La Corte Suprema de Estados Unidos definirá esta semana si el gobierno del presidente Donald Trump puede restringir la ciudadanía automática por nacimiento. Este caso pone a prueba la Constitución. El tribunal escuchará argumentos este 1 de abril sobre la legalidad de una orden firmada por Trump en enero de 2025. Dicha orden busca negar ese derecho a los hijos de inmigrantes indocumentados o con permisos temporales. Finalmente, la decisión podría cambiar para siempre el sistema migratorio del país.
¿Qué dice la ley y cuál es la disputa?
Todo el debate gira en torno a una frase de la Decimocuarta Enmienda. Esta dice que son ciudadanos todas las personas nacidas en el país y “sujetas a su jurisdicción”. Para el gobierno de Trump, esa cláusula no incluye a los hijos de personas que están en el país sin autorización. Argumentan que no tienen un vínculo de lealtad política plena con Estados Unidos.
En cambio, organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) sostienen que la Enmienda es clara. Garantiza la ciudadanía a casi todos los nacidos en territorio nacional, sin importar el estatus de los padres. Afirman que la única excepción histórica aplica a hijos de diplomáticos o fuerzas extranjeras. Además, cualquier cambio requeriría una reforma constitucional, no solo un decreto.
Para la comunidad latina, esto no es solo un debate legal, sino una preocupación directa. Muchos hogares tienen estatus mixto, donde los padres no tienen documentos pero los hijos sí. Un cambio en la ley generaría un estado de incertidumbre para futuras generaciones.
¿Qué pasó en el caso Wong Kim Ark?
Este debate tiene un antecedente fundamental. En 1898, la Corte Suprema resolvió el caso United States vs. Wong Kim Ark. A este hombre, nacido en Estados Unidos de padres chinos, se le había negado el ingreso al país tras un viaje al extranjero. El argumento era que sus padres no eran ciudadanos.
La Corte dictaminó que la enmienda sí otorgaba la ciudadanía por nacimiento (principio de jus soli), sin importar el estatus legal o la nacionalidad de los padres. Desde entonces, ese fallo se ha considerado la base de la legislación moderna.
Sin embargo, Trump y sus aliados legales argumentan que ese fallo de hace más de un siglo ha sido mal interpretado. El propio presidente escribió en redes sociales que la ley original se hizo “justo al final de la Guerra Civil” para proteger a los bebés de los esclavos. Afirma que no era para permitir lo que él llama una venta de ciudadanías al resto del mundo.
¿Qué impacto tendría eliminar este derecho?
Aunque la orden de Trump solo aplicaría para nacimientos futuros, el impacto demográfico sería gigante. Se estima que en Estados Unidos nacen cada año unos 250 000 bebés de padres sin estatus legal o con permisos temporales. Si la medida entra en vigor, estos niños ya no serían ciudadanos automáticos. Por tanto, los dejaría en un limbo legal desde el día en que nacen.
Expertos advierten que restringir este derecho podría crear millones de personas apátridas o indocumentadas a largo plazo, consolidando una subclase permanente dentro del país. En lugar de solucionar el problema migratorio, complicaría aún más el sistema, afectando la educación, el empleo y la integración social de una generación entera.
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