La decisión de Donald Trump de enviar agentes de ICE a aeropuertos bajo el pretexto de “ayudar” a la TSA ha sido interpretada por analistas y sindicatos como una movida política más que una medida técnica de seguridad. Esa presencia no solo expone a personas a retrasos y miedo, sino que también cristaliza un enfoque de gobierno. Además, en ese enfoque la política migratoria se impone sobre soluciones funcionales y sobre la seguridad real en el transporte.
¿Qué está haciendo ICE en el aeropuerto?
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se ha quedado corta de personal debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El gobierno de Trump ha vinculado ese cierre a la oposición de los demócratas a reformas migratorias. En vez de reforzar el financiamiento de la TSA, la Casa Blanca desplegó agentes de ICE para que “apoyen” en tareas de control de seguridad en 14 aeropuertos. Sin embargo, estos agentes no tienen el entrenamiento específico para revisar identificaciones. Tampoco saben analizar rayos X de equipaje ni manejar la atención al público en sitios de alta presión.
Funcionarios y exfuncionarios de la TSA han señalado que el personal de ICE carece de la formación necesaria para desempeñar esas funciones delicadas. Según el sindicato de la TSA, los agentes federales están acostumbrados a redadas, detenciones y uso de fuerza. No están preparados para la dinámica de colas, preguntas de pasajeros o manejo de emergencias civiles. Esto ya se reflejó en incidentes de tensión en ciudades como Minneapolis y otros puntos del país.
¿Qué pretende Trump con este despliegue?
La estrategia de Trump va más allá de cubrir el hueco de personal. El presidente tiene un interés político en hacer más visible a ICE, sobre todo en espacios donde la gente ve a la agencia de forma crítica, como el contexto de redadas contra familias o la deportación de padres de niños ciudadanos. Incluso cuando el propio gobierno reconoce que existe un problema de infraestructura y financiamiento, elige resaltar la fuerza policial antes que la inversión en soluciones técnicas.
ProPublica ha documentado que, en los primeros meses de este segundo mandato, las autoridades detuvieron y encarcelaron a padres de al menos 11 000 niños ciudadanos estadounidenses. Esta cifra se aproximaría a más de 50 menores al día por ritmo actual. Muchas de esas personas no tienen antecedentes de delitos violentos, y se incluyen beneficiarios de DACA y personas con otros tipos de protección. Para críticos del gobierno, estas cifras indican que el principal objetivo de la política migratoria de Trump no es la seguridad. Más bien, lo ven como presión política y el discurso de “mano dura”.
Los excesos de ICE
La mayoría de la población estadounidense no respalda el modelo de operaciones de ICE tal como se ha venido aplicando. Una encuesta de CBS News/YouGov reveló que el 54% de los estadounidenses considera que las operaciones de ICE deberían reducirse. Además, crece la percepción de que la agencia ha cruzado la línea entre cumplimiento de la ley y uso desproporcionado de la fuerza.
Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, ha denunciado que el personal de la TSA trabaja sin pago en muchos casos. Explica que se merece un respaldo real, no ser sustituido por “agentes armados y sin formación” que aumentan el riesgo de incidentes en aeropuertos. Para muchos trabajadores de seguridad, el mensaje de Trump es claro: se prefieren símbolos de control migratorio sobre la profesionalización de la TSA.
Además, el cierre parcial del DHS se ha vuelto un campo de batalla político. Trump condiciona la solución a la aprobación del SAVE Act, una ley que, según grupos de derechos de voto, podría privar a 21 millones de ciudadanos del acceso a la urna si se exigen documentaciones imposibles de obtener. Sin embargo, el Senado no ha respaldado ese proyecto. Esto obliga al gobierno a presentar otra alternativa que aún no se concreta.
¿Qué hay detrás del “ensayo” en los aeropuertos?
El exasesor de Trump, Steve Bannon, declaró que la presencia de ICE en aeropuertos actúa como un “ensayo” para la posible presencia de la agencia en centros de votación el 3 de noviembre, en plenas elecciones de medio término. Aunque la subdirectora de Derecho al Voto del Brennan Center for Justice, Eliza Sweren‑Becker, subraya que esa interferencia sería un delito federal, la mera idea alimenta temores de que el poder de la policía migratoria se extienda a la política electoral.
Para analistas, el uso de ICE como “ejército privado” del presidente no se limita a la frontera ni a los barrios. Al enviar agentes sin entrenamiento a aeropuertos y ligar esa presencia a iniciativas electorales, el gobierno de Trump envía un mensaje de que la política migratoria puede invadir cualquier espacio público. Así, se busca generar temor, atención mediática o presión sobre la oposición.
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Para la comunidad latina en Estados Unidos, esa política tiene un peso especial. Ver a agentes de ICE, normalmente asociados con redadas y deportaciones, en un entorno de seguridad civil como el aeropuerto, la estación o el centro de votación, amplifica la sensación de ser visible y vulnerable simplemente por el idioma, la apariencia o el trabajo. Así, la combinación de visibilidad de ICE, debate sobre el SAVE Act y mayor presencia policial en espacios cívicos genera un contexto de incertidumbre que va más allá de la migración y toca el derecho al voto y a la participación política.
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