Un grupo de jueces de inmigración federales en Estados Unidos ha denunciado despidos masivos bajo la administración del presidente Donald Trump, alegando discriminación por género y origen étnico. Desde enero de 2025, más de 50 magistrados han sido cesados, según la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, en medio de un aumento de deportaciones que ha tensionado los tribunales de inmigración. Los jueces, respaldados por acciones legales y una campaña pública, califican los despidos como arbitrarios y un ataque al estado de derecho, mientras la Casa Blanca defiende la aplicación estricta de las leyes migratorias.
Despidos en masa en tribunales de inmigración
La ola de ceses comenzó tras la toma de posesión de Trump en enero de 2025, afectando a jueces en estados como Massachusetts, Illinois, Ohio, Texas, Nueva York y California. Un correo electrónico revisado por NPR, enviado por la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR), informó a los afectados. El Fiscal General decidió no extender sus mandatos ni hacerlos permanentes. Esto se basa en el Artículo II de la Constitución. Desde entonces, 106 jueces han dejado el sistema. Esto fue por despidos, renuncias o jubilaciones anticipadas, según el sindicato. Esto ha creado un déficit crítico en un sistema que procesó 1.8 millones de casos en 2024, según el Departamento de Justicia.
Por su parte, los jueces despedidos denuncian un patrón discriminatorio. Carla Espinoza, jueza en Chicago desde 2023, fue notificada de su cese mientras emitía un veredicto, tras completar su período de prueba de dos años. “Es evidente que están apuntando a mujeres y personas con apellidos latinos”, afirmó Espinoza, quien supervisó 1,500 casos en 2024, muchos resueltos a favor de inmigrantes. George Pappas fue despedido en Boston después de manejar 2,000 casos. Él llamó a su despido “injusto” y un “ataque al estado de derecho”. Pappas mencionó decisiones en casos importantes como posible razón para su despido.
Acusaciones de discriminación y represalias
Los jueces alegan que los despidos están vinculados a decisiones que contrariaron las políticas migratorias de Trump, como liberar a inmigrantes que enfrentaban deportación. Espinoza señaló que el 60% de los despedidos son mujeres o latinos. Esto es según datos del sindicato. Además, un juez en Nueva York reportó que su despido siguió a una visita al tribunal del senador demócrata Chuck Schumer, lo que sugiere represalias políticas. En 2024, el sistema de inmigración procesó 700,000 deportaciones, un aumento del 25% respecto a 2023, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Sin embargo, la EOIR niega cualquier presión indebida. En un comunicado, la oficina afirmó: “La administración Trump hace cumplir enérgicamente las leyes migratorias, asegurándose de que los jueces se adhieran a la ley sin ejercer presión sobre sus fallos”. La declaración llega tras la aprobación en diciembre de 2024 de un presupuesto de 3,200 millones de dólares para el Departamento de Justicia, que incluye fondos para contratar más jueces de inmigración, aunque no ha evitado la salida de personal experimentado.
Respuesta de los jueces y la comunidad
Pese a todo, los jueces despedidos han intensificado sus esfuerzos legales. El sindicato presentó una demanda colectiva en un tribunal federal de Virginia, acusando al gobierno de violar la Ley de Servicio Civil por despidos sin causa justificada. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también respaldó a los magistrados, argumentando que los ceses debilitan la independencia judicial. En Chicago, una protesta frente al tribunal de inmigración reunió a 200 personas el 28 de julio, exigiendo la reincorporación de Espinoza y otros. “Estos jueces son esenciales para garantizar juicios justos”, dijo María Torres, organizadora comunitaria.
Además, el impacto de los despidos preocupa a expertos. Un informe de la Universidad de Syracuse señala que los tribunales de inmigración enfrentan un retraso de 3.1 millones de casos, el mayor en una década. La salida de jueces experimentados podría extender los tiempos de espera, que promedian 4 años por caso, según el Transactional Records Access Clearinghouse. Mientras los jueces piensan en apelaciones y el Congreso habla de reformas migratorias, la controversia muestra las tensiones. Estas tensiones están entre las políticas de deportación de Trump y la independencia judicial. Esto tiene implicaciones para miles de inmigrantes que buscan asilo en EE.UU.
