El impulso del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento enfrentó este miércoles un escenario adverso en la Corte Suprema. Durante más de dos horas de intensos alegatos orales, los jueces, tanto progresistas como conservadores, plantearon preguntas muy difíciles sobre el intento de redefinir un derecho fundamental que ha estado vigente en Estados Unidos por más de un siglo.
El propio presidente Trump asistió sorpresivamente a la audiencia durante aproximadamente 75 minutos, un hecho histórico sin precedentes para un mandatario en funciones. Sin embargo, su presencia no pareció influir en absoluto sobre los magistrados. El abogado del gobierno federal, el procurador general D. John Sauer, tuvo enormes dificultades para defender la orden ejecutiva que busca excluir de la ciudadanía a los hijos nacidos de inmigrantes indocumentados en suelo estadounidense.
Si la decisión final refleja el fuerte escepticismo mostrado durante estos alegatos, marcará otra gran derrota política para la actual administración. Cabe recordar que tres de los nueve jueces de este tribunal conservador fueron nombrados por el propio Trump. Según los expertos legales, el tribunal parece inclinarse a rechazar este drástico y polémico cambio a la interpretación histórica de la 14.ª Enmienda constitucional.
¿Qué cuestionaron los jueces sobre la 14.ª Enmienda?
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, inició el interrogatorio cuestionando duramente la lógica del gobierno. Sauer argumentó que la orden ejecutiva pretende frenar el “turismo de parto”, afirmando que vivimos en un “mundo nuevo” donde millones pueden viajar fácilmente para tener hijos en el país. “Bueno, es un mundo nuevo, pero es la misma Constitución”, replicó Roberts de manera contundente, dudando que los redactores de la enmienda previeran tal exclusión.
La jueza progresista Elena Kagan acusó al procurador general de basarse en “fuentes bastante oscuras” para sostener sus inusuales argumentos históricos. Por su parte, la jueza conservadora Amy Coney Barrett, designada por Trump, cuestionó cómo la teoría del gobierno sobre la lealtad de los padres inmigrantes se habría aplicado a los hijos de esclavos recién liberados en el siglo XIX. Según Barrett, aplicar esas excepciones habría dejado a miles de personas sin patria.
El juez Neil Gorsuch presionó a Sauer sobre el concepto histórico de “domicilio” y si las actuales restricciones de inmigración tendrían algún sentido bajo las leyes del siglo XIX. Sauer intentó sugerir que en aquella época la presencia de los esclavos nunca fue tratada como ilegal, pero los magistrados no parecieron convencidos de que estas antiguas interpretaciones justifiquen la actual negación masiva de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las familias migrantes.
¿El caso se resolverá por la Constitución o por la ley?
Varios jueces conservadores, incluidos Gorsuch y Brett Kavanaugh, sugirieron una posible “vía de escape” legal. Ellos plantearon que el caso podría resolverse basándose únicamente en las leyes federales aprobadas por el Congreso, sin necesidad de emitir un fallo constitucional definitivo. Según Kavanaugh, si el Congreso en el siglo XX hubiera querido excluir a los hijos de indocumentados, no habría utilizado exactamente el mismo lenguaje que la 14.ª Enmienda original.
Kavanaugh cuestionó directamente a Sauer: “¿Por qué repite el mismo lenguaje en lugar de elegir algo diferente si quiere eliminar la ambigüedad?”. Gorsuch pareció ofrecer sutilmente a la administración perder el caso basándose en la ley (estatuto) en lugar de la Constitución. Esto permitiría al gobierno de Trump intentar cambiar la ley migratoria en el Congreso en el futuro, en lugar de enfrentar una derrota constitucional permanente e irreversible.
Sin embargo, Sauer rechazó sorpresivamente esta limitada oferta de derrota. Afirmó que, para el actual gobierno federal, “el estatuto y la Constitución significan exactamente lo mismo”. Esta firme postura del procurador obliga efectivamente a los nueve magistrados a tomar una decisión constitucional de fondo, lo que podría sentar un precedente histórico inamovible sobre el derecho de la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos.
¿Qué defendieron los abogados de los inmigrantes?
El turno de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) demostró que sus argumentos contaban con una mejor recepción en el estrado. Cecillia Wang, la abogada que representa a los inmigrantes afectados, defendió la tradición nacional ininterrumpida. “Pregúntele a cualquier estadounidense cuál es nuestra regla de ciudadanía y le dirán: todos los nacidos aquí son ciudadanos por igual”, declaró Wang con firmeza durante su exposición.
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A pesar de la evidente simpatía de la corte, Wang también enfrentó preguntas difíciles sobre el precedente histórico de US v. Wong Kim Ark. El gobierno argumentó que ese antiguo fallo enfatizaba que una persona debía estar “domiciliada” (con intención de vivir permanentemente) para obtener la ciudadanía. Roberts le recordó a Wang que la palabra “domicilio” aparece 20 veces en esa opinión judicial, obligándola a defender por qué no debería aplicarse este estricto requisito a los actuales indocumentados.
El impacto práctico de la política de Trump apenas fue discutido por los jueces conservadores. Solo la jueza Ketanji Brown Jackson preguntó sobre la caótica mecánica de exigir documentos probatorios en las salas de parto de los hospitales. Según estimaciones, si la orden entrara en vigor, aproximadamente 255,000 niños nacidos anualmente en Estados Unidos quedarían sin patria, afectando enormemente a la comunidad hispana y a beneficiarios de programas como DACA.
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