El Gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una nueva batalla judicial tras ser acusado de implementar un sistema de “vigilancia ideológica” en redes sociales dirigido a inmigrantes con visado en Estados Unidos. Tres de los principales sindicatos del país —Trabajadores del Automóvil Unidos (UAW), Trabajadores de Comunicaciones de América (CWA) y Federación Americana de Profesores (AFT)— presentaron una demanda alegando que el uso de inteligencia artificial (IA) por parte de las agencias federales viola derechos constitucionales.
La acción legal fue interpuesta este jueves en un tribunal de Nueva York contra los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional (DHS), instituciones encargadas del programa de monitoreo digital. Los sindicatos sostienen que el sistema basado en IA rastrea y analiza publicaciones en redes sociales con el fin de identificar y sancionar a quienes expresen opiniones contrarias a las políticas de la administración Trump.
La demanda sindical contra el programa de monitoreo
La Electronic Frontier Foundation (EFF), organización que defiende los derechos digitales y representa a los sindicatos en el caso, denunció que el programa de seguimiento en línea “viola la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, así como la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula los límites del poder ejecutivo”.
Según la demanda, el uso de algoritmos de evaluación política permite al gobierno analizar en tiempo real conversaciones, fotografías y publicaciones personales de inmigrantes y trabajadores con visado. “Usando IA y otras tecnologías de automatización, el programa vigila las cuentas de redes sociales de personas con visados para identificar y castigar a los que expresan opiniones que al Gobierno no le gustan”, sostiene el documento judicial.
Los sindicatos afirman que este tipo de vigilancia no solo busca controlar la narrativa pública sobre inmigración, sino también intimidar a comunidades laborales y disuadir su participación en actividades sindicales y políticas.
Efecto disuasorio y miedo a expresarse
La EFF advierte que las herramientas de inteligencia artificial empleadas por el Gobierno “permiten analizar datos a una escala que nunca fue posible solo con la revisión humana”. Lisa Femia, abogada de la organización, calificó la práctica como “un espionaje masivo con consecuencias preocupantes para la libertad de expresión”.
El documento presentado ante el tribunal también denuncia que este monitoreo sistemático ha generado un “efecto de autocensura” entre los inmigrantes. Una encuesta incluida en la demanda revela que el 80% de los miembros del UAW con visado laboral modificó su comportamiento en redes sociales, evitando publicar opiniones o compartir contenidos políticos por temor a perder su estatus migratorio. En el caso del sindicato CWA, la cifra fue del 40%.
Además, los demandantes sostienen que la vigilancia digital socava la capacidad de las organizaciones sindicales para comunicarse libremente con sus miembros. En palabras de la abogada Femia, “la escala de este espionaje viene acompañada de un efecto igualmente masivo y aterrador sobre la libertad de expresión, dentro y fuera de Estados Unidos”.
La defensa del Gobierno y el contexto político
Aunque la Casa Blanca no ha comentado oficialmente la demanda, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional defendieron en semanas previas la necesidad de “usar tecnologías avanzadas para garantizar la seguridad nacional”. Según fuentes del DHS, los programas de IA ayudan a detectar riesgos potenciales y prevenir amenazas terroristas o de desinformación en línea.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles acusan al Gobierno de extender esos mecanismos más allá de su propósito original. En su opinión, las políticas de seguridad digital se transformaron en una herramienta política de vigilancia selectiva, utilizada principalmente contra inmigrantes, activistas y sindicalistas.
La controversia surge en un momento en que el presidente Trump refuerza su política migratoria con nuevas medidas de control y deportación. En los últimos meses, su administración ha ampliado la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para vigilar grupos organizados en línea, especialmente aquellos que defienden los derechos de trabajadores extranjeros.
Un precedente en la era de la inteligencia artificial
Esta es la primera demanda en Estados Unidos que acusa al gobierno federal de realizar vigilancia ideológica mediante inteligencia artificial. De prosperar, podría establecer límites legales sobre el uso de sistemas automatizados en la recopilación de datos personales por parte de las agencias de seguridad.
Los sindicatos y la EFF confían en que el tribunal ordene la suspensión inmediata del programa. Además, piden que se declare inconstitucional cualquier sistema estatal que analice la actividad en redes sociales de personas bajo criterios políticos o ideológicos. Para sus abogados, este caso podría definir el futuro del debate sobre la privacidad digital y la libertad de expresión en tiempos de automatización gubernamental.
