El anuncio de una nueva y millonaria recompensa ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro ha encendido un nuevo capítulo de tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó la medida como “grotesca e infame” y acusó a la administración de Donald Trump de violar flagrantemente el derecho internacional.
Este viernes, Saab reaccionó al comunicado emitido por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, quien informó que la cifra por información que lleve a la captura del presidente de Venezuela asciende ahora a 50 millones de dólares, el doble de lo ofrecido en enero pasado. Para el Ministerio Público venezolano, esta acción constituye “una grosera intromisión en los asuntos internos” del país y un atentado contra su soberanía.
Venezuela rechaza la recompensa de EEUU por Maduro
En un pronunciamiento oficial, Saab sostuvo que Estados Unidos “insiste en recurrir a prácticas propias de regímenes coloniales universalmente rechazados desde hace siglos” y denunció el uso del aparato judicial estadounidense como un instrumento de persecución política a escala global. Según el fiscal, la recompensa se enmarca en una “operación de guerra psicológica y propaganda” diseñada para complacer a sectores radicales de la oposición venezolana e influir en el clima político interno.
Fotografía de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez
El funcionario también rechazó lo que calificó como “calumnias” al intentar vincular al jefe de Estado con estructuras criminales y actividades de narcotráfico. “Es un intento desesperado de construir un expediente artificial que no resiste un análisis técnico o jurídico serio”, afirmó. A su juicio, el gobierno venezolano, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, ha mantenido una política firme y sostenida contra el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia transnacional.
Antecedentes de la acusación y reacciones internacionales
Las acusaciones de Washington contra Maduro no son nuevas. En 2020, durante el primer mandato presidencial de Donald Trump, el Departamento de Justicia lo señaló por delitos de narcotráfico y terrorismo. En enero de 2025, ya en su segundo mandato, Trump elevó la recompensa a 25 millones de dólares, cifra que ahora se ha duplicado.
Tras el anuncio de esta nueva medida, el gobierno de Cuba y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, manifestaron su respaldo a Maduro. Desde el exilio venezolano, en cambio, surgieron voces que exigieron “medidas más contundentes” contra el mandatario. Por su parte, la presidenta de México dijo no tener conocimiento del tema.
Fotografía de archivo de la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi. EFE/Jim Lo Scalzo
Fotografía de archivo de la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi. EFE/Jim Lo ScalzoEstados Unidos justifica la recompensa por Maduro
Pam Bondi explicó que la recompensa de 50 millones de dólares es “histórica” y que Maduro representa una de las mayores amenazas para la seguridad de Estados Unidos. Lo acusó de colaborar con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas y fomentar la violencia dentro del territorio estadounidense.
De acuerdo con la fiscal, el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos presuntamente vinculados a Maduro, así como dos aeronaves privadas y nueve vehículos. “Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes”, enfatizó Bondi en su mensaje.
Respuesta del gobierno venezolano
El canciller Yván Gil tachó la recompensa de “patética” y aseguró que se trata de una “burda operación de propaganda política” para distraer la atención de la opinión pública internacional. Incluso la calificó como “la cortina de humo más ridícula” que ha visto en años.
Por su parte, Nicolás Maduro acusó al Gobierno de Trump de financiar una “conspiración fascista” contra su país. En un discurso televisado, llamó a las autoridades civiles y militares a reforzar los planes de seguridad nacional y protección de la paz interna.
Este nuevo episodio profundiza la ya tensa relación entre Caracas y Washington, en un contexto regional marcado por disputas políticas, sanciones económicas y acusaciones cruzadas. Con la recompensa más alta jamás ofrecida contra un jefe de Estado en ejercicio, el escenario entre ambas naciones parece lejos de encontrar un punto de distensión.
