El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que cambia el estatus federal de la marihuana y la reclasifica como una droga menos peligrosa. La decisión no legaliza el consumo, pero sí modifica la forma en que el gobierno trata al cannabis y abre la puerta a más investigación médica y cambios económicos importantes para la industria.
En su orden, Trump afirmó que su objetivo consiste en “aumentar la investigación sobre la marihuana medicinal y el CBD” para que médicos y pacientes cuenten con mejor información sobre riesgos y beneficios, especialmente en grupos vulnerables y enfermedades específicas.
De la Lista I a una categoría más flexible
Hasta ahora, el gobierno federal ubicaba la marihuana en la Lista I, junto a sustancias como la heroína y el LSD. Esa clasificación implica, en teoría, un alto potencial de abuso y ningún uso médico aceptado.
Sin embargo, la realidad del país cambió mucho. Decenas de estados aprobaron programas de cannabis medicinal y varios también legalizaron su uso recreativo, lo que creó una tensión constante entre las leyes estatales y la regulación federal.
Con la nueva orden, la marihuana pasa a una categoría menos restrictiva dentro del esquema de sustancias controladas. Ese movimiento reduce trabas burocráticas para investigar sus efectos terapéuticos y su impacto en la salud pública.
¿Qué cambia con la reclasificación?
Trump dejó claro que la medida no equivale a despenalizar ni legalizar el cannabis a nivel nacional. Las leyes federales contra el tráfico siguen vigentes y cada estado mantiene autoridad sobre el consumo recreativo.
No obstante, el cambio abre varias puertas:
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Los científicos podrán acceder con mayor facilidad a producto regulado para estudios clínicos.
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Los reguladores tendrán más margen para evaluar usos médicos concretos.
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Los bancos y empresas podrían operar con un entorno algo menos hostil, sobre todo en el plano fiscal.
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Expertos señalan que una reclasificación puede aliviar ciertos impuestos punitivos que hoy afectan a dispensarios y cultivadores, ya que el sistema tributario trata de manera distinta a las actividades relacionadas con sustancias de menor control.
Intentos anteriores y comparación con Biden
Gobiernos anteriores ya evaluaron mover la marihuana a una categoría menos estricta. Bajo la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Justicia propuso reclasificarla como sustancia de la Lista III, lo que habría reconocido un uso médico aceptado con controles moderados.
Trump retoma esa línea, pero enfrenta una resistencia más fuerte dentro de su propio partido. Mientras Biden contó con respaldo público de buena parte de la bancada demócrata, el presidente actual se topa con sectores republicanos que rechazan cualquier cambio y piden mantener la mano dura.
Aun así, Trump aseguró que recibe “llamadas de personas que sufren dolor” y que piden más acceso a tratamientos basados en cannabis o CBD. Según él, la decisión responde a esa presión social y al interés de cerrar la brecha entre el uso real del producto y el conocimiento científico disponible.
La oposición conservadora a la medida
Más de 20 senadores republicanos firmaron este año una carta que pide mantener la marihuana en la Lista I. El documento, liderado por el senador Ted Budd, de Carolina del Norte, argumenta que el cannabis sigue siendo peligroso y que un cambio “socavaría los esfuerzos para hacer a Estados Unidos grande de nuevo”.
Estos legisladores sostienen que el consumo afecta la salud física y mental, y que aumenta los riesgos en carretera y en los centros de trabajo. Además, vinculan la expansión del mercado con “actores malintencionados”, como China, a la que acusan de participar en la cadena de producción y distribución de derivados.
El bloque conservador teme que la reclasificación envíe un mensaje equivocado, normalice el consumo y alimente un sector económico que, a su juicio, todavía no demuestra beneficios claros para la sociedad.
Próximos pasos y debate en los estados
La orden ejecutiva no cierra el debate. El cambio de categoría requiere un proceso administrativo con participación de agencias como la DEA y la FDA, además de periodos de comentarios públicos. En ese tramo, organizaciones médicas, grupos de pacientes, empresas del sector y activistas contra las drogas presentarán argumentos a favor y en contra.
Trump, por su parte, evita comprometerse con una despenalización nacional. En el pasado dijo que el tema debe seguir en manos de los estados y repite que su prioridad consiste en “proteger a la juventud” y mantener el orden.
Mientras avanza la discusión federal, los estados que ya legalizaron la marihuana observan la reclasificación como un posible alivio para la industria local. Otros, en cambio, podrían utilizar el debate para endurecer sus propias normas o frenar la apertura en curso.
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En cualquier caso, la decisión del presidente marca un giro relevante en la política de drogas del país y coloca al cannabis en el centro de una discusión que mezcla ciencia, salud pública, política criminal y economía.
