Un juez federal rechazó frenar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para crear un censo electoral federal y restringir el voto por correo. La decisión significa que la medida puede continuar mientras la administración no haya puesto en marcha las acciones concretas de la norma.
El juez Carl Nichols, designado por Trump y con sede en Washington, determinó que es prematuro bloquear la orden. El tribunal desestimó la petición presentada por grupos demócratas y organizaciones civiles. Estos grupos argumentaban que la medida viola la Constitución al invadir facultades de los estados.
Según la resolución, los demandantes podrán volver a solicitar medidas cautelares si el gobierno concreta acciones que afecten a votantes. Mientras tanto, la batalla judicial continúa en Boston, donde una demanda independiente busca detener temporalmente la orden ejecutiva.
¿Qué orden ejecutiva promueve Trump sobre el voto por correo?
La orden firmada por Trump en marzo contempla la creación de una lista federal de votantes elegibles. El ejecutivo limitaría el envío de boletas postales únicamente a quienes aparezcan en ese registro nacional. Funcionarios electorales y grupos civiles advirtieron que la medida podría generar confusión, exclusiones y abusos administrativos.
Desde las elecciones presidenciales de 2020, Trump ha insistido, sin pruebas, en que el voto por correo favorece el fraude electoral. Diversas auditorías e investigaciones oficiales, incluidas algunas encabezadas por republicanos, concluyeron que no existió fraude generalizado en esos comicios. Aun así, la orden ejecutiva sigue avanzando en su proceso administrativo.
La medida busca centralizar el control federal sobre el registro de votantes. Eso implica que los estados tendrían que ajustarse a un estándar nacional para enviar boletas postales. El cambio podría alterar las reglas electorales federales antes de las elecciones intermedias de este año.
¿Por qué los grupos civiles presentan demandas contra la medida?
Organizaciones civiles y demócratas continúan la disputa legal contra las medidas electorales impulsadas por la administración republicana. Consideran que la iniciativa podría afectar significativamente el acceso al voto por correo. La preocupación es que la nueva regla altere las reglas electorales federales antes de las elecciones intermedias.
Los demandantes argumentaron que la orden viola la Constitución al invadir facultades reservadas a los estados y al Congreso. La Constitución de Estados Unidos otorga a los estados la autoridad para administrar elecciones. La creación de un censo federal podría socializar ese poder en la administración presidencial.
Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), aseguró que las organizaciones civiles están preparadas para retomar la ofensiva legal. La comunidad latina es especialmente vulnerable a restricciones en el voto por correo, pues muchos dependen de esa modalidad para participar.
¿Qué implicaciones tiene para las elecciones de 2026?
Esta decisión podría abrir la puerta a cambios significativos en el sistema electoral estadounidense. La medida avanza mientras la administración no concrete acciones que restrinjan directamente el acceso al voto. El proceso judicial se mantendrá en tensión hasta que se implementen las reglas del censo federal.
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La batalla en Boston es clave para determinar si la orden ejecutiva será suspendida. Una juez federal podría emitir una medida cautelar si considera que el voto por correo está en riesgo inminente. Eso paralizaría la implementación del censo hasta que se resolva el caso.
El impacto real dependerá de cuántos estados se nieguen a cumplir con el censo federal. Los estados con mayor población latina podrían resistir la orden alegando derechos constitucionales. En ese escenario, la Corte Suprema podría decidir el destino final de la medida.
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