizada bajo la autoridad de Trump, excedía los límites legales y violaba la soberanía estatal. “DONALD TRUMP PIERDE DE NUEVO. Su militarización de nuestras calles es ILEGAL”, escribió Newsom, celebrando el fallo de Breyer.
Además, el caso ha reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial. El despliegue en Los Ángeles fue el primero en que un presidente activó la Guardia Nacional sin el permiso del gobernador. Esto no sucedía desde 1965. En ese año, Lyndon B. Johnson envió tropas para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama, según el Brennan Center for Justice. Los abogados de Trump defendieron la acción, argumentando que las tropas solo protegían instalaciones federales, pero Breyer desestimó esta justificación, señalando que las acciones, como el control de multitudes, cruzaron la línea hacia la aplicación de leyes civiles.
Implicaciones nacionales y planes de Trump
El fallo llega en un momento en que Trump ha amenazado con enviar la Guardia Nacional a otras ciudades lideradas por demócratas, como Chicago, Baltimore y Nueva York, para abordar lo que describe como problemas de crimen. En agosto, el presidente desplegó tropas en Washington D.C., colocando a la policía local bajo mando federal, una medida que generó críticas similares por parte de líderes locales. El juez Breyer advirtió que estas acciones podrían sentar un precedente para crear una “policía nacional” bajo el control presidencial, un escenario que preocupa a defensores de los derechos civiles.
Pese a todo, la administración Trump ha indicado que apelará el fallo, lo que podría llevar el caso a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito o incluso al Supremo. Mientras tanto, la presencia de 300 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles continúa, aunque con restricciones sobre sus funciones. La decisión de Breyer no afecta a los marines, que fueron retirados en julio tras críticas similares. En un contexto de tensiones políticas, el caso subraya el choque entre las políticas migratorias de Trump y las ciudades santuario como Los Ángeles, donde la comunidad latina enfrenta un clima de incertidumbre.
